No hay registro del suceso, pero la frase lapidaria quedó para siempre como expresión contumaz de las dictaduras.
Expertos internacionales apuntan hoy a una voz de alerta que parece condenar los esfuerzos por lograr evolución para los pueblos dentro de cauces con libertad, progreso y democracia. Como predestinación fatal: para llegar al poder político omnímodo, precursor del totalitarismo dictatorial, basta que los candidatos cumplan solamente el 10 por ciento de lo que prometen.
El subconsciente susurra a toda hora: miente, engaña, falsea u oculta, incluso entre vítores de la porra y ante la sorpresa de adversarios (reales o imaginarios).
Algo parecido ocurre en México. Cuando era candidato al cargo que hoy ocupa en Palacio Nacional, se comprometió a terminar con la pobreza ancestral de la mayoría de los mexicanos y lograr un crecimiento sostenido para generar empleos y bienestar.
Además, habría que reiterar lo que fue solemne compromiso de campaña: que propiciaría el retorno de las fuerzas armadas a los cuarteles. Pero la propensión por el autoritarismo, reflejado en la frecuente (e innecesaria) exhibición de las fuerzas armadas en el escaparate del poder es, a todas luces, superior a la presunta vocación democrática presidencial del nuevo presidente.
Al inicio de su administración, López Obrador se comprometió a un crecimiento de la economía del cuatro por ciento. Luego no le dio importancia a la caída del Producto Interno Bruto (PIB), porque lo importante es que había bienestar. La misma respuesta dio al comentar la noticia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de que ese año la economía se contraería en 0.1 por ciento. Y no sólo eso: desestimó indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de que en 2019 la economía se contraería 0.1 por ciento. Al igual que desestima hoy las advertencias de financieros y economistas expertos del ámbito internacional.
El “tengo otros datos” quedó inscrito en los muros palaciegos. Al igual que el encasillar en el “neoliberalismo conservador” a cuanto crítico se atreve a señalarle públicamente sus errores y hasta sus abusos.
Desde el principio de su mandato le declaró combate frontal a la corrupción. Para lograr tamaña victoria se proclamó inmune a escandalillos de familia, como el de su hermano Pío (encargado de recolectar “fondos para la causa”) y su prima hermana, Felipa Guadalupe Obrador Olán, quien resultó contratista de Pemex. El ventajoso negocio de doña Felipa terminó cuando su primo, el presidente, aseguró que no estaba enterado del asunto y el jefe de la prima, el director de la otrora bonancible paraestatal, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, simplemente la desconectó, luego de ofrecer una disculpa al presidente de la República.
Otra publicación llamó la atención sobre “la casa de campaña” usada en 2018, en la colonia Roma de la Ciudad de México. La vivienda fue rentada por la empresa Top Real Estate Company, de la que es socio mayoritario José de Jesús Hernández Torres, colaborador del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. La ley siciliana de la omertá (el silencio) cayó sobre el asunto, al fin que la siguiente parada era gratis (y por todo un sexenio) en el Palacio Nacional.
Sobrevino entonces la espectacular visita del lujoso avión presidencial, comprado al final del gobierno de Felpe Calderón Hinojosa y usado durante casi todo el periodo de gobierno por el expresidente Enrique Peña Nieto. La aeronave costó 218.7 millones de dólares. Lleva el nombre de un prócer de la Independencia, “José María Morelos”, por el cual López Obrador ha desarrollado particular y legítima inclinación: llamó “Siervos de la Nación” a una tropilla empleada, por lo menos, durante su campaña electoral en 2018 y posteriormente incorporada a la nómina de la Secretaría y/o del Banco de Bienestar, con tareas que el propio presidente presumió en una de sus conferencias palaciegas: apoyarían en la distribución masiva de vacunas para combatir contagios por el Covid-19.
Alguien pareció darles un codazo a los líderes de la coalición tripartidista PRI-PAN-PRD para sacarlos de su marasmo y advertirles de la trampa electoral que les estaban tendiendo desde MORENA y “los apoyos sociales para el bienestar”, nada menos que en vísperas del proceso electoral “más grande de todos los tiempos”: el de las elecciones del 6 de junio próximo. Pero el ruido no ha llegado (ni llegará) a las nueces.
El vuelo del Morelos
Regresemos al avión usado por Peña Nieto. El anuncio de que sería vendido lo hizo el propio AMLO dos días después de su toma posesión, el 3 de diciembre de 2018. El aparato fue fabricado por la empresa Boeing y es modelo 787-8, el primero de la serie conocida como Dreamliner, que apareció en 2011. A partir de ese año los Dreamliner vuelan en unas mil 900 rutas alrededor del mundo. Peña Nieto recorrió en él cerca de 600 mil kilómetros en 214 vuelos.
Andrés Manuel anunció que la aeronave sería enviada a San Bernardino (California) para su venta, pero algo salió mal. El avión permaneció en un hangar privado del aeropuerto californiano durante poco más de 12 meses, pero ninguno de los 42 clientes presuntamente interesados en la compra (según datos del gobierno) llegó al precio base. Solamente el mantenimiento costó casi dos millones de dólares. Volvió a imponerse la Ley de la Omertá siciliana.
Sobrevino entonces una tragicomedia en torno al avión: que sería rifado, que sería sorteado por la Lotería Nacional, que estaba saliendo muy caro mantenerlo en el hangar californiano, que…
La rifa del avión se denominó Gran Sorteo Especial No. 235, organizado por la Lotería Nacional. Cada “cachito” costaría 500 pesos. La venta de boletos comenzó el 10 de marzo del 2020, y terminó con el sorteo del 15 de septiembre siguiente. Según las cuentas oficiales se otorgarían 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, sin pago de reintegros ni aproximaciones o terminaciones. Con lo obtenido se compraría equipamiento para hospitales (la pandemia de Coronavirus ya estaba desatada). La Lotería Nacional pagó 50 millones de pesos por comisiones a los vendedores y gastó 71 millones más en la organización del sorteo.
¿Qué pasó con la rifa? Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional, informó después del sorteo que de 100 números que resultaron premiados, 42 fueron para empresarios, 13 para la Lotería Nacional, 16 para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cinco para sindicatos y 24 números no pudieron ser vendidos.
El avión fue regresado al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (el comprador original antes de dárselo a Peña Nieto), y Banobras, al parecer, lo tiene arrendado actualmente a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los saldos
Los saldos de la gestión gubernamental de AMLO son negativos, por más que en las llamadas conferencias mañaneras los presenten como triunfos oficiales.
Los delincuentes organizados controlan amplias regiones del país. Las balaceras callejeras, con saldo de muertos y heridos, muchos de ellos civiles inocentes, o policías y guardias armados, están a la orden del día.
Cada vez es más frecuente que, para desviar la atención de otros temas, recurra a actos distractores en sus conferencias en Palacio Nacional. Su “guerra personal” contra “los conservadores del diario Reforma” o la dupla que han formado Carlos Loret de Mola y el cómico Víctor Trujillo, han llegado a ser parte sustancial de sus mecanismos de autodefensa, al igual que inopinadas referencias a personajes de la historia. El más recurrente es Francisco I. Madero.
Una encuesta reciente de la OCDE citó que los mexicanos consideran que, ante la pobre cobertura de los servicios públicos, son tres los principales factores que podrían motivarles un desequilibrio familiar: 1) perder el trabajo, 2) que el sostén de la familia sufra una enfermedad crónica que implique discapacidad laboral y 3) el crimen y la violencia cotidianos. Pero son temas ausentes en el debate.
Guerrero, el INE, la Corte
El presidente se ocupó de crear cajas de resonancia mediática en tres casos de trascendencia creciente. Uno fue la presunta derrota de su amigo, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, cuya candidatura al gobierno de Guerrero fue dos veces rechazada por el Instituto Nacional Electoral, al igual que ocurrió con el candidato de Morena al gobierno de Michoacán, Raúl Morón.
A raíz del caso Salgado Macedonio, el jefe del Ejecutivo decidió reanudar sus cuestionamientos públicos contra el INE. Y algo más: anunció que va a impulsar una reforma que incluya juicios políticos contra el presidente del Consejo de ese organismo, Lorenzo Córdova Vianello, y el también consejero, Ciro Murayama, por haber “puesto en grave riesgo el desempeño de la función electoral”.
Cabe decir que alrededor de una veintena de candidatos de Morena a distintos cargos de elección popular también fueron datos de baja por incumplir la ley.
Transitorio: ¿trampa o ingenuidad?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) siguió en el turno. En este caso aflora una ingenuidad casi infantil, tratándose de dos experimentados políticos: el propio primer mandatario y nada menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Todo por un artículo 13 transitorio, violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución, cuyo origen nadie precisa “salvo que se agregó de última hora” a la reforma judicial propuesta por el jefe del Ejecutivo, que fue aprobada por la mayoría de los senadores. ¿Qué decía ese transitorio? Que prolongaba por dos años más (es decir, de cuatro a seis en total) el mandato constitucional de Lelo de Larrea.
Dos hechos no pueden ni deben ser soslayados: 1) En su conferencia matutina sobre el tema en Palacio Nacional, López Obrador dijo públicamente que estaba de acuerdo con la aprobación de esa reforma en sus términos; y 2) Hasta el martes 21 de abril, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea había guardado estrepitoso silencio sobre la reforma anticonstitucional.
Jueces, constitucionalistas, investigadores de Derecho Constitucional también reprobaron lo que, dijeron, fue un atraco al Estado de derecho.
Celulares: decreto contra robo
Los datos registrados son del portal de la Ciudad de México y corresponden al 2018, año en el que hubo 21 mil 722 robos de celulares, según carpetas de investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Hechas las cuentas de rigor, resulta que en la capital del país se roban en promedio poco más de 60 celulares al día, generalmente con violencia, contra los 39 diarios que se robaron en 2017.
Presuntamente para resolver este problema policiaco, la más reciente ocurrencia gubernamental creó por decreto súbito, en vigor a partir del sábado 17 de abril, un llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Es decir, por venturoso decreto presidencial, protegerán del robo de celulares a 126 millones de usuarios de las líneas de telefonía que operan México. A saber: Telcel, AT&T, Movistar, Unefon, Virgin Mobile, Freedompop, Flash Mobile y Weex.
Bastará tramitar una tarjeta SIM para poder usar el celular. Pero, y el pero es crucial, el usuario debe permitir a la compañía telefónica el registro de datos tan personales como sus huellas dactilares, las facciones de su rostro o el iris de sus ojos. El decreto “autoriza” usar seis meses los servicios de la línea y conservar el número telefónico “sin ningún problema ni restricción” (lo que incluye la compra de la tarjeta).
¿Qué sigue?