La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca hace pensar en una nueva era de gobierno con un cambio importante en el ejercicio del poder, ajeno a caprichos y desplantes
Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca surge la esperanza de una nueva etapa en la agenda migrante. Durante la administración de Donald Trump, la relación con México se construyó sobre la base de constantes presiones, además de las descalificaciones a los migrantes mexicanos, con un discurso de odio y políticas persecutorias. Esta política permitió a Estados Unidos establecer las condiciones para alcanzar la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) bajo las mejores condiciones para nuestro vecino del norte y delinear la política migratoria de nuestro país bajo los criterios dictados por los estadounidenses, haciendo de México el brazo ejecutor de la política de contención de los flujos migratorios y el muro que tanto pregonó Trump.
Con Donald Trump el balance fue favorable para Estados Unidos: logró imponer su agenda bilateral a un gobierno mexicano temeroso de contradecirlo, llegando al grado de tener que rendir cuentas de los avances de las acciones migratorias mexicanas, lo que trajo como consecuencia que dicha agenda sólo contemplara aquellos temas del interés de Trump, como frenar la migración a su país.
Con Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos se ha abierto la posibilidad de construir una agenda bilateral amplia que contemple, además del tema migratorio, la seguridad fronteriza para atender el tráfico de personas, armas y drogas; salud, que incluya la protección de la comunidad mexicana migrante radicada en Estados Unidos, a fin de que reciban atención médica en medio de esta pandemia y sean vacunados contra el Covid-19; intercambio comercial, sin olvidar que ese país es nuestro principal socio comercial, que la economía de México tiene una gran dependencia de la economía estadounidense y la urgencia de reactivar ambas economías; medio ambiente, comercio internacional, entre otros.
Resulta fundamental generar una cooperación más amplia con Joe Biden, que parta de la construcción de una agenda bilateral sólida que sólo podría verse afectada por la posición asumida por el presidente de México, quien jamás reconoció el triunfo del presidente electo de Estados Unidos hasta que el Colegio Electoral de ese país calificó las elecciones.
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca hace pensar en una nueva era de gobierno con un cambio importante en el ejercicio del poder, ajeno a caprichos y desplantes, con un presidente con la suficiente voluntad política para construir nuevos puentes de diálogo para establecer una mejor y fluida cooperación bilateral en beneficio de la población de los dos países.
En cuanto a la relación con México, es momento de que el gobierno mexicano haga uso de la experiencia diplomática para integrar una agenda común bajo el principio del respeto entre dos naciones soberanas.
En el tema migratorio esperamos que se materialice el paquete de reformas migratorias que Biden prometió como candidato, mismo que aplicaría en los primeros 100 días de su gobierno, a fin de alcanzar una reforma migratoria integral que no sólo revierta las medidas antiinmigrantes de Trump, sino que inicie un proceso que otorgue la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes.
La compleja situación que envuelve a los flujos migratorios a escala mundial ha estado marcada por una visión restrictiva que deja de lado las causas que originan las migraciones para centrarse en mecanismos de freno al tránsito de personas.
Estados Unidos: Los primeros pasos hacia una amplia reforma migratoria
Si bien en lo inmediato se mantiene la política de detener las migraciones provenientes del sur con medidas que inhiban su paso hacia territorio de Estados Unidos, la actual administración de ese país avanza en la aprobación de parte de sus compromisos de campaña con algunas acciones que permiten pensar en una nueva era en el trato al tema migratorio.
En efecto, el jueves 28 de marzo, el Senado de Estados Unidos aprobó un par de reformas migratorias del presidente Joe Biden como parte de una serie de acciones que anunció realizaría a su llegada a la presidencia y que permitirán otorgar la ciudadanía estadounidense a los denominados dreamers y estancia legal temporal a jornaleros agrícolas indocumentados.
El primero de los proyectos aprobado en el Senado estadounidense, Dream and Promise Act, abriría la puerta para otorgar la ciudadanía a los dreamers, es decir, a menores de edad que llegaron con sus padres de manera indocumentada. Con dicha medida se beneficiaría a poco más de un millón y medio de jóvenes, de los cuales aproximadamente 750 mil son mexicanos.
El segundo de los proyectos aprobados, Farm Workforce Modernization Act, mismo que permitiría la legalización temporal de poco más de un millón de jornaleros agrícolas indocumentados que, además, incluiría a sus esposas e hijos, quienes después de cuatro a ocho años podrían obtener la residencia legal permanente.
En este contexto, un grupo de Congresistas ya se encuentran trabajando y cabildeando un nuevo proyecto de ley que, de aprobarse, otorgaría la ciudadanía a aproximadamente 5 millones de migrantes que carecen de documentos, pero que son considerados trabajadores esenciales, ya que se desempeñan en sectores fundamentales como salud, agricultura, sanidad y alimentos, entre otros.
Mirar hacia adentro: La necesidad de una política migratoria humanitaria en México
En contra partida, México vive cada vez con mayor intensidad las consecuencias de un proceso migratorio restrictivo, consecuencia de la simbiosis que su política migratoria ha adquirido de la estadounidense.
Un ejemplo: el pasado 27 de marzo de 2021, cuatro agentes de la policía municipal de Tulum detuvieron y asesinaron a Victoria Esperanza Salazar Arriaza durante su arresto. Con este reprochable suceso se puso en evidencia un episodio pocas veces relatado sobre el trato que México da a los migrantes centroamericanos.
Con el asesinato de Victoria tenemos la obligación de debatir la actuación de los cuerpos policiacos mexicanos y su nivel de capacitación para enfrentar situaciones cotidianas, como un arresto, o su proceder frente a la llegada de caravanas de migrantes, con atención especial al respeto de sus derechos humanos.
Victoria llegó a nuestro país con sus dos hijas en 2016, proveniente de El Salvador, solicitando asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. A los dos meses le fue reconocida su calidad de refugiada por motivos de género.
Lamentablemente, su detención, aun cuando se alegue que fue por un supuesto disturbio en la vía pública, no deja estar marcada por la discriminación y una injustificada violencia institucional.
La investigación sobre su muerte pasa no sólo por su contexto individual y de género, sino también amerita una revisión de su contexto social. Es clara la condición de violencia hacia las mujeres, sin importar su nacionalidad, pero no menos grave es la discriminación que da lugar a violaciones a los derechos humanos, la mayoría de las veces van acompañadas de una grosera impunidad, particularmente hacia los migrantes.
En México es una preocupante realidad el nivel de desconfianza que la población tiene hacia sus instituciones. En el caso particular de las policías, 7 de cada 10 personas no se sienten satisfechas con el servicio que brinda la policía en su ciudad y dos terceras partes de la población desconfían de los cuerpos policiacos, según la “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019” del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
México: La reforma migratoria pendiente
La condición de las personas en situación de movilidad que transitan por nuestro país se ha visto agravada por esa simbiosis en la política migratoria de México y Estados Unidos, con la participación de la Guardia Nacional y su incidencia en asuntos migratorios, el reforzamiento de la seguridad y control migratorio en las fronteras sur y norte de México, así como el incremento de deportaciones. Todo esto en un escenario de constante violación a los derechos de los migrantes en su paso por territorio nacional.
Preocupan las condiciones de violencia, desigualdad, pobreza y precariedad de las personas migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente, en su tránsito y estancia por México, sin una alternativa segura de acceso a trabajo, salud, educación y vivienda.
No es fortuito que dentro de los principales derechos vulnerados a migrantes centroamericanos se encuentren: derecho a la seguridad jurídica (falta a la legalidad, prestación indebida del servicio público, dilación de procedimientos administrativos, omisiones, empleo arbitrario de la fuerza, entre otras); derecho a la protección a la salud (negligencia médica, omisión de suministrar medicamentos, abandono de paciente, entre otros); derecho al trato digno (causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública, ejercer violencia desproporcionada durante la detención, entre otras); derecho a la legalidad; derecho a la igualdad, a la integridad, a la libertad, a la vida y derecho de petición, entre otras, de acuerdo al “Informe de Actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” (CNDH), 2020.
Por su parte, Human Rights Watch, en su “Informe Mundial 2020”, reconoce que los migrantes que atraviesan por territorio mexicano frecuentemente sufren abusos y violaciones a sus derechos humanos, incluyendo casos donde están implicadas autoridades gubernamentales.
El suceso en que perdió la vida Victoria debe llevarnos a repensar la movilidad humana desde una perspectiva diferente, que nos permita reconocer el derecho a migrar y a permanecer en el lugar de destino con seguridad. Entender que México ha dejado de ser solo país de origen o tránsito de migrantes, es también destino para muchos de ellos, lo cual conlleva la responsabilidad de autoridades y sociedad de vivir con su condición, promover su inclusión y respetar sus derechos.
Cuando hemos visto la brutalidad policiaca en Estados Unidos hemos levantado la voz exigiendo justicia. Lo ocurrido en Tulum amerita con mayor razón nuestra demanda de justicia y castigo a los responsables y la urgente necesidad de un programa de protección y atención a las personas migrantes que ingresan a nuestro país. Jamás ser migrante debe ser motivo de agresiones.
La política migratoria de México debe asimilar las decisiones tangibles y positivas de la política migratoria de Estados Unidos en cuanto a su búsqueda de atender la situación de millones de migrantes y no sólo reproducir la política fallida de contención de los flujos migratorios.