FEDERALISMO: PASAR DEL CONTROL POLÍTICO A LA JUSTICIA

En la visión político-administrativa de Movimiento Ciudadano estamos listos para dar la lucha en pro de tornar más justa la relación económica, financiera y fiscal entre la presidencia de la República, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, para darle a México un rumbo diferente

eduardo mendoza

 

Con gran firmeza y convicción, Movimiento Ciudadano ha contemplado desde sus orígenes la exigencia de que los gobiernos estatales y los municipios vean fortalecidas sus finanzas, recibiendo en tiempo y forma, así como justa y equitativamente los recursos que les corresponden. El concepto es que así se podrían proporcionar más y mejores servicios públicos a los ciudadanos, la cual es una petición natural de la sociedad que hay que atender.

Y es que –amigos lectores– es imposible que en los discursos se invoque un progreso material y espiritual de la sociedad por parte de las autoridades federales cuando en los hechos se actúa de forma distinta y se perjudica finalmente la calidad de vida de millones en el país, debido a que a las entidades federativas y ayuntamientos se les retrasan y condicionan los recursos económicos que legítimamente les corresponden.

En los documentos llamados “oficiales”, entre otros en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la definición de la República Mexicana establece como características que: somos una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, lo cual en el papel se ve y suena bien, pero la realidad dista mucho de que eso ocurra.

¿Por qué las autoridades federales invariablemente escatiman recursos a los gobiernos estatales y a los ayuntamientos, alterando la marcha y eficiencia de la administración pública, provocando que no existan servicios públicos adecuados para beneficio de los gobernados? La respuesta es muy sencilla: porque se busca controlar políticamente a los estados y municipios, lo cual resulta un criterio simplista, represivo, autoritario y hasta inmoral.

A lo largo de nuestra historia se han presentado vaivenes en cuanto al concepto del manejo de recursos y de las relaciones entre el Poder Ejecutivo Federal, los gobernadores y los alcaldes, sin que exista una etapa clara en la que se haya logrado que la autoridad federal reparta equitativamente los recursos que capta vía impuestos y la sociedad se vea beneficiada.

Fue durante la histórica LVII Legislatura federal cuando una mayoría opositora logró influir positivamente ese ofensivo desequilibrio fiscal y financiero que el PRI defendía a ultranza, modificando el artículo 115 constitucional y creando el ramo 33 en los recursos públicos presupuestales, pudiendo otorgarle hasta un 50 por ciento más de recursos a los gobiernos estatales y a los ayuntamientos. Ello permitió ver elevada substancialmente la realización de obra pública de infraestructura, lo que avizoraba un futuro promisorio de desarrollo para muchas comunidades.

Sin embargo, con el correr del tiempo y gracias a acuerdos cupulares partidistas, dicho avance se fue revirtiendo a través de diversas maniobras tanto legales como extralegales, devolviéndole a la presidencia de la República la potestad, discrecionalidad y tutelaje para decidir –desde la comodidad de una oficina– cuánto otorgarle (como si estuviéramos en el virreinato) de recursos económicos (dinero) a las entidades federativas y a los municipios.

Afortunadamente, en la visión político-administrativa de Movimiento Ciudadano estamos listos para dar la lucha en pro de tornar más justa la relación económica, financiera y fiscal entre la presidencia de la República, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, para darle a México un rumbo diferente. Acorde con ello, en la pasada sesión del Consejo Nacional Ciudadano se aprobó la propuesta de crear una Comisión de Conocimiento, Fomento y Desarrollo del Federalismo, en la que participarán senadores de la República, Diputados Federales, Diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos de nuestra organización política, aportando desde sus respectivas realidades conceptos e ideas que permitan instaurar un nuevo pacto federal.

Nos “iremos a fondo” en este terreno, con el fin de que sean muchos los mexicanos que comprendan que lograr mejorar los servicios públicos a los que tenemos derecho puede llevarnos a elevar nuestra calidad de vida, la de nuestras familias y la comunidad en la que vivimos. Difundiremos vastamente la importancia de que el gobierno federal reparta de forma más justa y equitativa los recursos que capta vía impuestos, para que cada uno de nosotros deje de estar implorando a las autoridades municipales o estatales –como si fuéramos limosneros– que tengamos buena seguridad pública, que pongan un foco, tapen un bache, destapen una coladera o mantengan en buen estado los parques y jardines de la comunidad en donde vivimos.

Es todo un reto crear elementos de cultura política como el que Movimiento Ciudadano está dispuesto a realizar en materia de conocimiento del federalismo. Y es imperativo llevarlo a cabo, porque justamente de lo que siempre se aprovechan los gobiernos es de la ignorancia de parte de los ciudadanos con respecto a determinado tema, en este caso el del federalismo.

Porque si no nos duele y no nos mueve a reaccionar como ciudadanos el hecho de que el gobierno federal se siga quedando con noventa centavos de cada peso que se produce en las demarcaciones municipales, devolviendo sólo cinco centavos en promedio a los ayuntamientos, entonces no sé de qué otra forma generar conciencia al respecto. Al menos en Movimiento Ciudadano vamos a intentarlo y a tratar de aportar un valioso grano de arena en la construcción de un México mejor.