Lo que esperaríamos del gobierno mexicano sería una férrea defensa de la población migrante mexicana que se mantuvo activa a pesar de la pandemia en las actividades calificadas por el gobierno estadounidense como “críticas para la salud pública y para la seguridad económica y nacional”
Las movilizaciones de grandes grupos de personas no sólo son acontecimientos que han existido desde el origen de la humanidad, sino que son, por múltiples razones, factor determinante en el desarrollo social, cultural y económico del ser humano.
Las razones históricas de esas migraciones son variadas, van desde la hambruna, la pobreza, la búsqueda de empleos o mejores oportunidades de desarrollo y, en las últimas décadas, además, la violencia, los conflictos étnicos y armados, la delincuencia y las crisis económicas.
En el caso de la migración mexicana, que cuenta ya con una larga historia. Los motivos igualmente se han visto relacionados con la necesidad de buscar mejores oportunidades de desarrollo personal, como un empleo mejor pagado o un desarrollo individual lejos de la violencia.
La vecindad con una de las potencias económicas más fuertes del mundo, Estados Unidos, también ha permitido que los flujos masivos de personas migrantes mexicanas hacia ese país hayan mantenido cantidades importantes cada año, particularmente en sus inicios, con un carácter de empleo temporal y para sus campos agrícolas. Con el tiempo las políticas migratorias que tradicionalmente nuestro vecino del norte aplica para detener el ingreso de personas a su territorio se han endurecido, incluyendo una política que criminaliza al migrante, el cierre de fronteras y la abierta persecución.
Por tanto, la historia de la migración mexicana hacia Estados Unidos ha tenido etapas contrarias, ya que mientras en un inicio se incentivaba la migración y se legalizaba, en otras se les ha perseguido y deportado. Durante el periodo de 1942 a 1964, por ejemplo, funcionó el denominado “Programa Bracero”, bajo el cual se contrataba a trabajadores agrícolas para el campo en ese país.
No obstante, los beneficios de contratar a personas que ingresaban a Estados Unidos sin documentos resultaron mayores tanto para el gobierno norteamericano como para los empleadores, pues para dicho gobierno incentivar el ingreso ilegal le representaba ahorros en costos burocráticos, mientras que para los empleadores implicaba ahorro en pagos de impuestos y en no cumplir con dotar a los trabajadores de las condiciones mínimas de alojamiento.
Igualmente, con el tiempo, las actividades en las que se desempeñan los migrantes mexicanos han tenido cambios importantes. En un principio, los primeros migrantes se empleaban en actividades agrícolas, construcción de vías férreas y, los menos, en alguna profesión en Estados Unidos. Con los años la situación fue cambiando hasta llegar a un cambio considerable en las actividades y especialización de los migrantes mexicanos: actualmente, el 19.7 por ciento trabaja en la industria de la construcción; 14.1 por ciento se emplea en la hostelería y el entretenimiento; 13.6 por ciento son profesionistas o trabajadores administrativos; 12.5 por ciento en el sector manufacturero; 9.5 por ciento en el comercio; 9.4 por ciento en los sectores de la educación y la salud, y sólo 5 por ciento se emplea en la agricultura.
La comunidad mexicana migrante, además de salir del país en busca de mejores condiciones de vida, alcanzar nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional y alejarse forzosamente por la situación de violencia local, tiende a ser sumamente solidaria con sus familiares, sus comunidades y su país. Muestra de ello son los elevados montos de remesas que año con año envían a México, a tal grado que se han convertido en la principal fuente de divisas y el pilar primordial que sostiene la economía local y nacional del país, superando los 40 mil millones de dólares en 2020, con Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y el Distrito Federal, como las entidades que más envíos recibieron.
Es innegable que existe una clara cultura migratoria entorno a una frontera compartida de más de tres mil kilómetros que vive cotidianamente el constante flujo de millones de personas y vehículos, pero que en esa misma medida confluyen conflictos que envuelven el tráfico de personas, armas y sustancias ilícitas a la par que el tránsito de mercancías, productos y servicios que la convierten en una de las fronteras más intensas y productivas.
El pasado 10 de agosto de 2021, altos funcionarios de México y Estados Unidos se reunieron en nuestro país para revisar el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos y definir estrategias para inhibirlo.
¿Cuáles son las razones de este tipo de interés por el tema migratorio? En el fondo del interés de ambos países por los flujos migratorios se encuentra el interés de Estados Unidos por frenarlo. Es una cuestión que, en el corto y mediano plazo, puede llegar a complicarse para nuestro vecino del norte por su inminente recuperación económica, sobre todo si consideramos que el número de personas que intentan ingresar a ese país ha ido en aumento, dadas las secuelas de las medidas para enfrentar la pandemia, con sus consecuencias en la economía de todos los países del mundo, pero particularmente en la de México.
Tan sólo de octubre de 2020 a julio de 2021, Estados Unidos realizó 1.2 millones de arrestos de inmigrantes irregulares, en tanto que nuestro país recibió una cifra récord de 64,378 solicitudes de asilo de migrantes. Estas cifras revelan un aumento en los flujos de personas del sur de Estados Unidos, particularmente de México y de países de Centroamérica, que intentan llegar a territorio estadounidense en busca de alternativas que sus países están lejos de ofrecerles.
Lo que Estados Unidos está previendo es que esos flujos se incrementen sustancialmente a causa de un proceso de vacunación rápido y efectivo que traiga como consecuencia una pronta reactivación de su economía, frente al lento, irregular e ineficiente proceso de vacunación en México, por ejemplo.
Después del análisis de los datos más recientes de los flujos migratorios irregulares en la región realizado por México y Estados Unidos en dicha reunión, lo que se espera, pese a lo anunciado por sus delegaciones en el sentido de que acordaron “ampliar la cooperación a fin de gestionar flujos migratorios ordenados, seguros y regulares con respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo”, es un endurecimiento de las medidas de contención desde la frontera sur de México, con refuerzo en territorio nacional y especial atención en la frontera norte con el uso de la Guardia Nacional.
Aunque México y Estados Unidos coinciden en la necesidad de impulsar medidas económicas en los países del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, para combatir la pobreza y la inseguridad, además de frenar los desplazamientos migratorios hacia el norte del continente, lo cierto es que los efectos de cualquier medida económica no tendrán un impacto inmediato que ayude en ese sentido. Muestra de ello es que aún no existe acuerdo entre las dos naciones para abrir la frontera terrestre común que se encuentra cerrada para actividades no esenciales desde el 21 de octubre de 2020, a diferencia de la frontera con Canadá, la cual ya fue abierta para personas que comprueben tener el esquema completo de vacunas.
Es indudable la contribución que los migrantes realizan con su trabajo a la riqueza de Estados Unidos y al sostenimiento de la economía de México. Lo que esperaríamos del gobierno mexicano sería una férrea defensa de la población migrante mexicana que se mantuvo activa a pesar de la pandemia en las actividades calificadas por el gobierno estadounidense como “críticas para la salud pública y para la seguridad económica y nacional”, entre las que se encuentran los servicios médicos, la producción agrícola, el transporte y la distribución de bienes esenciales, los servicios de cuidado a las poblaciones vulnerables, las actividades de mantenimiento y limpieza, y la generación de agua y electricidad.
En varias de esas actividades, particularmente la producción agrícola y los servicios, los migrantes mexicanos mantienen importante presencia con su trabajo, pues según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, existen 2.5 millones de trabajadores agrícolas, de los cuales se estima que el 75 por ciento son inmigrantes, en su mayoría mexicanos.
Es la enorme fuerza laboral de los migrantes mexicanos la que, en distintas actividades, permite que los alimentos se cosechen, empaquen, transporten, comercialicen y lleguen a la mesa de los hogares estadounidenses, así como ocurre con otras actividades en las que participan.
El desarrollo en regiones de Estados Unidos y México es posible gracias al trabajo de esos flujos migratorios que, en gran medida, hoy mantienen en pie a una economía mexicana sostenida por alfileres y que contribuirán sin duda a una acelerada recuperación de la economía de Estados Unidos.
Los trabajadores migrantes mexicanos han demostrado durante décadas su valor y con su voluntad mantienen activas muchas de las actividades esenciales en Estados Unidos. Ese esfuerzo merece ser reconocido con una estrategia firme de la diplomacia mexicana que permita alcanzar un amplio acuerdo migratorio que sirva para mejorar la situación laboral y el estatus bajo el cual se encuentran en territorio de Estados Unidos, a fin de generar esa migración ordenada y regular que escuchamos en los discursos de ambos gobiernos.