Hace falta trabajar más para concientizar a quienes ocupan responsabilidades públicas y cargos de representación popular
La decisión de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que anuló la elección a la presidencia municipal de Iliatenco, Guerrero, por actos de discriminación y violencia política en razón de género contra la candidata de Movimiento Ciudadano, Ruperta Nicolás Hilario, debe merecer toda nuestra consideración.
Apenas el año pasado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) acusó la “falta de cumplimiento de los tres poderes del estado de Guerrero a la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género por Agravio comparado, dictada a la entidad el 5 de junio de 2020”.
Esta red de 43 agrupaciones civiles observó que el plazo determinado por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres fue de 18 meses, tiempo en que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial debían aplicar diversas medidas, entre ellas “reformar el artículo 159 del Código Penal del Estado, eliminando la fracción primera, para que quede armonizada con la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas y la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres”. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado debía “fortalecer a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar para la Atención de Delitos Sexuales”, para ofrecer mejor atención a mujeres víctimas de violencia sexual.
El Observatorio refirió que fueron 13 las medidas dictadas a los tres poderes, nueve de ellas de prevención, tres de seguridad y una de justicia. No obstante la urgencia, no se cumplieron.
Esta omisión describe lo que ocurre en Guerrero. Hace falta trabajar más para concientizar a quienes ocupan responsabilidades públicas y cargos de representación popular.
En octubre de 2021 el reporte de violencia contra las mujeres emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que de enero a octubre de ese año se registraron 95 muertes violentas de mujeres, 39 de ellas en Acapulco. Ese es el contexto en el que una mujer de la Montaña, región donde la venta de niñas para el matrimonio está prohibida por la ley pero forma parte de una tradición que ha sido imposible erradicar, se postuló como candidata por Movimiento Ciudadano para reelegirse por un segundo periodo como presidenta municipal de Iliatenco.
Esa realidad que ofende es la que tenemos que combatir. La gobernadora Evelyn Cesia Salgado Pineda ha manifestado en diversos foros que atenderá esta problemática; incluso durante su campaña ofreció convertir a Guerrero en un santuario para las mujeres. El tema no le es ajeno, fue delegada de la Secretaría de la Mujer en Acapulco. Sin embargo, al momento la cuesta es hacia arriba y la realidad abruma. Escribo estas líneas mientras me entero de que han asesinado a una menor de edad en Zapotitlán Tablas, en la región de la Montaña.
Para Movimiento Ciudadano es importante poner un alto a la violencia hacia las mujeres en Guerrero, por eso apoyamos de manera contundente a Ruperta Nicolás Hilario en los dos procesos electorales que vivió en 2021, y respetamos la paridad de género. Creemos en la capacidad y liderazgo de las mujeres guerrerenses.