Cada día que transcurre es uno menos que nos va limitando y presionando de cara a alcanzar los compromisos establecidos dentro de la Agenda 2030 de la ONU
Señalábamos en la primera parte de este artículo el compromiso –como nación– en el marco de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que la misma contempla 169 metas y 17 objetivos establecidos, reto que acorde a los resultados obtenidos hasta el momento se ve lejano lograr.
Continuamos el análisis con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número seis, el correspondiente a AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO. En este campo se requiere una gran inversión de recursos para poder dotar de infraestructura básica a numerosas comunidades de nuestro país, con la finalidad de que cuenten con el mínimo de agua indispensable para su vida cotidiana. Según el más reciente estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cerca de 15 millones de mexicanos carecen del servicio de agua potable y además a un 30 por ciento de las familias que sí la reciben les llega de manera parcial y de baja calidad, lo cual pone en riesgo su salud.
Además de esos datos duros, hay otro que debe preocuparnos: en México se extraen 55 metros cúbicos por segundo y sólo se recargan 25 metros cúbicos, ritmo que nos hará ser en el 2030 quizá uno de los países que padezcan “estrés hídrico”, según el Instituto de Recursos Mundiales, que analiza a detalle las políticas públicas que se aplican en este campo. Diversas voces autorizadas han insistido desde finales del siglo pasado en que el gobierno Federal realice una justificada inversión en plantas desalinizadoras y potabilizadoras en las costas del Golfo de México y del Océano Pacífico, para desde ahí bombear agua que podría utilizarse para riego agrícola, uso industrial y uso doméstico. Lamentablemente tal planteamiento no tiene cabida hoy en día en las sesiones del Comité de seguimiento de los ODS.
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE es el objetivo número siete al que estamos comprometidos. ¡Qué decir al respecto! Justo en abril del año que corre, el Congreso de la Unión se encuentra enfrascado en una enorme polémica, ante el Poder Ejecutivo, sobre si orientamos nuestros esfuerzos hacia energías renovables y menos contaminantes, o bien, nos ubicamos como una nación generadora de energías sucias, cuya viva imagen representaría la edificación de la planta de Dos Bocas. Aun si se rechazara la propuesta presidencial para la reforma eléctrica, se prevé que el jefe del Ejecutivo aplique toda una serie de recursos y maniobras como mandatario tendientes a garantizar que el uso de los recursos energéticos corresponda al Estado mexicano. En el horizonte se observa que surgirán cientos –si no es que miles– de litigios en tribunales tanto internacionales como nacionales, y ello distraerá y desconcentrará por completo el establecimiento de políticas públicas enfocadas a lograr contar con energías no contaminantes para todos.
Es penoso en ese sentido mirar cómo no hay la conciencia política y social suficiente a partir del mandatario, para reflexionar sobre la importancia que reviste este tema para el país. Creo que el gobernar más con el sentimiento que con la razón nos está generando altos costos que la propia sociedad terminamos pagando.
En cuanto al ODS número ocho, se refiere a TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. Si hay algún renglón que nos está costando mucho trabajo cumplir, es justamente el apartado económico, que desde luego se encuentra ligado al ámbito laboral. Por un lado, el surgimiento de la pandemia impactó sensiblemente la marcha económica de todas las naciones, pero adicional a ello, mientras en otros países los gobiernos buscaban alternativas para aminorar el impacto, en el nuestro se ignoró por completo el respaldo a numerosos agentes productivos, motivo por el cual se incrementó el desempleo, entre otras consecuencias económicas. Lenta y pesadamente –cual si fuéramos un elefante– nuestra recuperación industrial, comercial y de servicios pareciera estar en modo de cámara lenta, con los estragos que dicha condición genera. Y obviamente, si de manera local no se atina a profundizar en políticas públicas, ya sabemos que cuando llegue el momento de rendir cuentas ante la ONU, en el caso de este renglón quedaremos en negativa y penosa evidencia.
Por cierto que, un dato peculiar que retrata fielmente nuestra desorganización como país es el hecho de que en el marco de las sesiones que el Comité de México de la Agenda 2030 ha celebrado, se ha estado lo mismo incluyendo que apartando a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de algunos comités de trabajo. Al principio se le ubicó en el ámbito económico, pero tras varias sesiones en las que no se aportaban elementos fundamentales para aplicar, recientemente se le ha reubicado en el capítulo de bienestar, en donde seguramente está mejor ubicada y podrá contribuir de una mejor forma al intento de consecución de objetivos. Es increíble que a estas alturas todavía se realicen ajustes operativos, cuando ya se debería estar administrando y dando seguimiento a diversas políticas públicas.
El ODS número nueve es INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA. Los esfuerzos al respecto –teóricamente– deben estar orientados hacia la facilitación de inversiones que impacten en la calidad de vida de los habitantes del país. Es obvio que bajo la óptica actual del régimen en turno la prioridad es no innovar y más bien ir al ritmo del “día a día”, sin aglutinar un conjunto de reglas y propósitos. Es tragicómico ver que mientras la Secretaría de Economía contempla algunos elementos de promoción de inversión, la presidencia de la República se encarga de polarizar el ambiente con declaraciones que, al parecer, tienen como objetivo desalentar los deseos de inversión.
Lejos de cualquier tipo de apasionamiento político o ideológico, considero que la precipitada decisión de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, substituyéndolo por la construcción de la terminal aérea en el aeropuerto militar de Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, estado de México, representa un retroceso en cuanto a dimensiones y posibilidades para introducir a nuestra nación en una dinámica de alto impacto y desarrollo. Si los criterios con los que se está conduciendo la administración pública en sus tres ámbitos están basados en fanatismo ideológico y no en un razonamiento objetivo, es claro que los resultados para lograr alcanzar los ODS, fracasarán. Y es que no es la confrontación o el afán divisionista lo que nos llevará por vías exitosas, el diálogo y los consensos son fundamentales, acordes a lo que la propia institución de las Naciones Unidas ha promovido para facilitar la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable.
Entrando al comentario sobre el ODS número 10, el que se refiere a REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, hay, como en los otros dieciséis objetivos, mucho trabajo que realizar. Sucede que México es uno de los países más desiguales del continente americano, en donde el 1 por ciento de la población, concentra el 30 por ciento de los ingresos, mientras que un 10 por ciento de la población logra alcanzar el 59 por ciento. Se tenía mucha esperanza en que, con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, el tema del empleo mejorara substancialmente con toda la gama de inversiones que se preveía, pero la realidad ha sido otra. Los empleos que los tratados comerciales han generado han sido en su mayoría coyunturales, mal pagados y de corto plazo. Todavía no se ha avanzado en cuanto a revisar el siempre difícil y complejo mundo sindical, que condiciona constantemente la posibilidad de más y mejores inversiones.
Con todo lo que ha estado ocurriendo alrededor del campo laboral, de las inversiones, las bajas expectativas en cuanto a certidumbre legal y respeto al Estado de derecho, muchos proyectos se han comenzado a detener, algunos de ellos han buscado otros destinos y varios más permanecen atentos a la evolución de los temas que les interesan. Esa es la cruda realidad que actualmente rodea este objetivo de desarrollo sustentable. Las desigualdades en nuestro México se han profundizado; el dato frío de que durante los primeros tres años de gobierno se ha incrementado la pobreza (5 millones de personas más en esa condición), es un elemento que nos debe preocupar como sociedad, pero que al mismo tiempo exaspera al presidente de la República, toda vez que evidencia el fracaso de su gobierno en un tema fundamental como es el de la reducción de la pobreza.
La pobreza se puede medir de muy diversas maneras, una es la cantidad de empleo al que la población tiene acceso, otra es la calidad de oferta laboral, su capacidad adquisitiva acorde a sus ingresos, su condición de endeudamiento, sus posibilidades crediticias y así podríamos señalar más temas para su análisis. Lo cierto es que hoy en día en nuestro país muy pocos poseen muchísimo y muchísimos apenas logran sobrevivir. Y bajo esas condiciones es imposible diseñar y construir una nación sólida, firme y generadora de oportunidades reales.
Cada día que transcurre es uno menos que nos va limitando y presionando de cara a alcanzar los compromisos establecidos dentro de la Agenda 2030 de la ONU. Requerimos una visión integral en los temas establecidos como objetivos. Hemos compartido el estatus de diez de ellos y se percibe que andamos sin brújula al respecto. En la próxima edición, revisaremos los siete objetivos restantes y podremos sacar conclusiones finales. Por lo pronto, con que cada uno comience a comportarse mejor en torno a las actividades que lleve a cabo, eso puede resultar muy útil y valioso. Pongámosle el ejemplo a las autoridades gubernamentales, que hoy por hoy no significan garantía alguna que contribuya a lograr los 17 objetivos de desarrollo sustentable que nos llevarían a buen puerto.