México estaría vulnerando estipulaciones acordadas dentro de las negociaciones del T-MEC, particularmente las señaladas y las relativas a reglas de cómo se deben conducir las empresas comerciales del Estado, con un piso parejo, condiciones comerciales, transparencia regulatoria y no discriminación en favor de monopolios estatales, como se pretende establecer con la iniciativa a discusión
Pilar Lozano Mac Donald Secretaria General de Acuerdos de Movimiento Ciudadano Presidenta de la Comisión del Mexicano Migrante
A pesar de que el pasado jueves 7 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no desechó el modelo energético propuesto por el presidente de la República, al declarar constitucionales los artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, aún queda pendiente la discusión y posible aprobación de la reforma constitucional en materia de energía eléctrica, que inicia este martes 12 de abril de 2022, en la Cámara de Diputados, para la cual se requiere de dos tercios de los legisladores que el partido gobernante por sí solo no tiene.
Durante los foros de Parlamento Abierto que se celebraron a lo largo de las semanas pasadas, legisladores, especialistas, académicos y funcionarios públicos expusieron las virtudes y las complicaciones de la iniciativa. Más de 138 ponencias fueron expuestas en más de cien horas de parlamento, que debieron contemplarse en el estudio y análisis de las comisiones dictaminadoras dentro del proyecto de dictamen.
Lamentablemente, dicho proyecto de dictamen se mantiene intacto en lo esencial, sólo con el ofrecimiento de incorporar ciertas propuestas de algunos grupos parlamentarios opositores para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere el 54 por ciento de la energía eléctrica que necesita el país, pero reduciendo abiertamente la participación del sector privado al 46 por ciento de dicha capacidad de generación.
Igualmente, de aprobarse en sus términos la propuesta del presidente, el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica sería prestado exclusivamente por la CFE y aun cuando se diga que la empresa estatal podrá adquirir energía eléctrica del sector privado, lo cierto es que se propone la cancelación de los permisos de generación eléctrica y los contratos de compraventa de electricidad acordados con las empresas, como también las solicitudes pendientes de resolución.
Por si no fuera suficiente, la iniciativa plantea que de ninguna manera se reconocerán los permisos de autoabastecimiento otorgados en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y que hayan sobrepuesto condiciones, así como cancelar los certificados de energías limpias.
Lo que es claro es que la instrucción del presidente es que la iniciativa no se modifique en lo esencial, es decir, que el Estado mexicano asuma el control del sistema eléctrico del país, que la transición energética sea responsabilidad del Estado, que se cancelen los contratos y permisos otorgados aunque se reconozca la inversión del sector privado. Nada más y nada menos.
La propuesta del presidente se enmarca en una serie de planteamientos orientados a la concentración de facultades y de poder económico y político en torno al titular del Ejecutivo, lo que resulta en extremo preocupante no sólo para la vida interna del país, sino de cara a la pérdida de confianza y desaliento a la inversión privada, nacional y extranjera por la falta de garantías y a una clara ausencia de certeza jurídica. En otras palabras, es una propuesta que representa un retroceso para el futuro de las siguientes generaciones.
En los tiempos actuales donde la mayoría de los países apuestan a la transición a las energías limpias, que sean accesibles y permitan el autoabastecimiento en hogares y centros de trabajo, en paralelo a la reducción del uso indiscriminado de energías contaminantes, la iniciativa poco o nada apuesta a servir al combate al cambio climático y tampoco garantiza el acceso universal a la electricidad asequible en 2030.
En cambio, la propuesta tendrá importantes consecuencias en materia de costos económicos, costos ambientales, costos de tarifas y costos a la salud de las personas. Estos costos implicarían una afectación negativa a la competitividad en el sector al elevar los precios de la electricidad para los hogares y las empresas, además de dañar al medio ambiente.
La reforma constitucional propuesta sin duda es un retroceso porque busca la preponderancia de la CFE en el mercado nacional al modificar el criterio de despacho de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional; cancelar permisos; revertir la separación horizontal y vertical de la CFE; eliminar los Certificados de Energía Limpia (CEL); desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos; incorporar el CENACE a la estructura de la CFE para convertirlo en operador del mercado, y establecer la explotación exclusiva del litio para el Estado mexicano a través de la CFE.
Por esto, tanto el contenido de la Ley de la Industria Eléctrica como la posible aprobación de la reforma constitucional tendrán además consecuencias internacionales por la probable violación del contenido del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T- MEC), pues las empresas extranjeras podrían acogerse a los arbitrios en los tratados internacionales para garantizar sus inversiones, con base en el Capítulo 31 de Solución de Controversias del propio T-MEC.
Lo anterior es viable, ya que los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica y la posible aprobación de la reforma constitucional modifican las reglas de inversión, lo cual llevaría, primero, a un período de consultas entre las partes involucradas y, posteriormente, en caso de no alcanzar acuerdos, a optar por un arbitraje internacional, con base en el Anexo 14-B del T-MEC que hace referencia las expropiaciones indirectas, que además implicarían la violación a un trato justo y equitativo que afectaría los activos de inversionistas extranjeros.
Por tanto, las voces de especialistas alertan ya sobre la violación del T-MEC por parte de México y las eminentes represalias comerciales y demandas millonarias en contra del país, en virtud de que todo cambio constitucional a leyes secundarias y reglamentos debe ser compatible con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano, salvo que se hayan establecido reservas específicas, es decir, medidas disconformes donde se hagan excepciones a la aplicación del tratado, situación que nuestro país no solicitó.
En consecuencia, México estaría vulnerando estipulaciones acordadas dentro de las negociaciones del T-MEC, particularmente las señaladas y las relativas a reglas de cómo se deben conducir las empresas comerciales del Estado, con un piso parejo, condiciones comerciales, transparencia regulatoria y no discriminación en favor de monopolios estatales, como se pretende establecer con la iniciativa a discusión.
La situación económica mundial, la crisis por la que atraviesa la economía mexicana y la difícil recuperación económica que aún no llega, obligan a realizar una valoración seria de las graves consecuencias que la reforma a la Constitución y las modificaciones a las leyes secundarias traerán consigo en materia de confianza de inversionistas, debido al incumplimiento de los compromisos adquiridos por México frente a sus socios comerciales con el afán de establecer la exclusividad del Estado en el sector eléctrico, sobre todo considerando que el actual gobierno Federal participó activamente y concluyó las negociaciones del T-MEC.