La mejor forma de evitarles sufrimientos innecesarios a los hermanos migrantes es contar con un sistema bien establecido, que haga justo y fluido el ingreso de personas provenientes del extranjero, estableciendo una política pública firme y precisa para quienes intenten ingresar ilegalmente
Eduardo Mendoza Ayala
Amigos lectores, creo que cualquier adjetivo que se quiera aplicar para definir lo que están padeciendo hoy en día cientos de miles de migrantes y sus familias al abandonar su hogar en Centro, Sudamérica y el Caribe y aventurarse a buscar un “mejor modo de vida” o cumplir “el sueño americano” arriesgando la vida misma, se queda auténticamente corto ante la dramática realidad existente.
Muy pocos hubiéramos creído si alguien en la década de los setenta del siglo pasado nos hubiera dicho lo que ocurriría cincuenta años después de los primeros flujos ilegales de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos, relatando historias lo mismo trágicas que asombrosas. Lo que comenzó como una pequeña válvula de escape económico y social, conveniente para ambos países, se ha convertido a lo largo del tiempo en un enorme torrente humano cruzando México rumbo a EE. UU., exhibiendo a su paso –hay que decirlo– lo peor de la raza humana.
¿Por qué afirmamos esto? Porque lo que muchos sabemos –aunque las autoridades no quieran aceptarlo– es que las diversas mafias que componen la “delincuencia organizada” y que actúan impunemente en nuestro país, tienen muy bien estudiado el flujo de migrantes a partir de que ingresan por la zona sur de nuestro territorio (Chiapas, principalmente), en donde, puestos de acuerdo con los oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) y con otras policías, tanto estatales como federales, prácticamente son reclutados para los grupos que se dedican a diferentes actividades ilícitas.
El origen de toda esta articulación inmoral y corrupta convertida en una perversa industria de aprovechamiento del tráfico humano, parte de la natural necesidad que tienen las personas de buscar un empleo digno o de crear una empresa, condiciones inexistentes en sus países de origen, lo que los hace viajar por tierra, miles de kilómetros, indefensos y muchas veces explotados o hasta engañados económicamente por “coyotes” y enganchadores. Ahí empieza el “viacrucis”, al tiempo que la esperanza de un mejor modo de vida se torna en un obscuro túnel, una atroz pesadilla llena de peligros, amenazas y crueldad.
A partir de ahí todo puede pasar… incluida la muerte. Lo mismo jóvenes que mujeres, ancianos o niños, todos son utilizados para diversos fines. Las familias son separadas y las tareas asignadas. Los más jóvenes para distribuir drogas o reclutados para trabajar como sicarios; las mujeres, destinadas a la prostitución; los niños, tristemente, serán víctimas de los traficantes de órganos o, en el mejor de los casos, vendidos –como mercancía– a familias en diversas partes del mundo; al tiempo que los “viejos” se convertirán, lamentablemente, en sujetos de secuestro, extorsionando a sus familias.
Todo lo que uno pueda imaginar, ocurre actualmente en torno al tema de la migración: fabricación de documentos y permisos falsos; soborno de autoridades para poder pasar y transitar; mordidas para que la policía deje de molestar; extorsiones a granel, lo mismo para tener un sitio donde pasar la noche que para alcanzar alguna cobija junto a algún arbusto, para obtener alguna medicina o un poco qué comer; y, desde luego, el pago de algún transporte, que aunque inseguro, los pueda ir trasladando hacia la frontera con los EE. UU., en donde, si corren con buena suerte, pasarán ilegalmente, pero serán devueltos de forma automática.
Muchos recordamos aquél trágico episodio ocurrido en la población de San Fernando, Tamaulipas (agosto 23 del 2010), en donde fueron ultimados todos los ocupantes de un autobús en el que viajaban migrantes de varios países que, a decir del único sobreviviente (que había sido considerado muerto por los sicarios), todos los migrantes habían rechazado servir a los delincuentes, ante lo cual fueron acribillados sin compasión alguna. Duele decirlo, pero los diversos grupos delincuenciales, llámese los Zetas, el Cártel del Golfo, el Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, etc., son los que administran a placer las circunstancias, sin que las autoridades formales puedan imponerse, ya sea por incompetencia, o bien, por estar coludidas.
A ese caldo de cultivo agregue usted –estimado lector– la desorganización administrativa, la ineficiencia, así como la inmensa corrupción de la autoridad federal encargada del tema migratorio, que hoy sabemos –por ejemplo– provocó en abril pasado la indignante muerte de cuarenta migrantes en el centro de control en Ciudad Juárez. Y también se ha filtrado la información de que el todavía director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, posee una empresa dedicada a proveer de alimentación a todos los centros migratorios del país, concesión que desde el inicio de este sexenio le otorgó el gobierno de la República y que, al parecer, es justamente –en gran medida– lo que le ha permitido que de forma privilegiada pueda llevar su proceso de denuncia en libertad, por lo que ha recaído en “chivos expiatorios” el castigo de este horrendo episodio.
No es mala la idea que ha propuesto a los Estados Unidos de América el mandatario mexicano, en el sentido de que hay que invertir recursos económicos con el fin de crear empresas en Centroamérica que eviten que miles de personas huyan de sus países en busca de empleo, atraviesen medio continente y en la ruta, sean víctimas de maltratos, extorsiones, estafas e inclusive, en algunos casos trágicos, lleguen a perder la vida.
Y aquí en nuestro país es menester revisar profundamente tanta ineficiencia gubernamental y buscar la instalación de modernos centros aduanales y migratorios en la frontera sur, donde impere el orden y un trato respetuoso a quienes desean ingresar a nuestro país legalmente. Que existan instalaciones adecuadas en materia de albergues, así como agencias ministeriales y de derechos humanos que resuelvan con eficiencia los casos que surjan con los migrantes ilegales.
Es asombroso, en ese sentido, mirar la enorme cantidad de recursos económicos y responsabilidades administrativas que tendenciosamente se le han otorgado al ejército mexicano, pero que de manera absurda no contemplan tareas fundamentales, como sería precisamente la vigilancia profesional de nuestros puntos fronterizos. La mejor forma de evitarles sufrimientos innecesarios a los hermanos migrantes es contar con un sistema bien establecido, que haga justo y fluido el ingreso de personas provenientes del extranjero, estableciendo una política pública firme y precisa para quienes intenten ingresar ilegalmente.
Un último apunte –no menos importante– es la condición que el gobierno estadounidense ha impuesto a nuestro país, en el sentido de utilizar parte de nuestro territorio para mantener a miles de migrantes, mientras las autoridades migratorias del país vecino “se toman su tiempo” para revisar, analizar y determinar si se concede visa o no a un solicitante. De por sí casi todos los ayuntamientos carecen de recursos económicos para solventar las necesidades básicas de los gobernados y encima ahora tienen que batallar con la atención a miles de migrantes, cuyo flujo no cesa y que habitan en campamentos improvisados, muchos de ellos apenas respaldados por la buena fe de algunos grupos religiosos.
A partir del 11 de mayo del presente, los EE. UU. declaran el fin de la restricción impuesta con motivo de la pandemia de Covid-19, liberando lo que se conoce como “Título 42” de migración, que permitía a esa nación rechazar el ingreso de migrantes por razones sanitarias. Ahora ese cambio –se prevé– atraerá un mayor número de personas que intentarán atravesar por la República Mexicana para llegar a los EE. UU., y la verdad no se ve que el gobierno esté preparándose para una nueva oleada de migrantes.
Indudablemente, la migración es un enorme reto que como sociedad debemos afrontar, simplemente por razones de solidaridad y además por seguridad familiar y comunitaria. Nos toca exigir al Gobierno Federal –vía nuestros diputados y senadores– que se “ponga las pilas” y haga bien las cosas, que deje la simulación como estilo de abordar los temas prioritarios y trascendentales del país. Sobre todo, ante la preocupación existente, porque quien encabeza el Poder Ejecutivo ha afirmado cínicamente que “no me vengan con que la ley es la ley”.