¿A quién no le ha faltado agua en San Luis Potosí? Este problema es cada vez más común, no sólo entre las personas que viven en la capital, sino en general en todo el estado. La escasez de acceso a este vital líquido es cada vez más evidente y, si no hacemos algo, esta situación podría llevarnos a un nivel crítico en nuestro estado.
Una nota reciente del periódico El Economista, del 28 de junio del presente año, nos revela de qué tamaño es la crisis hídrica que vive nuestro país. En ella se informa que, de las 210 presas existentes a nivel nacional, 142 mantuvieron un nivel menor al 50 por ciento, es decir, el 67 por ciento de los embalses registran un nivel inferior a la mitad de su capacidad. La situación es de tal magnitud la que la CONAGUA ha entregado más de 18 millones de litros de agua a personas afectadas en estados como Coahuila, Hidalgo, Sonora y, desde luego, San Luis Potosí.
La crisis del agua castiga a San Luis Potosí debido a que cuando llueve se inundan las calles, pero, paradójicamente, los potosinos siguen sin tener acceso al agua, por lo que esta afectación ilógica sólo demuestra que hay una pésima planeación pluvial.
La crisis del desabasto de agua en San Luis Potosí es un problema de décadas. Como se sabe, el abasto de agua a la capital depende del bombeo efectuado en pozos profundos, por lo que se requiere una continua extracción de agua del subsuelo que impacta en el crecimiento industrial, urbano y demográfico de la ciudad. Esta extracción excesiva, descontrolada, ha tenido como consecuencia que el agua subterránea se encuentre en “estado de fragilidad”.
El abastecimiento de agua en el caso de la capital depende fundamentalmente del conjunto de pozos que la bombean desde la unidad del sistema acuífero. Actualmente dicho sistema está considerado como deficitario debido a que la extracción supera la infiltración. En San Luis Potosí, desde la década de los sesenta se aprobaron cuatro decretos que establecieron vedas para el alumbramiento de aguas subterráneas en el sistema acuífero, dichas vedas son un mecanismo regulado en la legislación, cuya finalidad es limitar la extracción y el uso de agua en caso de sobreexplotación, sequía, escasez o situaciones de emergencia.
Por otra parte, especialistas como Daniel Jacobo Marín, del Colegio de San Luis, advierten que las dimensiones de aprovechamiento de agua subterránea bajo el modelo actual tienen diversas consecuencias ambientales y sociales, como: mayores costos de bombeo, subsidencias (hundimiento del suelo) y alumbramiento de agua con mayores concentraciones de materiales peligrosos para la salud. Por ejemplo, se ha demostrado que la existencia de flúor en el agua subterránea representa uno de los principales desafíos, ya que la acumulación de dicho elemento en el cuerpo humano se asocia con el desarrollo de padecimientos crónicos como la fluorosis dental y esquelética.
En materia pública se han tomado malas decisiones que han agravado la crisis del agua para los potosinos. Por ejemplo, se pagó un contrato millonario por traer agua de una presa, pero el vital líquido no llega a las familias potosinas; asimismo, un problema grave es que se está sacando agua a 700 metros de profundidad y esto impacta directamente en la salud de la mayoría de la población, ya que al sacar agua a mayor profundidad, invariablemente tendrá metales pesados.
Es necesario mencionar que también hay factores que han provocado que esta crisis se agrave, como el incremento de la urbanización, el desarrollo industrial y el crecimiento demográfico, problemas que requieren una urgente intervención del Estado en el replanteamiento del uso del agua en la capital, y en general en todo el estado de San Luis Potosí, que garanticen el acceso a este recurso vital.
En nuestra Constitución el acceso al agua es un derecho humano, sin embargo, en el caso de San Luis Potosí queda claro que estamos lejos de que este gobierno garantice lo que establece nuestra Carta Magna. Por eso, la intervención del Estado es absolutamente necesaria, porque se requieren políticas públicas y programas que garanticen su adecuado acceso y distribución entre los habitantes.
La situación que vive San Luis Potosí es una muestra clara de lo que pasa en México y el mundo, donde el suministro de agua no es suficiente para cubrir la demanda de grandes poblaciones establecidas en territorios donde es difícil garantizar su abastecimiento.
La UNESCO calcula que el riesgo de una crisis global hídrica puede ser real. Por ejemplo, en todo el mundo dos mil millones de personas, es decir, el 26 por ciento de la población, no dispone de agua potable, mientras que 3,600 millones, el 46 por ciento de la población mundial, carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura.
Si bien el tiempo no está de nuestro lado, aún tenemos la posibilidad de revertir esta situación si entre la ciudadanía hacemos consciencia desde nuestras casas y con nuestras familias sobre la racionalización del vital líquido para compartirlo equitativamente y gestionarlo de forma sostenible. A la par, desde el gobierno, en todos los niveles, federal, estatal, municipal, urgen políticas públicas adecuadas, como una regulación a prestadores públicos, privados y mixtos; controles sobre afluentes urbanos; mejorar la infraestructura para garantizar la sustentabilidad hídrica; nuevas prácticas de manejo y protección de cuencas de captación; políticas de adaptación y mitigación contra épocas de sequía agravadas por el cambio climático; gestión de aguas pluviales; cooperación entre empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento, así como priorizar zonas urbanas marginales y rurales dispersas.