De la crisis migratoria a la acción en la relación México-EE. UU

El número de deportaciones podría alcanzar niveles históricos, lo que generaría una crisis humanitaria de gran magnitud en toda Latinoamérica.

Es imperativo encontrar la vía para garantizar una buena relación bilateral con EE. UU. al tiempo que se salvaguardan los derechos de los migrantes.

Luego de que nuestro país obtuviera de manera formal su independencia del Reino de España, en octubre de 1823, la migración ha sido un tema central en la agenda binacional México-Estados Unidos.

Hoy, con la llegada de Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca y la obtención de la mayoría en ambas Cámaras del Congreso estadounidense por parte del Partido Republicano (244 de 435 escaños en la Cámara de Representantes y 53 escaños de 100 en la Cámara de Senadores), nos enfrentamos como país a uno de los mayores retos en política exterior; algo no visto, quizá, desde la Segunda Guerra Mundial.

La administración Trump había firmado, hasta el 6 de febrero de 2025, 84 órdenes ejecutivas, de las cuales 19 son sobre migración. En todas ellas, ha mostrado una postura xenofóbica, de restricción y de control sin precedentes. Estas órdenes ejecutivas abarcan desde el refuerzo de la seguridad fronteriza, la reactivación de la construcción del muro en la frontera y la creación de centros de detención migratoria como en Guantánamo, hasta la aceleración de procesos de deportación masiva, el cierre de la plataforma CBP One (para la solicitud de ingreso formal) y la no aceptación, salvo casos muy excepcionales, de trámites de asilo y/o refugio por cuestiones humanitarias. De ahí que la crisis migratoria agravada en esta nueva era Trump marca, sin lugar a dudas, un antes y un después en la política bilateral, pero también en la “miel sobre hojuelas” que hasta principios del presente año había tenido la política doméstica del gobierno de México.

El pasado 1 de febrero, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó con el presidente Trump desplegar 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte para frenar, según lo dicho por ella misma, el tráfico de fentanilo; sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por Trump, lo cierto es que esta acción también es para contener la migración hacia el país vecino del norte. Es menester señalar que este acuerdo vino de la mano con lograr hacer una pausa durante todo el mes de febrero a los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas destinadas a los EE. UU.

Una de las acciones más criticadas, principalmente por políticos de oposición de México, ha sido la aceptación extraoficial por parte del gobierno de nuestro país del programa “Quédate en México”, instrumentado inicialmente durante la administración del presidente López Obrador (2018-2024) y el primer gobierno de Trump (2017-2021), y ahora, lamentablemente, recientemente restablecido. Este programa obliga a los solicitantes de asilo de cualquier parte del mundo a esperar en territorio mexicano mientras se resuelve su caso en los EE. UU., por lo que se ha expuesto a miles de migrantes a esperar en condiciones precarias y con altos riesgos de violencia en las ciudades fronterizas mexicanas.

El papel de la Guardia Nacional en el control migratorio en México no es un tema menor. Si de por sí desde la administración anterior se habían generado críticas en razón de la violación permanente de los derechos humanos de los migrantes en que habían incurrido, ahora preocupa más su proceder. Por ejemplo, Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han señalado que la militarización de las fronteras de México no es la solución, ya que ha derivado en el uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional.

Además, en virtud del incremento masivo de deportaciones a América Latina con operativos migratorios más agresivos, organizaciones como Human Rights Watch (HRW), el Instituto de Política Migratoria (MPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido que el número de deportaciones podría alcanzar niveles históricos, lo que generará una crisis humanitaria de gran magnitud en toda la región.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), para el caso de México, se tiene registro que del 20 de enero al 5 de febrero de este año, 10,640 personas habían sido deportadas a nuestro país, de las cuales, 8,119 eran mexicanas y 2,521 pertenecían a otras nacionalidades. Esta situación ha agravado las dificultades que enfrentan los repatriados en su intento de reinsertarse a nuestro país, donde se ven no solo expuestos a barreras laborales y discriminación, sino a graves problemas económicos y violación de sus derechos humanos.

Hasta hoy, el papel del gobierno de México en la gestión migratoria ha contribuido relativamente a paliar los efectos de las políticas restrictivas que ha impuesto el presidente Trump. Tal es el caso del impulso del programa “México te Abraza”, que pese a sus tres pilares de apoyo a la repatriación, cuenta con un presupuesto, por mucho, insuficiente, y una infraestructura deficiente en el ofrecimiento de servicios.

Ante la andanada de acciones inhumanas ejercida por la actual administración de los EE. UU. contra el flujo de migrantes, es imperativo encontrar en el gobierno de México la vía de garantizar una buena relación bilateral con el vecino del norte, pero también de salvaguardar el respeto de nuestros connacionales y de todas aquellas personas que buscan una mejor vida allende sus fronteras.

Si bien el gobierno de México ha tratado de mantener una postura firme en la defensa de los migrantes, la dependencia económica y comercial con los EE. UU. ha condicionado esa postura. Por ello, es fundamental realizar las siguientes acciones a través del gobierno de México:

1. Exhortar a los organismos multilaterales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Organización de los Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas, la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y la Alianza del Pacífico a promover la unidad latinoamericana y articular una respuesta regional en defensa de los derechos de los migrantes.
2. Reforzar la cooperación con instancias internacionales como la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CNUDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para identificar los mecanismos de defensa y denuncia frente a las medidas que vulneren los derechos de los migrantes.
3. Buscar la realización de una sesión extraordinaria en la OEA para rechazar la criminalización de la migración.
4. Fortalecer la red consular mexicana en los EE. UU. para que pueda brindar asistencia legal a los afectados documentando violaciones a sus derechos y apoyando demandas contra medidas que los perjudiquen.
5. Denunciar oportunamente la detención, cuando sea el caso, de migrantes mexicanos en Guantánamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
6. Averiguar alternativas legales para la permanencia de los migrantes en los EE. UU. ante la suspensión de programas como DACA y CBP One. Promover la negociación de visas humanitarias para quienes tengan lazos familiares o laborales en ese país.Una de las mayores preocupaciones de los connacionales en suelo estadounidense es la retórica antiinmigrante del gobierno de Trump. Para ello, es necesario:
7. Proponer al gobierno de México que se despliegue una estrategia de comunicación en medios estadounidenses para visibilizar el impacto positivo de la migración mexicana. Esto incluye alianzas con periodistas e influencers, así como campañas digitales en inglés y español con testimonios de migrantes mexicanos exitosos.
8. Financiar investigaciones en universidades mexicanas y think tanks en los EE. UU. para generar permanentemente evidencia de las contribuciones económicas y sociales de la comunidad migrante mexicana.En el ámbito legislativo, se debe:
9. Fomentar, periódicamente, reuniones interparlamentarias con congresistas estadounidenses y/o canadienses para retomar los espacios de diálogo suspendidos desde 2017. Estas reuniones permitirán discutir temas clave como la protección de menores no acompañados, exhortar para la realización de campañas contra la xenofobia y fortalecer la colaboración legislativa en materia migratoria bilateral o trilateral.
10. Impulsar encuentros en el marco del PARLACEN y PARLATINO para construir posturas unificadas ante las políticas antimigratorias de los actores trascendentales de los EE. UU.
11. Fomentar la reforma y/o elaboración de leyes nacionales que garanticen la protección y reinserción de migrantes mexicanos repatriados.Finalmente, en el ámbito partidista, se propone:
12. Promover y adaptar, en todas las presidencias municipales de Movimiento Ciudadano, el programa “Jalisco con los brazos abiertos” del actual gobierno de Pablo Lemus, que busca integrar a los jaliscienses repatriados al mundo laboral ofreciéndoles albergues y centros de acopio, así como servicios de salud, educación y alimentación.
13. Exhortar a que los diferentes órdenes de gobierno partidista coadyuven en la reinserción de menores repatriados en centros DIF, como lo está haciendo Capullos en Nuevo León, para garantizar su protección integral.
14. Identificar las Casas Ciudadanas Naranjas en los lugares con mayor retorno de mexicanos migrantes para que funjan como centros de apoyo y asesoría legal según las necesidades específicas de cada región.
15. Organizar espacios de diálogo permanente con connacionales para escuchar sus necesidades, capacitarlos en derechos consulares e impulsar estrategias que fortalezcan la agenda migratoria y de política exterior de Movimiento Ciudadano.

El endurecimiento de la política migratoria de los EE. UU. bajo la administración Trump ha tenido un impacto profundo en la comunidad migrante mexicana. La respuesta del gobierno de nuestro país ha sido insuficiente en muchos aspectos, pero existen propuestas viables que pueden mejorar la situación de los repatriados. No es momento de actuar con tibieza, sino con determinación y unidad para garantizar el bienestar de quienes han sido obligados a regresar a un país que, para muchos, se ha convertido en una tierra desconocida en la que ellos se sienten como extranjeros.