Ley General de Cultura y Derechos Culturales

“Este catálogo de derechos es una reivindicación de la diversidad cultural de México”

El pasado 28 de abril, último día del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura, se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, un día después de que la misma pasara en el Senado. Este ordenamiento, el primero en su tipo en la historia de México, cuenta con 42 artículos y obtuvo una votación de 366 a favor, 2 en contra y 1 abstención, además de una reserva en materia de presupuesto que fue desechada.

Para ofrecer a nuestros lectores un panorama sobre los alcances de esta nueva ley, El Ciudadano platicó con el diputado Jorge Álvarez Máynez, miembro de la bancada de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, quien interpuso esa única reserva a la ley en el Congreso.

¿De qué se trata la nueva ley de cultura?

“Para empezar, es la primera vez que existe una Ley General de Cultura en México. Esa es la primera cosa que la hace importante, porque lo primero que aportan las leyes (y esta es la razón por la que nosotros votamos a favor) es una definición de las aspiraciones y los acuerdos de una sociedad, de hacia dónde se quiere avanzar: son el reflejo de las expectativas compartidas.

Esta ley general contó con la participación de mucha gente de la sociedad civil. Hicimos audiencias y foros en distintos estados de la República con creadores, promotores culturales, académicos, etcétera. Creo que un primer consenso que logró la ley está en su nombre mismo: es una ‘Ley General de Cultura y Derechos Culturales’, es decir, el enfoque fundamental es el de los derechos culturales, que es una derivación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011.

¿Qué significa que en la ley se hable de ‘derechos culturales’? Que es el ciudadano el que está en el centro y no las instituciones del Estado. Este es el primer triunfo. ¿Cuáles son estos derechos culturales que están ahora reconocidos por ley? Hay un catálogo amplio: la pertenencia, por ejemplo, a una o más comunidades culturales, a una o más identidades culturales; el derecho a comunicarse y a recibir información en cualquiera de las lenguas nacionales. Hay que recordar que México es un país plurilingüístico y pluricultural. Este catálogo de derechos es el primer reconocimiento que reivindica la diversidad de México. Esto permite, también, acabar con el enfoque en el que las instituciones y las autoridades dicen: ‘vamos a llevar la cultura a todos lados’, que es una tontería, o cuando dicen: ‘ahí está la comunidad cultural’, refiriéndose a los creadores y a los artistas. Ese tipo de enfoques no están en esta ley porque una comunidad cultural es cualquier grupo de personas que se junten a generar un proceso humano. La cultura sucede en cualquier encuentro entre seres humanos. Decía Octavio Paz: ‘un mundo nace cuando dos se besan’, bueno, la cultura nace cuando dos se encuentran, y eso es lo que reconoce esta ley. Nuestra inspiración es la Declaración de Friburgo, una declaración internacional sobre derechos culturales que justo acaba de cumplir una década de haberse signado.

Creo que la otra definición importante de la ley es la de política cultural, y es un buen norte para las instituciones del Estado mexicano. Vienen también una serie de enfoques de colaboración y de organización, como la Reunión Nacional de Cultura, que integrará a las dependencias estatales en la materia con la Secretaría de Cultura para tener una coordinación, un trabajo en conjunto”.

¿A qué se debió la reserva en cuestión de presupuesto que presentaste?

“En el tema de presupuesto a la cultura hay dos grandes tradiciones en el mundo: una es la tradición francesa con una gran intervención del Estado, con muchos recursos públicos en la cultura, y otra es la tradición anglosajona, mucho más cargada hacia los mecenazgos privados, orientada hacia las industrias creativas en su acepción más elemental y sin el aliento del Estado.

La definición primaria del Estado mexicano desde Ignacio Manual Altamirano y muchos otros personajes de la vida pública de México fue la tradición francesa: una alta inversión en cultura que en su momento Gabriel Zaid llamó ‘la excepción cultural’. ¿Qué quiere decir eso? Que el nuestro era un Estado donde los temas de cultura tenían un trato aparte: aun cuando hubiera austeridad o problemas en el país, había una apuesta por la cultura que no se tocaba desde el punto de vista presupuestal e institucional, había una amplia apuesta pública por la cultura. Esto se ha ido desmantelando fundamentalmente en el sexenio del presidente Peña Nieto: hace dos años, el presupuesto en cultura era de 18 mil 500 millones de pesos; pasamos en dos años a 12 mil 500. En términos reales, descontando la inflación, es una reducción de más del 40%, enorme para algo que sucedió en sólo dos años.

Por eso queríamos poner una cláusula que obligaba al gobierno de la República a cada año aumentar su inversión en cultura, a no seguir con estos recortes, a frenarlos, que además es muy necesario en un país en el que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le da la facultad al gobierno discrecionalmente de modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, algo que no sucede ni en países más presidencialistas. En Estados Unidos, por ejemplo, si el presidente quiere hacer alguna modificación importante al presupuesto, tiene que avisar y tener la autorización del Congreso (esto le acaba de pasar a Trump, y no se lo autorizaron). En México hay una disposición que se llama ‘reconducción presupuestaria’ que desoye esta facultad de la Cámara para orientar el presupuesto. Por eso queríamos meter este compromiso presupuestal que no fue aceptado, lo bloqueó particularmente el PRI”.

¿Cómo hacer para bajar el espíritu de la ley,lo que tú defines como “aspiraciones de un país”, a la realidad?

“Para empezar, publicando la ley. El presidente no ha hecho ni eso, parece que el tema cultural nunca ha sido su prioridad. Y después, el reglamento puede tener una verdadera interpretación correcta de la ley y traducir ahora sí todo el trabajo de las instituciones en políticas públicas concretas. Es decir, en vez de que cada uno de los organismos del sector cultural del país tenga sus propios objetivos, lo primero que se esperaría es que el reglamento sirva para realinear esos objetivos según las nuevas definiciones de derechos culturales, de política cultural, y reorientarlos todos hacía ahí: los del INBA, del INAH, del FONCA, en fin.

Creo también que hace falta una labor de pedagogía con los ciudadanos. Conforme se ganan batallas legislativas donde se crean nuevos derechos, lo más importante es el uso de estos. Fernando Elizondo, un servidor público al que admiro, pone el ejemplo de la bicicleta para hablar de esta manera de ser ciudadanos: si tú no le pedaleas a la bicicleta, pues no avanza, y es la única forma de avanzar. La ley es la bicicleta, lo que tenemos que hacer es utilizarla. Por ejemplo, dar batallas jurídicas a través de la ley: nosotros acabamos de demandar a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados que se negó a aprobar un punto de acuerdo que nosotros planteamos para traducir todos los sitios WEB del gobierno de México a lenguas indígenas, diciendo que ese sector de la población no tiene la costumbre de leer. Eso es violatorio de la Constitución, es discriminatorio, pero además sería violatorio de la Ley General de Derechos Culturales. Sería muy importante que la gente empiece a usar esta ley para litigar asuntos de este tipo, que se use esta bicicleta tanto por la vía institucional, del Estado, del gobierno en políticas públicas, como de los ciudadanos para exigir sus derechos”.

¿Cómo avanza esta ley en temas como la centralización de la cultura y la valorización de las culturas originarias?

“El tema de la valorización de las culturas es uno de los grandes enfoques de la ley, y es una de las principales razones por las que nosotros la aprobamos. Hay un reconocimiento a la identidad cultural que cada quien quiera tener y pueden ser una o más, es decir, tú puedes ser al mismo tiempo wixárika y mexicano; puedes pertenecer a ambas comunidades y tener los beneficios de ambas culturas expresados en instituciones, en derechos. Incluso yo creo que la ley es perfectamente compatible con los acuerdos de San Andrés y con todo el enfoque de interculturalidad que se hizo en ese momento y que es un compromiso que el Estado mexicano ha ido abandonando paulatinamente.
El tema de la centralización creo que no se puede resolver por ley. Aunque aquí se abona a la solución desde la creación de derechos y el reconocimiento al carácter pluricultural del país, creo que el tema es también de políticas públicas y que es muy difícil, pues la concentración no solamente es en la Ciudad de México y en el centro del país: yo he dicho muchas veces que si se hiciera un estudio de quiénes son beneficiarios del FONCA, estoy seguro de que el 90% se concentra en tres o cuatro delegaciones de la Ciudad de México, ni siquiera en toda la Ciudad de México. Te aseguro que no vas a encontrarte como beneficiarios del FONCA a personas de Milpa Alta, de Iztapalapa, al menos no masivamente. Seguramente la mayoría son personas radicadas en Benito Juárez, en Coyoacán, en Miguel Hidalgo, en la Cuauhtémoc, básicamente, y agrégale algo alrededor. Cuatro o cinco delegaciones de un país deben de concentrar el presupuesto, las becas, los beneficios de la política cultural. Esto es una cosa tonta, errónea, que hay que ir descentralizando. Un esfuerzo ha sido el de los festivales, aunque eso ya se desvirtuó: hoy todo mundo hace conciertos y cree que eso son festivales aunque no contribuyen a la formación de públicos. Creo que hay que tener más ideas de cómo ir descentralizando los procesos culturales”.

¿Qué opinas de las críticas que se le han hecho a la ley?

De todas las leyes que me ha tocado ver como legislador, creo que es la que más trabajo ha costado, la que más foros, audiencias, ponencias, documentos tuvo. No creo que se haya trabajado apresuradamente, quien diga eso está mintiendo, por supuesto. Creo que ahí hay una confusión: por un lado, siempre va a haber gente con visiones de pequeñez frente a los problemas del mundo, que prefiera reivindicar su pureza y sus propias vanidades que los derechos de los demás. Hay gente que está más concentrada en verse en el espejo que en serle útil a la gente que tiene problemas graves de acceso a la cultura. También creo que muchas de las críticas provienen de gente que realmente no leyó la ley, creo que a algunos les hace falta fundamento. Otros son reclamos justos de gente que empujaba cosas más sólidas, más profundas. Diferenciaría cada una de las críticas.

A la gente que buscaba cosas más profundas, lo que yo le he dicho es que era muy difícil que con un gobierno como este, que no se interesa por la cultura, lográramos más cosas, porque ellos querían hacer toda una reformulación de políticas públicas. No creo que las leyes deban hacer eso. Creo que las leyes deben ser generales y dar a los gobiernos la posibilidad de reestructurarse, pero además, creo que algo que hay que entender en México es que no puedes cambiar el país tratando de cambiar el pacto político sin cambiar antes el pacto social. Por ejemplo: cuando se habla de que México necesita una nueva Constitución, yo digo: con estos diputados, ojalá que no, porque son muy de derecha, muy obtusos, muy de la impunidad. Primero hay que conformar un movimiento social que cambie la correlación política y después cambiar la Constitución. Los progresistas son absoluta minoría en la Cámara de Diputados, creo que es muy valioso que hayamos podido ganar tanto estando en una profunda desventaja. Si hubiéramos logrado lo mismo en otros temas, digamos, el energético, creo que estaríamos festejándolo, pero a veces hay tanta vanidad que no se logra ver incluso cuando ganamos batallas.