La incertidumbre de los mexicanos deportados

¿Qué ocurre cuando  los migrantes deportados ingresan a nuestro país?

El constante flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos es un fenómeno que adquiere condiciones especiales por muchas razones, entre ellas, el hecho de que poco más de 12 millones de personas residentes en Estados Unidos nacieron en México y se trasladaron hacia ese país.

Los migrantes mexicanos son un factor que sobrepasa la influencia de un sólo gobierno para convertirse en un elemento ineludible de la agenda bilateral y, más aún, como parte de una estructura social que ambos gobiernos deben abordar desde una perspectiva diferente.

En efecto, la comunidad mexicana migrante que reside en Estados Unidos no sólo posee la fuerza que su carácter le otorga sino le suma un valor adicional, que es un importante peso económico traducido en la principal fuente de divisas para nuestro país a través de las remesas y, de aquel lado de la frontera, por el impacto laboral y la actividad y contribución económica que realizan.

Lamentablemente, no se ha valorado su influencia política, económica, social y cultural en ambos lados de la frontera. Por el contrario, actualmente es utilizada como carta de negociación para presionar y generar condiciones electorales favorables para los gobiernos en turno.

Lo anterior se traduce en violación a sus derechos humanos, discriminación, explotación e inseguridad laboral y legal, cuando sus condiciones, derivadas de su aportación al desarrollo de México y de Estados Unidos, serían motivo suficiente para recibir un trato distinto.

Hoy vemos que en estados Unidos al migrante se le criminaliza y persigue, se le detiene y deporta. En México, se le recibe y olvida. Lo que no debemos olvidar es que la deportación es el ejercicio de un derecho soberano. Deportar significa obligar a un extranjero a salir del territorio de un país cuando no reúne los requisitos legales y migratorios necesarios que permitan su permanencia. Es una medida que adopta el gobierno de un país con el propósito de sacar de su territorio a aquellas personas que no cumplen con las normas establecidas en sus leyes internas.

En el caso de los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos, la deportación es una medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos contra aquellos extranjeros que no cuentan con los documentos que exigen las normas de dicho gobierno y que, como consecuencia, determina enviarlos a su país de origen.

Bajo esta política, en los últimos cinco años un millón 372 mil 883 mexicanos fueron repatriados desde Estados Unidos, aunque la cifra anual ha ido en descenso: conforme a datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, mientras 369 mil 492 mexicanos fueron retornados en 2012, para 2015 la cifra disminuyó a 207 mil 398.

En 2016, se deportaron a 219 mil 932 personas y en el primer mes del año, el número de connacionales repatriados de Estados Unidos a México se ubicó en 12 mil 024 personas hasta llegar a cerca de 60 mil en el primer semestre.

Esto es lo que ha venido realizando el actual gobierno norteamericano. Pero, ¿qué ocurre cuando los migrantes deportados ingresan a nuestro país?
En términos llanos lo que vemos es que el gobierno mexicano no cuenta con una política integral para recibir a los migrantes mexicanos repatriados.

Cuando ingresan a México, los mexicanos deportados reciben una constancia de repatriación que les sirve como documento de identidad temporal, además de documento necesario para acceder a los programas que ofrece el gobierno.

Reciben también asesoría de vinculación laboral y simbólico apoyo económico. En otras palabras, el apoyo tangible para las personas deportadas de estados Unidos consiste en un boleto de autobús y hasta 2 mil 400 pesos de apoyo del gobierno federal para que busquen trabajo y se reinserten socialmente, aunque suele ser utilizado para intentar de nuevo cruzar la frontera.

El propio Servicio Nacional de Empleo (SNE), dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), reconoce que cuentan con insuficiente soporte económico y de seguimiento a la situación de los repatriados, que queda en un apoyo limitado de auxilio mediante programas como Somos Mexicanos, que se presenta como un programa que busca un regreso “digno, productivo y benéfico”.

En el fondo del problema de atención a los mexicanos se encuentra la falta de voluntad del gobierno federal por establecer una amplia estrategia de atención a los repatriados que, más allá del cumplimiento de los programas, despliegue una política integral para recibirlos, atenderlos y darles opciones reales de reinserción.

Por ejemplo, tan sólo en 2016, cuando ya veíamos venir el problema, el Servicio Nacional de Empleo recibió un presupuesto de mil 726 millones de pesos y para 2017 disminuyó a 945 millones, es decir, sufrió una reducción del 45% en la plena aplicación de la política migratoria de Donald Trump.

En este contexto, quienes son deportados de Estados Unidos enfrentan entre otros problemas, dificultades para conseguir empleo, una identificación, la desconfianza y discriminación de los empleadores, y la desigualdad salarial entre México y Estados Unidos. En ocho horas de trabajo en el vecino país del norte, con un salario de ocho dólares con diez centavos, un mexicano gana lo que recibe aquí como apoyo gubernamental para encontrar empleo. Evidentemente, no hay un seguimiento visible de los casos.

Por ello, dentro de una política integral de atención a los migrantes mexicanos repatriados, deben contemplarse acciones efectivas que no sólo permitan un retorno digno sino una reinserción real que permita el aprovechamiento de su experiencia y capacidades en alguna actividad productiva.
En el ámbito internacional se reconoce dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el principio denominado “Derecho de Retorno”, que protege la capacidad de retorno e ingreso al país de origen y adquisición de la nacionalidad, siempre y cuando sea aceptado por la constitución del país.

Actualmente, 36 países cuentan con leyes con capacidad de retorno que les permite incentivos para enfrentar un escenario adverso, como el caso de España que otorga un apoyo mensual de subsidio por desempleo de 426 euros aproximadamente, durante seis meses, prorrogables por otros dos periodos de igual duración, hasta un máximo de 18 meses.

Frente a la hostilidad del gobierno de Estados Unidos hacia los mexicanos migrantes necesitamos mirar desde una perspectiva diferente la problemática que permita que el diseño de la estrategia de atención y protección de los mexicanos tenga como objetivo un retorno ordenado y seguro, que les permita además obtener empleos definitivos o temporales y facilidades para la inversión de sus ahorros en proyectos productivos, así como exenciones tributarias y acceso a programas sociales, de salud, vivienda y educación.