Luis Gutiérrez Rodríguez
Hemos insistido durante años en la necesidad de que en México se instaure, constitucionalmente, la figura del plebiscito popular revocatorio, para medir (y sancionar con la interrupción del mandato conferido) la eficacia o ineptitud de quienes han aceptado la responsabilidad del ejercicio del poder público en cualquiera de sus expresiones.
Los resultados del plebiscito irían acompañados de la consiguiente sanción ciudadana: la ratificación o revocación del mandato. Trátese del mandato otorgado en las urnas (que sería el caso de los funcionarios electos) o del concedido por nombramiento simple en el seno de la alta burocracia gubernamental.
A la luz de lo que ocurre hoy en México, ¿qué tan amplia y profunda debiera ser esa reforma que, cual gigantesca escoba, barriera la inmundicia que hoy bloquea todas las vías del desarrollo nacional?
En una primera instancia, la medida sería para alcaldes, gobernadores y el presidente de la república. Sin embargo, debiera examinarse la posibilidad de que, posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso el Poder Legislativo dignificaran su autonomía mediante la depuración periódica de sus cuadros incompetentes: ministros, presidentes de tribunales, jueces, diputados y senadores. También podrían ser alcanzados los integrantes en primera línea del gabinete presidencial (de oficiales mayores hacia arriba) y de los gabinetes estatales.
¿Y por qué no también el Instituto Nacional Electoral y sus consejeros, que duran en el encargo hasta nueve años? ¿Y las Secretarías de Seguridad Pública de los estados, las aduanas fronterizas, las agencias del Ministerio Público, los numerosos cuerpos (municipales y estatales) que hay en todo el país, el sistema penitenciario…?
Todo este utópico planteamiento sería innecesario si hace décadas “los gobiernos emanados de la Revolución” simplemente se hubieran preocupado por cumplir y hacer cumplir la Constitución. Jueces de su propio encargo, han propiciado complicidad, corrupción e impunidad asfixiantes.
En una democracia auténtica, las elecciones limpias y transparentes, con jueces electorales confiables, serían más que suficiente garantía de una representación popular confiable y responsable.
No ocurre así en México, donde durante muchos años el abuso del poder y la corrupción gubernamental, solapados por un partido político indefendible, han ido abonando con estiércol la cultura de la suspicacia.
Consulta popular, referéndum, plebiscito con revocación de mandato para los malos funcionarios, son instrumentos legítimos de defensa y castigo de una ciudadanía una y otra vez engañada, ultrajada por sus gobernantes.
Serían antídotos saludables para restaurar la confianza en la política o paliar, al menos, la repulsa ciudadana.