Elías Cárdenas Márquez
Las candidaturas independientes en el México de hoy renacen legalmente mediante la reforma al artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma fue aprobada por el porcentaje exigido de las legislaturas de los estados, y por lo mismo es vinculante para las 32 entidades que conforman el país. Por lo anterior, los aspirantes a candidaturas independientes están obligados a cumplir con el mandato constitucional y, desde luego, con lo prescrito por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, reglamentaria de la disposición constitucional, que las acomodó en el Capítulo Octavo, y comprenden del artículo 357 al 439, otorgadas a ciudadanos que aspiren lograr un cargo de elección popular sin el apoyo de ningún partido político. La modificación sustancial fue la de agregar al citado precepto constitucional que cualquier ciudadano tiene “el derecho de solicitar su registro de manera independiente y que se cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”.
El camino histórico de las candidaturas independientes es reciclado. Inicia desde la etapa preindependiente en las llamadas Cortes de Cádiz (1812) y llega a nuestros días a partir del año 2007, cuando se introducen en la legislación electoral del estado de Yucatán y son aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consolidándose en la reglamentación tardía de las mismas por el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En el México moderno destacan la Ley Madero, porque en l9ll el presidente Francisco Ignacio Madero las incluye en la ley electoral; en l920 son impulsadas por el gobierno de Adolfo de la Huerta, y en l946 el presidente Manuel Ávila Camacho las deshabilita. Es hasta los años sesenta del siglo pasado cuando vuelven a germinar, en casos aislados pero significativos, y se encienden las luces para el nuevo tramo de esta clase de candidaturas.
Pero no solamente se trata del basamento legal –vía intrincada, inequitativa y desventajosa plasmada en la reglamentación electoral– y su pasado histórico. El mayor peso lo adquieren los escenarios político y social, que pueden tener la recuperada opción dirigida –en el mejor de los casos– a lograr el empoderamiento ciudadano en las elecciones a todos los niveles, debido a la desconfianza y alejamiento del tradicional sistema de partidos políticos y al desprestigio del pasado régimen hegemónico (gobiernos priistas en su totalidad) que prevaleció muchas décadas atrás y que actualmente está en graves dificultades con el retorno priista. Las candidaturas independientes fueron una respuesta a la crisis de la naciente democracia mexicana que despuntó con las reformas legales al sistema político en los años 1996 y 1977, y que funcionaron como válvulas de escape para atemperar el descontento de las nuevas generaciones de ciudadanos.
En las pasadas elecciones del 2015 sólo seis candidatos –un gobernador, un diputado federal, uno local y tres presidentes municipales– obtuvieron triunfos mediante esta vía. Para los pesimistas un resultado raquítico, para los pragmáticos un buen inicio.
Actualmente el tema principal es el de las firmas que se exigen, así como el registro electrónico. En el caso de los aspirantes a la Presidencia de la República, para hablar sólo del más emblemático, se requieren 866,593 firmas de apoyo de ciudadanos con credencial electoral por lo menos en 17 estados. Para alcanzarlo se necesitan 33 millones de pesos y una estructura de cientos o miles de personas, al margen de que el sistema electrónico creado por el INE que, según los más aventajados recaudadores de firmas, no ha funcionado correctamente. Los 120 días que se conceden para lograr el objetivo parecen no ser suficientes, y hay un rezago que con el paso del tiempo se va acumulando en detrimento de obtener la candidatura. Tal vez por esta razón el INE se anticipa para conceder sólo dos espacios en la boleta electoral.
Además de la enmarañada ruta para los aspirantes, plena de requisitos, condiciones, términos, sanciones y obligaciones prescritas por la ley, sobre tales candidaturas pesan muchas dudas, ignorancia y desconfianza. Entre otras, que sean sólo anzuelos para dispersar el voto, que grupos de interés económico o financiero estén detrás, que sean apoyados con financiamiento del narcotráfico, etcétera. Candidaturas independientes: ¿misión imposible?.