En América Latina existen más de 20 organismos de integración regional. Cubren los temas más diversos: economía, finanzas, integración comercial, social, seguridad, diplomacia, salud, medio ambiente, comercio, comunicaciones, ciencia, tecnología, energía nuclear, educación, recursos humanos y migración, entre muchas otras. Unos son ofensivos y otros defensivos. Pocos son activos. Falta liderazgo. Hay confusión y desaliento en el cumplimiento de sus metas. Carecen de financiamiento apropiado. Sin embargo, muchos de estos organismos son optimistas. Algunos incluyen a Estados Unidos en su estructura, en el diseño de sus objetivos y políticas o en sus consejos. Otros, como la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL) y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), lo excluyen, defienden su autonomía y su independencia.
La Organización de Estados Americanos (OEA), con 69 años de antigüedad y 35 Estados miembros, es el más antiguo. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con nueve años y una membresía de 33 Estados, es el más joven.
La OEA, que se iniciara como una oficina comercial, a fines del siglo XIX, se transformó en una de las instituciones creadas y estimuladas por Estados Unidos. La CELAC excluye la participación del Departamento de Estado, se define como promotora del desarrollo integral de la región y se proclama defensora de los intereses de América Latina y el Caribe, de sus países, sus estados y sus gobiernos.
Después de un largo período de formación, la OEA se aprobó en Bogotá, en 1948. La CELAC inició sus primeros contactos, auspiciada por Brasil, en 2008, y se consolidó en Playa del Carmen, Cancún, México, en 2010. La primera se llevó seis décadas para definir sus objetivos y despegar, la segunda, dos años. Incorporó al Grupo de Río, algunas ideas del SELA y las experiencias de otros organismos de la región.
Simón Bolívar, que imaginó la integración de América Latina en el Congreso de Panamá y la claridad visionaria de José Martí, que advirtió las amenazas del destino manifiesto del norte, son dos ejemplos notables de pensadores que se adelantaron a su época. Uno se percató de las amenazas del “América para los americanos” y otro vivió en carne propia la expansión imperial en la lucha por la independencia de su patria.
Estados Unidos se adelantó al crear, en 1890, la Primera Conferencia Internacional Panamericana, en Washington, y la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas.
Pasaría un buen número de Conferencias para que, 60 años después, durante la celebración de la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, en 1948, se adoptara la Carta de la Organización de Estados Americanos, firmada por un gran número de dictadores. También se creó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La OEA sería, de acuerdo con sus documentos básicos, un “foro político para la toma de decisiones, en donde se trabajaba para fortalecer la paz, el diálogo multilateral, la integración de América Latina, la seguridad; para consolidar también la democracia, promover los derechos humanos y apoyar el desarrollo social y económico, favoreciendo el desarrollo sostenible en América o las Américas”. Sin embargo, era un reto difícil de cumplir en la década del macartismo y la búsqueda de comunistas debajo de cada cama. La paranoia condujo a las dictaduras de la década de los cincuenta, en la República Dominicana, Haití, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Uruguay, Colombia, Honduras, Cuba, Bolivia, Argentina y Ecuador, entre otros. En contraste, la década cerraba, en 1959, con la entrada a La Habana del ejército victorioso de Sierra Maestra.
Pero, como el cambio es la constante de nuestro tiempo, la conducta frente a los nuevos retos, la imprecisión de los objetivos sobre temas económicos y sociales y la indefinición en temas políticos, obligó a nuevas reuniones, conferencias y protocolos. Era necesario analizar los cambios de políticas y sistemas del mundo, y los intereses de Washington. A esto parecían responder cuatro protocolos: el de Buenos Aires (1967), Cartagena de Indias (1985), Washington (1992) y Managua (1993).
El Protocolo de Buenos Aires (1967) permaneció vigente por casi 20 años. Tiempo en el que se aplicaría la integración militar, identificada por la Operación Cóndor, diseñada con el objetivo brutal de eliminar a los disidentes de las dictaduras de los países del cono sur, cambiar la ideología política y cultural de los latinoamericanos, combatir al pensamiento progresista de izquierda, eliminar la conciencia crítica y, junto con ello, las ideas promotoras de la justicia social.
Las décadas de los sesenta y setenta determinaron la naturaleza de los eventos de los siguientes cincuenta años. La OEA, con “distraída indiferencia”, cumplía sus objetivos y aprobaba el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), cuyo propósito, en teoría, era “enfrentar los ataques armados contra cualquier Estado miembro y conjurar las amenazas de agresión contra cualquiera de ellos”. México votó en contra y cinco países se abstuvieron. La realidad es que tuvo otro propósito, se ejecutó selectivamente. Se inclinó en favor de Reino Unido, en el caso de las Malvinas y a favor de Estados Unidos en el golpe de Estado, el bombardeo de La Moneda, el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende.
La presión externa promovía la degradación de la rectoría del Estado mediante la militarización, los golpes de Estado y la eliminación de las instituciones públicas. Se buscaba no sólo el adelgazamiento del Estado sino, en algunos casos, su desaparición. A esto seguían los programas de privatizar, descentralizar, liberalizar y desregular. Así, con el ejército y el sector privado al frente, desdibujar la ideología del Estado era el camino necesario para aceptar la dependencia y la globalización. Su misión era “desarmar, desestructurar, desmontar el contrato social del estado de bienestar e imponer el neoliberalismo”.
Sin embargo, la crisis obligó a la ONU a cambiar las reglas económicas y políticas. Lo más importante fue el acuerdo de que “cada país debería definir su propia estrategia económica y promover los cambios internos de carácter institucional”.
Esta decisión estimuló al gobierno de México a impulsar, con éxito, la propuesta de ampliar a 200 millas el mar patrimonial, para beneficio de los países no desarrollados. De igual manera logró, en 1974, que la ONU aprobara la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, creando un nuevo sistema de relaciones económicas internacionales basado en la equidad, la igualdad, la soberanía y la independencia. Al mismo tiempo, promovió la creación del SELA sin la participación de Estados Unidos y la inclusión de Cuba. Y, en1979, nació la COPPPAL.
En 1985 se adoptó el Protocolo de Cartagena de Indias que hizo énfasis en reafirmar la voluntad soberana de los Estados de acudir a los foros que más les convinieran, de acuerdo con sus intereses y cuando lo consideraran necesario.
Esta posición radical cambió el espíritu y la letra original de la Carta de la OEA. Sin embargo, aprobaron un agregado al artículo 8 (Bis) sobre la suspensión de un Estado miembro, que dice textualmente: “cuyo gobierno democrático constituido sea derrocado por la fuerza, podrá ser suspendido del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General”.
México expresó su rechazo a la posibilidad de conceder a la OEA “poderes supranacionales e instrumentos de intervención en los asuntos internos de nuestros Estados”. Sostuvo, además, que “no es por la vía del aislamiento, suspensión o exclusión, que se puedan preservar o fortalecer las democracias de los países de América Latina”.
El desplome del sistema socialista soviético, en 1989-1991, destacó el triunfo del sistema capitalista, tema que coincidió con la caída de los precios del petróleo. En 1991 nació El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Tratado de Maastricht consagraba la Unión Europea. En 1993 se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. El 23 de marzo de 1994 fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México y expresidente de la COPPPAL. Los últimos dos años del siglo XX terminaban en la absolución del presidente Clinton en Estados Unidos y la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela. Se iniciaba una nueva etapa en la historia de América Latina.
El siglo XXI fue de sorpresas. La explosión demográfica recibió al nuevo siglo con 7 mil 500 millones de habitantes en la aldea global. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos fue víctima de un acto terrorista que dejó casi 3 mil muertos y una cicatriz que no cierra. En 2002 el presidente Hugo Chávez fue víctima de un golpe de estado, también los venezolanos mantienen una herida abierta. En ese año murió el líder palestino Yasser Arafat y el Papa Juan Pablo II.
El siglo XXI se inició con cambios fundamentales, 11 países latinoamericanos eligieron gobiernos liberales, progresistas de centro izquierda, en franca oposición a los principios neoliberales esgrimidos por Washington: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Guatemala, Venezuela y Uruguay encabezaban el nuevo rumbo apenas imaginado por los países del continente.
La OEA continuó el desprestigio mediático en contra del gobierno de Venezuela. Los secretarios generales de la OEA, disciplinados, enfocaron sus mejores esfuerzos de negociación para sancionarlo. El secretario general, con la autoridad de su puesto, llegó al extremo de simular su “renuncia” “a cambio de la libertad de Venezuela”.
Sin embargo, el apoyo de los países progresistas fue determinante para evitar la sanción. Los dirigentes de la OEA fracasaron al no obtener “el consenso necesario para intervenir en los asuntos internos de un país soberano”, como está establecido en la propia OEA. El resultado se considera un triunfo de la diplomacia bolivariana y de la mayoría progresista de los miembros de la CELAC.