La agenda de las mujeres en materia de violencia de género no se compone sólo de pliegos petitorios, las mujeres de todo México han propuesto una serie de acciones que los gobiernos no han querido poner en marcha
México sufre una de las olas de violencia contra las mujeres más marcadas en los últimos años. Si nos aterraba el tema de las desapariciones de mujeres en el norte del país, hoy el terror se intensifica a lo largo y ancho de la República, con un promedio de nueve mujeres asesinadas de forma violenta y un sinnúmero de mujeres desaparecidas, secuestradas y asaltadas sexualmente a diario.
Las cifras oficiales no reflejan la dura crisis de inseguridad que atraviesan entidades del centro del país como el Estado de México o Morelos, por citar un par de ejemplos, y tampoco corresponden a la intensa percepción de peligro que hay en zonas en las que predominan los crímenes en razón de género.
Durante el último semestre se han registrado por lo menos 132 desapariciones, según cifras recaudadas por la sociedad civil organizada en los dos estados mencionados con anterioridad, sumados los homicidios violentos, feminicidios y casos de secuestro documentados, lo cual, aunado a la violencia institucional que condena a las víctimas y recurre a la impunidad como factor preponderante, nos coloca en una situación de alarma nacional.
El tema de la violencia de género no tiene pocos años, sin embargo, se ha intensificado precisamente por la falta de eficacia de las instituciones que ven el tema como un indicador más y no como un grave asunto de salud y seguridad pública. Quienes son garantes, al menos en teoría, de la seguridad de las mujeres y de velar por sus derechos, han tomado un rumbo de conformismo y, por tanto, de omisión, lo que ha provocado que el problema permanezca desatendido y expuesto a la impunidad de manera sistemática.
Las autoridades no actúan con perspectiva de género, no conocen los protocolos que deben implementarse en casos de violencia y, como consecuencia, no actúan de manera correcta; incluso desconocen cómo coordinarse en casos concretos de desapariciones o secuestros. Aunado a lo anterior, los mecanismos de la alerta de violencia de género en varios estados de la República no funcionan, al menos no operan de manera adecuada y en coordinación, por lo que los esfuerzos aislados poco pueden apaciguar la realidad de alerta en la que hoy se encuentra sumido el país.
En todo México, desde el año 2015 se han gestado movimientos de mujeres que exigen un alto a la violencia y la impunidad que nos atacan, mismos que revelan probables soluciones que los gobiernos locales y el gobierno federal no han tomado en cuenta. Sin lugar a dudas, algunas medidas propuestas podrían dar resultados, pues la sociedad civil no sólo ha recabado sus propias cifras, sino que ha implementado sus propias estrategias, pero sin el respaldo del aparato institucional es difícil que permeen. Con esto se busca subrayar que la agenda de las mujeres en materia de violencia de género no se compone sólo de pliegos petitorios, las mujeres de todo México han propuesto una serie de acciones que los gobiernos no han querido poner en marcha, por omisión, por indolencia o porque el patriarcado sigue gobernando. Los motivos pueden ser variados, pero el resultado es el mismo: las cifras siguen creciendo de manera exponencial.
Desde la política pública, las mujeres exigimos medidas de prevención de la violencia que cuenten con presupuestos acordes a la realidad. La implementación de presupuestos con perspectiva de género es indispensable para lograr estrategias integrales a mediano y largo plazo que erradiquen las prácticas de discriminación estructural que perpetúan la impunidad en casos de violencia.
Además, los espacios públicos deben ser cuidados y rescatados para proveer seguridad a las mujeres; es necesario que cuenten con condiciones mínimas como alumbrado y vigilancia para que se pueda transitar libremente. De igual forma, deben atenderse las medidas que comprende la alerta de violencia de género, respondiendo en todo momento a lineamientos y protocolos internacionales ya signados por México.
No podemos permitir que sigan imperando conductas de violencia al abrigo de la indolencia institucional en el tema de violencia en razón de género. Y la exigencia es aún mayor cuando hablamos de la impartición de justicia: necesitamos fiscalías sensibles al tema de género que apliquen esos mismos protocolos, que integren carpetas de manera minuciosa y no generalicen causas de las violencias o las justifiquen a través de actos delictivos no vinculados. No puede ser que se revictimice a las afectadas y sus familiares por la inoperancia y la falta de voluntad para hacer justicia.
El ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen un trabajo pendiente que deben comenzar a realizar de otro modo; los feminicidios, las violencias múltiples en contra de las mujeres y la discriminación los están rebasando, y será la ciudadanía bien organizada la que les recuerde, en las calles y en las urnas, lo que significa gobernar con perspectiva de género.