La agenda bilateral que tenemos que construir con nuestro vecino del norte no puede estar sujeta a chantajes ni a intereses electorales
Pilar Lozano Mac Donald
Presidenta de la Comisión del Mexicano
Migrante
El incremento de detenciones de familias migrantes en la frontera de México con Estados Unidos le aporta al presidente estadounidense, Donald Trump, un argumento más a su necia pretensión de levantar un muro fronterizo y, en las últimas semanas, a la amenaza de cerrar la frontera.
La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que marzo ha sido el mes con la mayor cantidad de arrestos de migrantes en los últimos cinco años, con 92 mil 607 aprehendidos, en comparación con los 66 mil 884 detenidos en febrero pasado (El Universal, abril 10, 2019).
Durante marzo nuestro vecino del norte arrestó o negó la entrada a más de 103 mil personas a su territorio, esto es, un alza del 35 por ciento respecto del mes anterior y más del doble que el mismo periodo de 2018.
Con el endurecimiento de su política antiinmigrante, el presidente de Estados Unidos persiste en su rechazo al ingreso de migrantes, apelando, incluso, la orden de un juez que le prohibió devolver a nuestro país a los solicitantes de asilo de origen centroamericano, calificando además tal decisión de unilateral, con la que una sola corte suspende una ley migratoria y crea una supuesta crisis en la frontera con México.
La relación de México con Estados Unidos ha sido históricamente compleja, con eventos difíciles que han puesto en juego la capacidad diplomática y en riesgo a nuestro territorio, con conocidas consecuencias. Pese a todo, la peor parte la ha llevado nuestro país debido al precio que la vecindad nos cobra, con más de 3 mil kilómetros de frontera compartida, ser el tercer socio comercial de nuestro vecino del norte y el intenso intercambio de mercancías y personas que ocurre diariamente.
La evolución de la relación bilateral ha estado marcada por las importantes asimetrías sociales, económicas y políticas. Del lado de Estados Unidos, los flujos migratorios han encontrado un horizonte de oportunidades que les ha permitido alcanzar una mejora en sus condiciones de vida y la de sus familias y, de manera importante, se han convertido en cimiento de la economía del país con los millones de dólares que envían cada año por concepto de remesas.
Resulta clara también la enorme fuerza laboral y cultural que la comunidad mexicana migrante representa para la sociedad estadounidense.
En el caso de México, los gobiernos vieron en la migración de millones de compatriotas una alternativa para desatenderse de las necesidades de empleo que aquí no se generaban, impulsando incluso programas de migración legal temporal, pero desentendiéndose de su obligación de generar fuentes de trabajo suficientes y del impulso al campo mexicano.
Las consecuencias fueron: dejar a su suerte a los millones de mexicanos que cruzaron la frontera norte; permitir el abuso a los derechos de los migrantes, su criminalización, acoso policíaco y discriminación del otro lado de la frontera.
Tenemos que decirlo abiertamente: Los gobiernos mexicanos se han caracterizado por una permanente actitud complaciente hacia los gobiernos norteamericanos y sus acciones en perjuicio de los migrantes mexicanos.
Reconocemos la única respuesta congruente que ha habido en el actual gobierno federal, la del canciller Marcelo Ebrard, frente a las acostumbradas amenazas de poder de uno de los gobiernos más fuertes del mundo, amagando con cerrar la frontera si México no hace algo por detener a los migrantes que cruzan por territorio nacional con dirección a los Estados Unidos. Sin embargo, no ha sido suficiente.
Frente a las constantes amenazas y ataques públicos de Donald Trump en contra de los migrantes, la respuesta ha sido el silencio del gobierno actual. México y sus migrantes se han convertido en el tema que mayores beneficios genera a los candidatos presidenciales de Estados Unidos en tiempos electorales, particularmente a su actual presidente.
Frente a la escalada de ataques en contra de nuestro país y sus ciudadanos, el gobierno federal debería asumir un papel más activo en la defensa de los millones de mexicanos que residen en Estados Unidos y con los que tenemos una deuda histórica por sus aportes a la economía de ambos países.
Construir un muro o cerrar la frontera tendría costos muy altos para ambos países. En un escenario de cierre de la frontera, por ejemplo, nuestro país resultaría el más afectado, si consideramos que para Estados Unidos el comercio con México representó apenas el 13.6 por ciento de su actividad externa en 2018, en tanto que para nosotros el mercado estadounidense concentró el 62.8 por ciento de las importaciones y exportaciones.
Es tiempo de que el gobierno cambie el silencio por el ejercicio de una activa diplomacia que en antaño se caracterizó por su papel protagónico en favor de las mejores causas de la humanidad.
La agenda bilateral que tenemos que construir con nuestro vecino del norte no puede estar sujeta a chantajes ni a intereses electorales. Por el contrario, debe cimentarse en el respeto recíproco, trato igualitario entre naciones soberanas y rasgos de buena vecindad. La comunidad mexicana migrante merece el esfuerzo.