“Tan sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México se estima que diariamente viajan más de 15 millones de personas, de las cuales el 50.6 por ciento son mujeres”
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados
En América Latina, y en el mundo en general, los esfuerzos para cerrar la brecha de género han permitido importantes avances. Hoy, hombres y mujeres progresamos en la búsqueda de un desarrollo incluyente y equitativo con el incremento de la participación de las mujeres en espacios de decisión, pero aún conservamos una larga lista de barreras en materia de seguridad, oportunidades de estudio y empleo, participación política e inclusión en movilidad, entre otros.
Dentro del marco normativo se ha procurado integrar poco a poco la visión de género. En este sentido, para el fortalecimiento del género a nivel de políticas, programas e instituciones, contamos con la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, creada en 2006, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre sin violencia, creada en 2007.
En el tema de la movilidad se han establecido políticas públicas que aspiran a que la movilidad sea un derecho de los ciudadanos que les permita acceder a otros derechos como la educación, salud, vivienda, abasto, servicios, entre algunos más.
Además de que las mujeres conformamos la mayoría de la población (51.4 por ciento), somos quienes más nos desplazamos, particularmente a través del transporte público. Tan sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se estima que diariamente viajan más de 15 millones de personas, de las cuales el 50.6 por ciento son mujeres (Inegi, 2017).
Lamentablemente, las políticas de movilidad y transporte no están enfocadas a resolver las necesidades diarias de la mujer. Los patrones de viaje femeninos son más complejos que los masculinos: con más destinos y a lo largo de todo el día, con menor acceso a modos privados motorizados, mayor cantidad de viajes en transporte público y a pie.
Por ejemplo, en la ZMVM, el medio más utilizado por las mujeres para transportarse es caminar, con el 71.4 por ciento de los viajes, en comparación con el 60.3 por ciento en el caso de los hombres (Inegi, 2017). Lo anterior trae como consecuencia desigualdad en el derecho a la movilidad, pues las mujeres se ven afectadas en su seguridad e integridad.
Un dato preocupante pero sintomático, es el que revela que en la Ciudad de México el 77 por ciento de las mujeres se sienten inseguras de vivir y transitar en la capital (ONU Mujeres, 2018). Estimaciones del INMUJERES indican que el 65 por ciento de las usuarias del transporte público de la Ciudad de México han sido objeto de acoso sexual, mientras que el 4.5 por ciento dejaron su lugar de trabajo o estudio por la inseguridad en el transporte (Nexos, febrero 6, 2018).
En materia de territorio, movilidad y género, en la actual Legislatura estamos trabajando para generar mejores condiciones legales que transformen profundamente la realidad actual de la mujer.
Actualmente la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en 2016, plantea entre sus objetivos, la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos. Esta Ley pretende establecer condiciones de igualdad y no discriminación para los habitantes, con apego a los siguientes principios (artículo 4): derecho a la ciudad; equidad e inclusión; derecho a la propiedad urbana; coherencia y racionalidad; participación democrática y transparencia; productividad y eficiencia; protección y progresividad del espacio público; resiliencia, seguridad urbana y riesgos; sustentabilidad ambiental, y accesibilidad universal y movilidad.
En su artículo 71 promueve las políticas para incentivar el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual.
Por otra parte, en un ejercicio de Parlamento Abierto, actualmente se está trabajando en la construcción de la Ley General de Seguridad Vial. Desde hace más de cuatro años la sociedad civil y especialistas en la materia de seguridad vial han venido elaborando una propuesta de ley que tiene como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas del país, con un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros.
En México los accidentes viales representan más de 16 mil muertes cada año. El 90 por ciento de dichos accidentes son prevenibles. En tanto que los traumatismos derivados por hechos de tránsito son la primera causa de discapacidad motriz entre jóvenes de 17 a 24 años.
Los hechos de tránsito afectan a las mujeres no sólo al ser víctimas directas, sino también porque ellas son las que tienden a quedarse a cargo de los lesionados de manera temporal o permanente, y en algunos otros casos son ellas las que se quedan con la responsabilidad financiera ante la muerte o discapacidad de alguno de los soportes económicos del hogar. Esto implica un problema de salud pública que afecta directamente a las mujeres a causa de las muertes, además de ser una limitante para su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos.
El camino por andar aún es largo. Pero juntas, trabajando en un esfuerzo coordinado, daremos un salto importante que nos permita, a mujeres y hombres, convivir en un espacio y tiempo con enorme carga de igualdad e inclusión.