E
l gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se distingue por el hecho de haber llegado al poder con los mayores niveles de aceptación en la historia moderna de nuestro país. Logro que tiene como antecedente tres campañas electorales y dos elecciones previas, así como la capacidad que se tuvo para saber interpretar el hartazgo con respecto al actuar (deshonesto, simulador, demagógico y opaco) de los gobiernos de las tres últimas décadas.
Hoy, después de casi un año de gobierno, ya se puede llevar a cabo un primer corte de caja con respecto a los logros concernientes a los grandes pendientes de la agenda nacional. Siendo el que corresponde a la seguridad pública el que ha generado mayores niveles de preocupación e impacto en la calidad de vida de los habitantes del país.
La inseguridad que se vive es producto de múltiples factores, entre los que destacan la predominancia de los bajos niveles de ingreso, así como la incapacidad, indolencia, corrupción o desinterés de las autoridades gubernamentales por garantizar una vida sin temores, angustias o sobresaltos para los habitantes de las regiones de prácticamente todas las entidades del país.
Durante la campaña proselitista de 2018 se expresó el ofrecimiento de regresar a los integrantes de las fuerzas armadas a sus respectivos cuarteles, lo cual no sucedió bajo el argumento de que la violencia hacia los ciudadanos conlleva un gran nivel de complejidad en gran parte del territorio nacional, por lo que se impulsó y se concretó la creación de la Guardia Nacional como respuesta ante los reclamos por falta de seguridad.
Tal como se afirma en el portal de noticias de la BBC, no hay que olvidar el hecho de que: “Como candidato, Andrés Manuel López Obrador ofreció retirar de las calles a los militares que, desde hace décadas, realizan labores policiales en varias ciudades de México”. Sin embargo, como presidente electo cambió de opinión, uno de los ejes principales en su Plan Nacional de Paz y Seguridad planteó crear la Guardia Nacional.
Una de las principales características de este nuevo cuerpo de seguridad fue que lo integrara, prácticamente en su totalidad, personal proveniente de las fuerzas armadas de nuestro país, lo cual contraviene el ofrecimiento de hacer a un lado a las fuerzas castrenses de las labores de seguridad.
Otro de los argumentos más contundentes para un cambio de gobierno fue el afirmar que en las pasadas administraciones se había mantenido, en los hechos, el ofrecimiento de garantizar la amnistía a los grandes barones del crimen organizado. En la actualidad, pese a los avances en lo que concierne a la identificación de los y las responsables del saqueo del erario nacional, se vivió la evidencia más que pública con la liberación de uno de los descendientes de quien fue el principal cabecilla de la vida delincuencial en el noroeste del país. El 17 de octubre pasado se mostró ante la opinión pública nacional e internacional las limitaciones, la falta de coordinación y de logística por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo cual desembocó una estrepitosa derrota de las fuerzas del orden ante el crimen organizado, tal como se afirma en el diario El Financiero: “la jornada violenta registrada en Culiacán mostró que la estrategia social del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir el crimen no es suficiente…”
A lo anterior habría que agregar el alarmante aumento de los asesinatos y desapariciones. La incapacidad del gobierno federal para coordinar de manera exitosa las acciones necesarias para reducir y castigar el crimen y erradicar la impunidad, se ha traducido den el hecho de que “las víctimas de homicidios se han incrementado durante la actual administración. De diciembre de 2018 a septiembre de 2019 se registraron 29 mil 629 víctimas de homicidio doloso (incluyendo feminicidios) en el país. Esta cifra equivale a un incremento del 3.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, que tuvo 28 mil 579 víctimas”, según datos del portal web Aristegui Noticias.
Entre la violencia referida habría que señalar la que directamente ha ejercido el Ejecutivo Federal contra distintos segmentos de la población, mismos que han sido agraviados por decisiones maquilladas con la justificación de erradicar la corrupción en el ejercicio de las finanzas públicas. Tal como argumenta Miguel Ángel Hernández Albarrán en su artículo para el portal Dlpoder, estas acciones se han traducido en: “la cancelación de las estancias infantiles, la falta de medicamentos y tratamientos contra el cáncer, la reciente cancelación del Seguro Popular y otros programas sociales, los cuales aún con la presunción y sospechas de corrupción en su operación, eran apoyo a sectores sociales, a los cuales beneficiaron a pesar de las presunciones, más como manejo político que verdad absoluta, ya están en el olvido de la corta memoria del mexicano. Están equivocados, la cancelación del NAIM es el recordatorio de la desconfianza de los inversionistas y de las entidades financieras, provocando una caída sensible en la aceptación de las calificadoras e inversionistas internacionales.”
En los hechos, la ciudadanía está entre dos fuegos, ya que por un lado están los grupos delincuenciales, que actúan con la certeza de que el brazo ejecutor de la justicia tardará en llegar (o de plano no llegará); y por otro, se enfrenta el hecho de que los recursos que pueden aminorar las inequidades del actual modelo económico se destinan actualmente a la construcción de la “neoclientela político electoral” que apuntalará al partido en el poder.