Antonio Rosado García
Al mismo tiempo que en Europa se percataban de la necesidad de establecer una Seguridad Social que amparara a la población, en América, desde los tiempos de la conquista, también existió el interés por parte de Vasco de Quiroga de formar una especie de Seguridad Social para los indígenas, idea que también pretendió adoptar el Archiduque Maximiliano en la época juarista, aunque tampoco progresó. En el porfiriato, con el proceso de industrialización del país, aumentó considerablemente el número de obreros, quienes expresaron la necesidad de que existiera este sistema principalmente en los estados donde se requería más su fuerza de trabajo como: Estado de México, Monterrey, Puebla, Guadalajara, Orizaba y la Ciudad de México. En 1904 y 1906, respectivamente, el gobernador del Estado de México, Vicente Villada, y el gobernador de Nuevo León, el general Bernardo Reyes, proclamaron una Ley que protegía a los obreros de los accidentes de trabajo, pero fue hasta 1917 que en la Constitución Política de México, en el Artículo 123, Fracción XXIX, se estableció la necesidad de crear seguros que protegieran a los trabajadores ante la invalidez o la cesación involuntaria del empleo, entre otras circunstancias. Asimismo, desde su campaña presidencial, el general Álvaro Obregón mostró interés por la implantación de un seguro social, lo que provocó una fuerte oposición de la clase empresarial. Por su parte, en 1923 en Orizaba, los trabajadores de las empresas textiles declararon una huelga que terminó con la autorización por parte del gobernador para otorgarles un seguro social, que a final de cuentas también fracasó ante la respuesta negativa del sector empresarial. En el Distrito Federal los trabajadores del gobierno se organizaron y exigieron la creación de una ley que los protegiera en caso de terminar su tiempo laboral o perder la vida en funciones de su empleo, lo cual dio origen a la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones, lo que puede considerarse el antecedente del ISSSTE. El presidente de la República, Emilio Portes Gil, modificó el Artículo 123, y logró considerar como un acto de utilidad pública a la Seguridad Social. Por su parte en 1931, el presidente Pascual Ortiz Rubio promulgó la Ley Federal del Trabajo y solicitó que en ella se expidiera la Ley del Seguro Social; sin embargo, una vez más la intervención de la clase patronal impidió que este proyecto se llevara a cabo. Bajo la presidencia del visionario general Lázaro Cárdenas, en 1934 se insistió en la necesidad de tener una Ley de Seguro Social que contemplara los derechos de los obreros, pero se topó con la misma resistencia del sector empresarial. Fue el ingeniero Miguel García Cruz, convencido de la bondad de este avance social, quien se organizó con trabajadores y profesionistas para redactar la Ley del Seguro Social. La verdadera autorización para implementar el Seguro Social en México se obtuvo hasta que el general Manuel Ávila Camacho, presidente de la República, logró que el Congreso de la Unión aprobara esta demanda en la fecha histórica del 19 de enero de 1941, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1943. A su vez, el licenciado Ignacio García Téllez, secretario de trabajo en el mismo sexenio, se encargó de la redacción final de la Ley del Seguro Social, por ello, es considerado el “padre” de esta gran conquista. Posteriormente, el licenciado Vicente Santos Guajardo fue nombrado como primer director del Seguro Social. En breve tiempo se dedicó a crear el sistema administrativo, así como las dependencias derivadas para su funcionamiento y aplicación. Finalmente, el primero de enero de 1944 el Seguro Social empezó a operar cubriendo a los trabajadores en caso de: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, enfermedad general, maternidad, invalidez, vejez, muerte y cesantía en edad avanzada.
