Eduardo Mendoza Ayala
En el curso de los últimos meses, me he estado preguntando con insistencia si es que realmente la mayoría de los mexicanos apreciamos o valoramos el tema del Estado de derecho, catalogándolo como fundamental para salir adelante como nación o al menos considerarlo una prioridad para atender.
Es que cuando uno lee, mira por televisión o escucha en la radio noticias relacionadas con temas de corrupción y pasan los días, semanas, meses o años sin que nada ocurra de parte de las autoridades, la conclusión obvia es que al parecer a la sociedad mexicana en su conjunto no le interesa del todo dicho tema: como que nos estamos acostumbrando a que los hechos de corrupción sean ya rutinarios y formen parte de nuestra vida cotidiana.
Muchos ciudadanos que se informan, se indignan cuando conocen la burda manera en que miles de funcionarios públicos saquean los recursos que teóricamente les fueron confiados, o cuando los desvían para utilizarlos en rubros distintos a los originalmente destinados. Lamentablemente, la mayoría de las ocasiones no pasamos de la indignación y peligrosamente vamos aceptando estos hechos como “normales” o “naturales”.
En semanas recientes me enteré, por ejemplo, que en este 2015 el gobierno del estado de Jalisco tenía autorizado un presupuesto de 138 millones de pesos dentro del Programa Nacional Federal de Prevención contra el Delito (PRONAFED), de los cuales alrededor de 78 millones correspondían a los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara.
¿Saben qué ocurrió? Nada desde luego. Resulta que el gobierno estatal jalisciense no invirtió tales montos como debería haberlo hecho; aplicó sólo una mínima parte, 13 millones, resultando un absoluto misterio qué ocurrió con los restantes 125 millones de pesos que había para combatir la inseguridad. La opacidad –desde luego- como norma de conducta de parte de la autoridad en turno. ¡Lamentable!
Afortunadamente, en Movimiento Ciudadano nos gusta prever escenarios, de manera que ya estamos trabajando en generar un acuerdo dentro del Congreso estatal de Jalisco (donde somos mayoría parlamentaria), que solicite al Congreso de la Unión (LXIII Legislatura) que los recursos que Hacienda tiene contemplados en las partidas presupuestales del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) y del señalado PRONAFED, se entreguen directamente a los ayuntamientos y deje de tutelarlos el gobierno estatal.
Años y felices días llevamos muchos ciudadanos exigiendo al gobierno federal que demos paso a la vigencia de un real federalismo en las relaciones con los gobiernos estatales y los municipales. Creo que ha llegado el tiempo y la oportunidad para empezar a cambiar la abusiva relación hoy existente y encauzar al país por una nueva ruta de desarrollo exitosa.
No todo es vender y malbaratar los bienes nacionales, como ha sido el sello en el actual sexenio; hay otros temas que resultan fundamentales para los mexicanos, como es, justamente, el federalismo. Muchos actos de corrupción se acabarían si se permite que en forma abierta y transparente, los ayuntamientos administren recursos económicos federales.
Sólo así, tal vez, podamos cobrar plena consciencia del valor que para todos debe tener la vigencia del Estado de derecho, porque por el momento, parecería que no está en la agenda más que de unos cuantos, poniéndonos peligrosamente en la circunstancia de acostumbrarnos a que esa situación “es lo normal”.
