Julián Güitrón Fuentevilla
La reforma político-electoral, aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión el 13 de diciembre de 2013, y formulada su declaratoria constitucional por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 22 de enero de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Se destaca la reelección de las personas que, desde el Senado hasta una sindicatura, ocupan un lugar al cual han llegado por los diferentes medios que el sistema democrático ha creado. Los diputados y senadores se podrán reelegir hasta por 12 años; en el caso de los primeros, cuatro períodos a partir de 2015, y dos para los senadores de 2018 en adelante. Exige la reelección que el partido por el que se haya competido postule nuevamente a esos legisladores antes del voto ciudadano, porque sólo pueden aspirar a esta posibilidad si son propuestos por el mismo partido que los postuló, a menos que hayan renunciado a él antes de cumplir la mitad del período de su gestión.
La reelección incluye a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y se hará efectiva para todos hasta 2018. Para los diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores, la reforma constitucional obliga a los congresos locales a modificar sus constituciones; podrán ser reelectos hasta por cuatro períodos consecutivos. Los pueblos pierden su identidad y sus raíces históricas cuando no tienen memoria. En la Revolución de 1910 murieron más de un millón de mexicanos que lucharon por ella, por el sufragio efectivo y la no reelección. Han transcurrido 104 años desde el inicio de aquella gesta y no es casualidad que México permita ahora la reelección de quienes han ganado un lugar por la vía del voto directo o plurinominal, sin que se incluya en esta ocasión al presidente de la República ni a los gobernadores de los estados.
Hasta ahora, 2014, no se ha escrito una línea ágata ni se ha comentado en las redes sociales, ni en los medios masivos de comunicación que, “mutatis mutandis”, cambiando lo que haya que cambiar, se pudiera presentar una iniciativa para 2015 o 2018 a fin de que, con la anuencia de los partidos políticos nacionales, se reimplante en México la reelección consecutiva, por dos períodos, del presidente de la República y de los gobernadores. Otro traspié histórico fue la modificación constitucional que borró 131 años (1859-1992) de liberalismo y de separación entre la Iglesia y el Estado, le otorgó a aquélla personalidad legal y capacidad para realizar una gran cantidad de actos jurídicos, a los cuales sólo les faltaría agregar el derecho a votar, y que los ministros de la Iglesia pudieran aspirar a puestos de elección popular.
Otra absurda reforma fue incorporar a las transacciones mercantiles y de lucro a gran parte de las tierras ejidales y las comunales, con los consiguientes fracasos, que han convertido a México en un país incapaz de tener autosuficiencia alimentaria. Vaya de ejemplo el hecho de que después de haberle dado al mundo, entre otros productos, el maíz, hoy somos importadores de este grano.
En este desorden político, jurídico, social y familiar, la única opción viable y real que tenemos los mexicanos es el camino de la socialdemocracia que propone reformar sin violencia las estructuras sociales y las políticas capitalistas. Movimiento Ciudadano impulsa las propuestas socialdemócratas en congruencia con sus principios y doctrina: votó en contra de la reforma político-electoral, financiera, de telecomunicaciones y energética. Por ello, en el contexto nacional, somos el único camino para que las mexicanas y los mexicanos, incluidos los 60 millones que se debaten en la pobreza extrema, logren mejorar su estatus económico, social, familiar, intelectual y de bienestar.