La discriminación tecnológica es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una forma de pobreza y exclusión social, al privar a una parte de la ciudadanía de recursos esenciales para desarrollarse y generar riqueza
Durante este último año la tecnología se reafirmó como una herramienta vital para sobrellevar los nuevos retos y desafíos que ha traído consigo la pandemia derivada del Covid-19.
El mundo siguió girando –pese a la ruptura de hábitos y a la imposibilidad de hacer las cosas como acostumbramos- debido a que las actividades a distancia fueron posibles, en muchos casos, gracias al uso de tecnologías. Para ejemplo, las actividades en la Cámara de Diputados, donde se logró implementar sesiones semipresenciales.
Si existen lecciones positivas dentro de esta crisis, sin duda una de ellas es que alrededor del mundo las personas, instituciones y dinámicas sociales pudieron conservarse gracias a que se redujeron las brechas que guardaban con las nuevas tecnologías, en particular con las de la información y comunicación.
Por ello, el uso y acceso a estas nuevas tecnologías debe ser dimensionado en su justa proporción. Es decir, el uso de internet, celulares, computadoras y todo tipo de instrumentos con conectividad, es hoy por hoy un derecho humano que debe reconocerse, tutelarse y promoverse como parte fundamental de las dinámicas de la denominada “sociedad de la información”.
El uso de las tecnologías, además de ser en sí mismo un derecho, debe considerarse como uno habilitante de otros derechos, muchos de ellos derechos humanos, como la educación, el acceso a la información o a un trabajo digno, entre otros.
Para que sea posible acceder a los derechos fundamentales que habilitan estas tecnologías es necesario que reconozcamos que en México es urgente una política pública, que materialice la inclusión digital como un elemento crucial para cerrar las desigualdades socioeconómicas.
A lo largo de 20 años, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), México experimentó un incremento de familias con acceso al mundo digital, aunque dicho avance no sólo ha sido lento, sino también insuficiente. En 2001, uno de cada 10 hogares contó con servicio de internet, mientras que en la actualidad siete de cada 10 hogares urbanos está conectado a internet, pero contrariamente sólo cuatro de cada 10 de los hogares rurales tiene acceso. Además, nuestro país cuenta con uno de los niveles más bajos de cobertura de internet, de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Como en muchos otros espacios, la desigualdad digital también tiene consecuencias diferenciadas por género. Con datos de INEGI, en México el 29.7 por ciento de las mujeres en áreas rurales tiene acceso a internet, frente al 33.7 por ciento de los hombres.
La discriminación tecnológica es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una forma de pobreza y exclusión social, al privar a una parte de la ciudadanía de recursos esenciales para desarrollarse y generar riqueza. Por esa razón, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que se tiene que garantizar y universalizar la conectividad y asequibilidad a las tecnologías digitales.
Es por esta preocupación manifiesta que promuevo la creación de una Canasta Básica Digital, así como el reconocimiento del goce, acceso y uso de tecnologías como un derecho que debe ser garantizado a través de las políticas de abasto básico en México.
La idea de establecer la Canasta Básica Digital en México es que toda persona pueda contar con un dispositivo para conectarse, ya sea una computadora, un teléfono inteligente o una tableta, así como un paquete de datos para conexión, además de capacitación para hacer el mejor uso del derecho a la conectividad.
Para ello, se propone reformar distintas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social para que sea reconocido formalmente el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, mismo que se propone como un mecanismo para superar la pobreza, estableciendo adicionalmente que sean de interés prioritario las políticas públicas federales que promuevan infraestructura para el suministro de energía eléctrica, así como aquella destinada a proveer de internet.
Finalmente, se establece el diseño e implementación de programas públicos que faciliten el acceso a dispositivos personales de acceso a internet, así como a paquetes de datos a través de una conexión fija o móvil.
De aprobarse esta iniciativa, permitiría acelerar el acceso efectivo a servicios de internet en el sector económico, y con ello, la implementación del trabajo a distancia, además de acortar la brecha educativa y beneficiar a cerca de 4.7 millones de hogares que no tienen las herramientas y servicios tecnológicos suficientes para garantizar la educación a distancia, lo que impactaría potencialmente a 6.6 millones de estudiantes.
Para combatir la desigualdad social, promover el desarrollo económico en México y hacer frente a los impactos provocados por la pandemia de Covid-19, es urgente que se pongan en el centro de toda discusión o acción las necesidades de las personas, siendo una de ellas el acceso a las tecnologías de la información y de comunicación.