Apartado de la ruta que se supone debía recorrer para reparar los daños que atribuye a pasadas administraciones (daños que, sin duda, México padece todavía, sin reparación alguna), lejos de reconocer y corregir errores, Andrés Manuel López Obrador sigue aferrado a una estéril rijosidad y a una política de confrontación engañosamente reparadora, apartado de la obligación de gobernar que le fue conferida hace tres años.
Buena parte del país, la más vulnerable, parece condenada a la parálisis ocasionada por la reiterada insistencia del jefe del Ejecutivo en gobernar por decreto, en ausencia de lazos confiables de comunicación con una sociedad muy susceptible a los caprichos y a la corrupción de quienes ejercen el poder.
Este fenómeno obedece también a la pasmosa obediencia de una claque de albarderos, encargados de aplaudir a cambio de dinero o de poder.
Mientras tanto, aumentan los embates contra la vida institucional, particularmente contra organismos que durante décadas han acreditado su aportación a la cultura, la academia, la ciencia, la investigación y la democracia, como es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE). Sus críticos implacables son dirigidos o encabezados por el jefe del Ejecutivo. No pretenden corregir los errores del pasado, sino simplemente destruir a quienes los esgrimen porque estorban a objetivos presuntamente políticos.
En algunas ocasiones de campaña electoral, al calor del mitin, el candidato Andrés Manuel López Obrador ofreció, demandó y hasta exigió diálogo con sus contrincantes. Pero ese diálogo no llegó. Se convirtió en ácida descalificación, en furibunda diatriba, en juicios condenatorios a priori, en acusaciones sin pruebas. Midió con el mismo rasero (enemigos públicos, los ha llamado) a quienes intentaron (y siguen intentando) ejercer la crítica constructiva.
Hace meses que AMLO incorporó su poderoso y agresivo dedo acusador a la tribuna de proyección y realización personal que son las reuniones llamadas mañaneras, que generalmente dirige desde Palacio Nacional.
Con una frase lapidaria empañó y resumió su muy particular interpretación del diálogo público que exigía como candidato: “Conmigo o contra mí”. Luego, paulatinamente, la aderezó con otros calificativos: “Mis (o nuestros) adversarios, mis enemigos, mis contrincantes”. En sus palabras, en sus declaraciones y en los hechos parece ir cobrando forma lo que se supone entraña el objetivo principal de la llamada “cuarta transformación”: la destrucción, a cualquier costo, del régimen político que debe desaparecer para que de sus cenizas emerja el nuevo régimen, la llamada 4T.
La Ley de la Omertá
Conviene referirnos aquí a un importante punto de referencia. El portal político del Instituto Nacional de Estudios Políticos AC (Diccionario de Política y Administración Pública), define que cuando no funciona el Congreso o Parlamento Político de un país con estructura democrática y republicana, como la de México, sencillamente es “porque ha sido disuelto por razones extraordinarias, y el poder ejecutivo asume la función de dictar normas generales, como si fueran leyes. Esta situación es frecuente en las dictaduras, ya que así prescinden los dictadores de los trámites parlamentarios”.
Debo precisar que el IPAC tiene como propósito el estudio, la investigación y la divulgación de hechos, teorías, ideas, libros y documentos que fundamenten, orienten e inspiren el actuar de políticos y ciudadanos en favor del interés nacional y de la democracia.
Wikipedia nos dice que el Gobierno por decreto es un estilo de gobernar que permite la creación rápida e incuestionable de la ley por una sola persona o grupo, y es utilizado principalmente por dictadores y monarcas absolutos.
Se gobierna por decreto cuando un Congreso o Parlamento no funciona por haber sido disuelto o por motivos extraordinarios, entonces el poder ejecutivo asume la función de dictar normas generales, como si fueran leyes. Esta situación es recurrente en las dictaduras, porque así prescinde de los trámites parlamentarios.
Cuando un gobierno accede a las tentadoras redes de una potencial dictadura, suele presentarse un síntoma o fenómeno que hicieron popular las antiguas mafias en Sicilia (Italia): la omertá o “Ley del silencio”, exigida a sus miembros por los integrantes de esas bandas criminales.
Era y es un código de honor que prohíbe informar sobre actividades que se consideran asuntos que solamente incumben a las personas implicadas en la delincuencia.
En la cultura de la mafia, romper el juramento de omertá es una falta que puede ser castigada hasta con la muerte. Implica “la prohibición categórica de la cooperación con autoridades estatales o el empleo de sus servicios, incluso cuando uno ha sido víctima de un crimen”. Una persona debe evitar interferir en el negocio de los demás y no debe informar de algún delito a las autoridades bajo ninguna circunstancia, aunque, si está justificado, puede cobrar venganza personal (vendetta) de un ataque físico contra sí mismo o contra su familia. Si alguien es condenado por un crimen que no ha cometido, debe cumplir la condena sin dar a la policía información sobre el verdadero criminal, aunque no tenga nada que ver con la mafia.
El código fue adoptado por los sicilianos y por italianos del sur mucho antes de la aparición formal de la Cosa Nostra (parece que desde el siglo XVI), y puede haber sido influido por el prolongado latifundismo que caracterizó al sur de Italia durante siglos, y como reacción a la consiguiente distancia entre las instituciones y el pueblo.
Lo que viene a cuento es que la omertá es un código de silencio que, al paso de los años, cruzó fronteras y echó raíces con regular éxito en áreas tan vulnerables como apetecibles de la conducta humana: la corrupción, los vicios de la política, la ambición y la falta de honradez en el ejercicio del poder público. Desde ellas, la omertá de los involucrados parece que alcanza hoy inimaginables cotizaciones. Recuérdense las muy citadas aventuras de Al Capone y sus bandas aliadas en Chicago y Nueva York.
El fenómeno se infiltró en México y otros países latinoamericanos. Inclusive menudearon los chistes ácidos ante la infiltración de la omertá vinculada a célebres crímenes, que avanzó como poderosa “Ley del Silencio”.
Todavía se recuerdan las bromas agrias que surgieron a raíz del asesinato del general Álvaro Obregón Salido, presidente de la República en funciones que buscaba la reelección para el periodo 1928-1934 (el asesinato fue ejecutado físicamente por José de León Toral en el restaurante La Bombilla, en el barrio de San Ángel, de la Ciudad de México, el 17 de julio de 1928).
José de León Toral era un joven cristero potosino, seguramente reclutado por quienes ordenaron la muerte de Obregón; murió fusilado a mediados de 1929 en la Ciudad de México… Pero la Vox pópuli atribuyó la autoría intelectual al general Plutarco Elías Calles, quien veía en Obregón a su principal obstáculo para llegar al poder. Cuando Álvaro Obregón cayó asesinado en San Ángel, corrió por las calles una pregunta en voz baja: “¿Quién mató a Obregón?” A la pregunta seguía una pícara respuesta, con él índice sobre los labios: “¡Cállese!”
Tormenta al acecho
Cuando Andrés Manuel López Obrador ordena (sin consultar con nadie, es su derecho, pues) que se publique en el Diario Oficial de la Federación un “acuerdo” para que su gobierno no sea obligado a divulgar (sino al contrario, mantener en secreto) cuanta inversión se le ocurra en cualquier obra pública, el presidente responde que lo hace para agilizar trámites. Con aparente ingenuidad, ofendería a millones de mexicanos.
Acaso (solamente acaso) sin darse cuenta, AMLO opta por convertir en “acuerdo” presidencial” la Ley de la Omertá. La ley del silencio.
Y con ese acuerdo, por simple arrastre, incurre en otros de sus veteranos yerros, por ejemplo: echar al mismo costal de incomodidades todo asomo de crítica o discordancia.
Sin duda, parte de esta expectativa la han creado algunos comunicólogos que todavía negocian en líneas ágata sus espacios digitales o escritos. Se niegan a reconocer la presencia de una poderosa mano silenciadora.
Lo que está claro es que el gobierno se dirige a su cuarto aniversario sin resultados tangibles, con un déficit notorio en el combate a la pobreza, violencia desatada (e impune) en varias regiones del país, feminicidios, siniestros hallazgos de más desaparecidos, desdén por los llamados de alerta que con frecuencia emite la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la situación del Covid-19 en el mundo y las amenazadoras variantes del nuevo virus: ómicron, dicho sea de paso, palabra que viene de la decimoquinta letra del alfabeto griego (“ο” pequeña), que corresponde a la “o” breve del latino.
Mientras escribo estas líneas, escucho una declaración del Dr. Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, en la que imputa a los medios (en presencia de AMLO) una indebida interpretación de la voz de alerta del presidente de la OMS. El escenario fue la mañanera del miércoles 22 de diciembre.
En cuanto a la postergada fecha (abril de 2022) para llevar a cabo el proceso que decidiría si se revoca el mandato presidencial, asomó en estos días en la manga presidencial una “medida” salvadora: si el INE sigue alegando que no tiene recursos para financiar la “consulta popular” sobre la revocación del mandato, será necesario “pedirle al pueblo” que la organice.
El pasado 14 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto original solicitado por el INE, por lo cual el año próximo este organismo dispondrá solamente de 19 mil 736 millones de pesos para organizar dos procesos electorales locales y la nueva consulta popular (maquillada) para la revocación o no del mandato presidencial.
Luz contra la borrasca
La borrasca parece cernirse sobre el futuro, advertimos al principio de estas líneas realistas, que nada tienen de fatalistas. Sabemos bien que no hay mejor remedio contra la borrasca, la penumbra, las sombras intimidantes, que la luz que ilumina, descubre y acaba con las tinieblas.
De ahí que sea importante, muy importante, concluir con algo que, como organización política, tenemos a nuestro alcance: abrir más y más espacios conductores al conocimiento, la conciencia y la cultura ciudadanas.
¿Qué debemos entender por espacios conductores?
No es fortuito que las baterías cargadas con los obuses del poder presidencial hayan escogido como blancos la educación, la cultura, nuestra vida institucional y el conocimiento para accionar una de sus armas principales: la intolerancia.
Para quienes estamos convencidos de las virtudes de la socialdemocracia, este propósito conlleva una tarea adicional: comunicar, informar, que son también herramientas políticas igualmente poderosas, el discurso y el mitin. Sencillamente transmitir, conversar, hablar de las convicciones que alientan nuestra presencia y nuestra acción política.
Defendamos con firmeza a las universidades, a los centros de investigación, a la academia, a la presencia invaluable de la mujer mexicana en todos los espacios de la vida nacional.
Desaparecerán entonces las nubes borrascosas y las temerarias amenazas de tormenta.
Al tiempo.