Antonio Rosado García
En los años cuarenta del siglo pasado, en el Reino Unido se empezó a analizar el problema que representaban para el gobierno las pensiones y jubilaciones de sus ciudadanos. Para ello, se le encargó a sir William Henry Beveridge, en ese entonces director de la Escuela de Economía de Londres, estudiar y elaborar un proyecto que amparara a todos los habitantes de la Gran Bretaña para el momento en que terminara su vida productiva y hasta el final de sus días y compromisos sociales. Para este fin, se formó una comisión constituida por los miembros del gobierno inglés que analizó los sistemas en otros países en busca de la solución más conveniente.
El proyecto se denominó Plan Beveridge, y en el año de 1942 se hizo del conocimiento de todos los ciudadanos, para que el pueblo comprendiera la urgencia de resolver esta ingente necesidad. De este trabajo nació el sistema de reparto que, con algunas consideraciones especiales, fue adoptado por el mundo entero.
En nuestro país, esta noción se absorbió como propia, creándose así, a través de distintas organizaciones sociales tanto gubernamentales como institucionales, el sistema de reparto solidario, que sirvió como principio de solidaridad entre los gobiernos y la población. Fue así como, siguiendo estos principios basados en la aportación gubernamental, la aportación empresarial y la del propio trabajador, se logró formar un capital suficiente para atender la demanda que se presentaba en esos años y hasta la década de los años 90, en la cual, por la falta de un estudio actuarial completo, las condiciones socioeconómicas del país, la mala administración de los recursos obtenidos y, desde luego, las vicisitudes políticas que han acompañado a nuestro país en los últimos tiempos, hicieron notar la imposibilidad de continuar con este sistema y pensar en variantes para resolverlo. Como ya dijimos, la solución se encontró en el modelo chileno de las cuentas individuales.
El gobierno del país, pensando en la necesidad de capitalizarse, no dudó en trasladar los montos que existían en las instituciones encargadas de administrar los recursos de seguridad social a las nuevas organizaciones denominadas AFORES, que a su vez debían invertirlo en proyectos sin riesgo para el dinero de los trabajadores.
La idea fue defendida diciendo que no se privatizaría el Régimen de Jubilaciones y Pensiones y, además, que no se abrumaría a los empresarios aumentando sus aportaciones. En poco tiempo se demostró que el nuevo sistema no solo no favorecía a los trabajadores ni a los empresarios, sino que al final de la vida laboral, lo que se alcanzaba como pensión o jubilación no pasaba del equivalente al 18 por ciento del último sueldo percibido.
Fue así que los estudiosos de este importante tema determinaron que la única forma en que se podría tener éxito sería aumentando el ahorro individual. Sin embargo, la contención salarial que hemos vivido los últimos años en México, el encarecimiento de la vida, la falta de empleo y el aumento de las enfermedades crónico degenerativas producto de la edad, han hecho inviable esta propuesta, pues los trabajadores no solo no pueden ahorrar, sino que la conservación de un estilo de vida, si se le obliga a una aportación extra, se hace imposible.
Actualmente, los actuarios del grupo de expertos de la UNAM, así como los de la Facultad de Ciencias de la misma universidad, han propuesto una variable consistente en aislar por completo el capital de las cuotas obrero patronales y la aportación del gobierno, para dedicarlas, sin intermediarios, a los productos financieros convenientes. En esta propuesta, ni el capital básico, ni las ganancias, se tocarían más que para pagar las pensiones y jubilaciones, haciendo a un lado las ganancias que en este momento perciben las AFORES.
Este nuevo sistema, se piensa, sería exitoso. No obstante, implicaría cambios tan drásticos y de tal profundidad que resulta casi imposible de cumplirse, pues las administradoras actualmente están en manos de los bancos más fuertes que le representan una enorme ganancia a sus países dueños, por lo que indudablemente se opondrían a este procedimiento.
Esto desgraciadamente nos lleva a pensar que, en caso de aceptar la modificación, el gobierno federal tendría que hacer enormes erogaciones a fin de recuperar los capitales de las AFORES y en esa forma poder realizar el proyecto.
Como se ve, el conflicto crece a una velocidad que hace urgente tomar una resolución que favorezca a las partes involucradas, sobre todo si este gobierno pretende dar seguridad social a todos los mexicanos.
Las condiciones económicas del país en estos momentos han creado franjas muy grandes de disparidad en la captación de los ingresos y las clases sociales se hayan muy divididas. De ahí que el gobierno actual no piense en una pensión universal como solución para la tercera edad de México.
Como hemos visto en los estudios analizados, el problema se complica por intereses particulares y del país, y se agudiza a medida que pasan los días. Por ello un grupo muy importante de estudiosos empeñados en ayudar a resolver el conflicto han dado a conocer una fórmula que pudiera representar, aunque a un costo muy alto, la que nos parece la única forma viable de solución y que describimos a continuación:
El gobierno deberá crear una cuota social que se aplique en forma parecida a la actual, es decir, cinco por ciento del salario mínimo vigente por cada ciudadano mexicano desde su nacimiento, que se invertirá en una cuenta individualizada. Además, el Congreso de la Unión deberá aprobar un impuesto especial, derivado del IVA, de entre uno y dos por ciento, que se agregará al mismo fondo construido con el apoyo gubernamental, haciendo que permanezca intocable e invirtiéndolo en productos sin riesgo a fin de aumentar la cuantía.
Dado que las cuentas serán personales, se permitirá que quien tenga posibilidad, haga aportaciones abonando al gran total, que le servirán para obtener un beneficio mayor al final de su vida.
El fondo acumulado deberá quedar estrictamente bajo vigilancia del gobierno, y no deberá tocarse más que para pagar las pensiones o las jubilaciones de quien corresponda, habiendo cumplido los requisitos necesarios. Para el funcionamiento de este novedoso esquema, el gobierno deberá absorber un pasivo importante a fin de cumplir con las pensiones de las personas que en este momento estén en condiciones de recibir el apoyo, dado que, para poder reunir el capital en el sistema planteado, deberán pasar por lo menos 30 años.
Concluimos entonces: El sistema de pensiones universales deberá contener dos componentes fundamentales: el financiamiento y la administración, y permitir, como un agregado no obligatorio, el depósito de las cuotas personales de quien así decida aumentar su pensión.
Como puede verse, la necesidad creada por el aumento de la población, así como la prolongación de la vida, han obligado en todo el mundo a aceptar la responsabilidad que se tiene sobre los pueblos.
Por ello es que, aun a costa de un sacrificio económico muy grande, deberá tomarse una resolución que asegure para todas las personas la dignidad con la que se debe llegar al final de la vida. Derivado de estas propuestas, se han suscitado muchas discusiones y se han planteado otros varios esquemas. Pero hasta ahora, el que parece más cercano a lograrse es el propuesto; sin embargo, valdría la pena continuar analizando cuanto se conozca, en busca de la mejor decisión final.
