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Las fauces del engaño

La evolución histórica de nuestro país hacia el desarrollo con bienestar y paz no ha sido fácil. Y no sólo eso: etapas hemos tenido como si el penoso avance fuera a tumbos, a marchas forzadas.

Una dificultad mayor ha sido constante en este proceso: la desigualdad social. Este grave problema ha sido un estorbo permanente de nuestro desarrollo: pocos ricos y muchos pobres, con un vergonzoso fenómeno que es denominador común y alimento perverso del populismo, la demagogia.

Y eso que han sido abundantes, prolijos los anatemas y las promesas falsas de luchar contra la pobreza que flagela a nuestro pueblo. En muchos casos nuestros gobernantes han evadido su responsabilidad simplemente por incapaces. En otros han sucumbido a la ambición, personal o de grupo. Y en fechas recientes han incorporado la excusa: Miren lo que nos dejaron.

Hasta que llegó el día en que AMLO “mandó al diablo las instituciones”. El día de la elección presidencial de ese año, 2 de julio del 2006, el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, declaró a medios en cadena nacional que los resultados eran muy cerrados, por lo que no podía dar a un ganador del proceso. AMLO organizó protestas, ocupó Paseo de la Reforma, ordenó su discutida toma del Zócalo. De nada valió.

Aunque hubo un ganador: el 6 de septiembre, el panista Felipe Calderón Hinojosa fue declarado triunfador por el Tribunal Electoral Federal con apenas 0.56 por ciento de votos obtenidos por arriba de su rival tabasqueño.

Diversas crónicas señalan que al enterarse de la noticia ese mismo día, en otro mitin, Andrés Manuel disparó su “al diablo con las instituciones”. A partir de entonces menudearon las consignas con variantes, pero la principal prevalece: “conmigo o contra mí”, junto con otras que no le van a la zaga.

Han sido abundantes los discursos, de hoy y siempre, que enarbolan luchas imaginarias contra la pobreza. En casos perversos, como el que actualmente sufren los pobres de México, la retórica arroja a los pobres mendrugos presupuestales disfrazados de “política social”, atizados con vitriólicas filípicas, cuyos resultados son doblemente perversos: engañan a los necesitados y los mantienen con la esperanza en vilo.

México parece arribar hoy al desagradable paulatino de una amenaza anunciada: la destrucción de nuestra vida democrática e institucional. Vida democrática imperfecta, sí. Siempre amenazada y violada por la impunidad que conllevan los abusos del poder público. Esos abusos y esa impunidad que han cobijado el asalto al poder desde diversos rincones.

Ejemplos abundan. Lo lamentable es que la iracundia presidencial avanza, se extiende y se multiplica en la medida en que su estrategia de lucha no rinde los frutos que apetece. Cuantas veces puede, él o su equipo mantienen dardos golpeadores contra el Instituto Nacional Electoral (INE); quieren a su presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y a su equipo de trabajo, fuera del escenario político. Los calificativos varían, desde fraudulento, enemigo de la democracia, culpable del virtual fracaso (AMLO y su equipo lo niegan) de la llamada “consulta” sobre el mandato presidencial.

PRENSA CULPABLE

Otros dardos van dirigidos contra los periodistas. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió, a mediados de abril en curso, un comunicado público en el que señala que las críticas de AMLO a la prensa (contabilizaron 3 mil 945 ataques en tres años) abonan “a un clima de descomposición y violencia en un país que sumó 30 asesinatos de periodistas y dos desapariciones de 2018 a 2021”. Pero estos señalamientos de la SIP solamente recrudecen el sarcasmo, la ironía y las críticas burlonas en las referencias de AMLO contra medios de información y periodistas críticos.
Se unen a estos actos de intolerancia, indefectiblemente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional del partido Morena y el secretario de Gobernación; Adán Augusto López Hernández, entre otros que salen a escena con más prudencia, como Marcelo Ebrard Casaubón.
En el carrusel de culpabilidades señaladas a diestra y siniestra por quienes detentan el poder, aparecieron los íconos triunfalistas (aunque todavía sin desenlaces claros) del actual gobierno federal.

EL “FELIPE ÁNGELES”

Uno de esos prototipos fue inaugurado a medias, cuando todavía han de transcurrir meses, tal vez años, para demostrar que fue un acierto (o un error) el aeropuerto “Felipe Ángeles”, en Zumpango, Estado de México.

Lo que mucha gente no sabe es que el aeropuerto “Felipe Ángeles” fue antes la Base Aérea de Santa Lucía, inaugurada parcialmente en el año 1952 para tratar de reubicar, inútilmente, el Campo Aéreo Militar de Balbuena. Esta base se inauguró por el gobierno de Miguel Alemán Valdés el 24 de noviembre de 1952, aunque el traslado parcial de aeronaves a Santa Lucía ocurrió hasta 1950; las aeronaves que aún operaban en Balbuena se trasladaron a Santa Lucía hasta 1959. Antes la base llevaba el nombre de “General Alfredo Lezama Álvarez”, en honor del sinaloense que fue comandante de la Fuerza Aérea Mexicana de 1961 a 1964.

En marzo de 2018, como parte su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador propuso la privatización del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o la ampliación de la base aérea de Santa Lucía para convertirla en un aeropuerto internacional. Finalmente, se inclinó por la segunda opción.​

En la primera quincena de octubre de 2018, ya como ganador de las elecciones presidenciales, López Obrador convocó a una consulta popular organizada por la Fundación Arturo Rosenblueth y un grupo de ciudadanos. La consulta provocó controversias, ya que desde 2014 se había promulgado en México una ley que instituye la consulta popular como una forma de participación ciudadana; sin embargo, el proceso que se llevó a cabo fue una encuesta ejecutada por un particular y sin validez oficial, donde los participantes podrían elegir si preferían continuar con la construcción del NAICM o interrumpirla.​ El resultado fue un «no» categórico.

EL TREN MAYA, FRENADO

Otro evento aparentemente triunfal que frenó la ley, es el “Tren Maya”. El juez Adrián Novelo decretó que la construcción de un tramo de 120 km de esa presunta ruta ferroviaria para el sureste del país debía suspenderse, así fuera temporalmente, porque la continuidad de las obras implica la tala de árboles, la destrucción de la flora y especies nativas, así como la presumible existencia de mantos de agua dulce en el subsuelo, según incómodas opiniones de espeleólogos que hace más de un mes decidieron llevar el caso ante los tribunales.

Los ecologistas en desacuerdo pidieron una entrevista con el presidente, pero con pretextos que nunca fueron debidamente acreditados, la cita en Palacio Nacional fue cancelada. La plática sobre el impacto ambiental de la construcción del Tren Maya en el tramo cinco fue suspendida el domingo 24 de abril, según anuncio de la Presidencia de la República, 24 horas antes de la cita programada. El presidente transfirió su respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita el dictamen final.

“TRAIDORES A LA PATRIA”

El forcejeo en este escenario del “conmigo o contra mí” parece haber cruzado ya barreras de prudencia debido a la campaña organizada, desde Morena y con el beneplácito presidencial, para llamar “traidores a la patria” a todos los legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica de AMLO. Es de suponer que la autorización o la orden para el líder morenista provino del mismísimo primer mandatario para el rijoso Mario Delgado Carrillo.

Fue inútil que el senador Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en el Senado, hiciera un llamado a la reflexión y a la prudencia a su partido (y a Delgado Carrillo) para que los impulsores de la agresiva iniciativa, con el presidente a la cabeza, quien fue el primero en aceptarla, renunciaran a su propósito: “exhibir” a los legisladores que no aprobaron la reforma eléctrica.

Brigadas de morenistas se dedicaron a pegar en muros diversos las fotografías de los legisladores que se opusieron a la medida. Para observadores, analistas y legisladores, la medida fue grotesca y aun infantil. ¿Nada se moverá en el Congreso sin el visto bueno y autoritario de Morena?

En pretendida defensa de este contraataque morenista, el vocero del partido en el poder, Jesús Ramírez Cuevas, convocó a conferencia de prensa para asegurar que en México no hay persecución contra ningún político ni movimiento, y afirmar que el pueblo tiene el derecho de conocer el nombre de los diputados que votaron a favor y en contra de esta reforma.

Entre los críticos legítimos críticos del poder parece que no le creyó nadie. Pero flotaron en el estilo de esta conferencia de prensa, temas, ideas, palabras festivas y precipitadas del mismísimo presidente López Obrador. Recordemos cuando convocó a estar atentos a todo lo que iba a declarar Emilio Ricardo Lozoya Austin cuando llegara extraditado a México. El ex director de Pemex se había refugiado en la residencia de un magnate ruso, en Málaga.

El ex funcionario fue detenido el 12 de febrero de 2020. Estuvo escondido y prófugo ocho meses, después de ser buscado en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia y Rusia antes de ser arrestado en España. Cuando lo detuvieron, AMLO no ocultó su satisfacción, pero no tanto por su captura para extraditarlo a México, sino por las revelaciones que haría cuando compareciera ante la justicia mexicana… y que al parecer se quedaron en el refrigerador político, porque Lozoya sigue preso.

Su abogado había presentado un escrito en el que aceptaba la extradición de manera inmediata, después de que las autoridades mexicanas le pidieran cooperar con la justicia para dar información sobre la presunta implicación de sus superiores jerárquicos en la trama de corrupción en torno a la brasileña Odebrecht.

De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, ese proceso serviría para demostrar “que no hay corrupción ni hay impunidad en México”. Dijo más el presidente a la llegada de Lozoya a México: “la nación se encuentra viviendo momentos estelares en la lucha contra la corrupción”, en referencia a los diversos procesos relacionados con casos registrados dentro de la administración pública.

EL PUEBLO MANDA

Ante conflictos con casos y personas con perfiles penales, se le ha escuchado al presidente ponderar las ventajas de un buen acuerdo para resarcir el daño o los daños causados, o también inclinarse a favor del “escarnio público” para satisfacer apetitos justicieros.

Algo parecido ocurrió cuando, en buena parte del país, se dio por hecho que una gran cantidad de mexicanos presenciarían (y disfrutarían) el espectáculo que ofrecerían los culpables de atropellos, abusos y latrocinios cometidos desde el poder público. No todos, pero muchos mexicanos cayeron en el garlito, haciéndole creer a la gente que ya todo dependía de que “el pueblo” emitiera su condena unánime a los criminales del pasado para hacerlos pagar por sus culpas.

Desde las cúpulas palaciegas y los reductos políticos importantes se siguió la inveterada costumbre de filtrar nombres y apellidos de quienes, ahora sí, pagarían por sus fechorías. Al fin que “el pueblo manda”.

PROCESO DESTRUCTOR

Decíamos al principio de esta reflexión que, así sea por capítulos, millones de mexicanos asistimos a la demolición (¿deliberada?) de instituciones que nosotros mismos hemos levantado con mucho esfuerzo.

Amplios sectores de la opinión pública han señalado que si un grupo minoritario cree que esta lucha debe ser conducida por intereses políticos de grupo o de facción, dentro o fuera de México, está radicalmente equivocado. Máxime cuando ni siquiera se han identificado intereses genuinamente nacionales.

La estrategia de su lucha parece que es destruir y emular pleitos antidemocráticos que nada tienen que ver, ni histórica ni políticamente, con los intereses legítimos de una sociedad víctima del oportunismo y la ambición, como la nuestra.

¿Cuáles han sido sus banderías, muchas de ellas absurdas? Para millones de mexicanos preocupados por el país y por los dislates de quienes están en el gobierno, empieza a estar claro que la obra destructora no es casual. Que la colérica frase “al diablo las instituciones”, encierra, más que un legítimo democrático, un ánimo revanchista producto de una ambición personal insatisfecha.

¿Con qué autoridad o representación real, grupos encubiertos llaman traidores a la patria a médicos, abogados, economistas o simples ciudadanos que tienen probada su aportación al progreso de México, así sea insuficiente ante la demanda?

En la agenda destructora de la llamada 4T asoma ahora la intención de que desaparezcan de la enseñanza primaria sus seis grados básicos. ¿Con qué los va a suplir?

Cegados por su interés grupal y partidista, por su rencor inimputable, la sociedad mexicana ajena a los intereses de la llamada 4T ya está ante desafíos colosales de la destrucción sistemática institucional. La ardua labor que nos espera, aparte de luchar contra esta política destructora, es reconstruir los senderos del desarrollo que tanto le han costado a México.

Todo ello bajo una premisa plausible e impostergable: en esta época de transformación, de nuevas expectativas de Movimiento Ciudadano para la sociedad mexicana, no debemos, no podemos apartarnos de un compromiso político y social: es la hora de pensar en las próximas generaciones antes que en las próximas elecciones.

Aherrojemos de una vez por todas las fauces del engaño.