En Movimiento Ciudadano refrendamos el compromiso por trabajar hombro con hombro con las personas migrantes para lograr una migración ordenada y regular, en condiciones de seguridad y respeto a su dignidad
El análisis de los distintos aspectos del fenómeno migratorio y su representación democrática debe partir de la reflexión sobre las condiciones que son necesarias para garantizar plenamente el ejercicio de sus derechos.
En toda democracia la vigencia de los derechos político–electorales es fundamental para mantener y fortalecer la participación política, sin embargo, el ejercicio de esos derechos se ha visto obstaculizado por un trato desigual para ciertos sectores de nuestra sociedad, pese a que el artículo 1º de la Constitución señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Lo mismo ocurre con la Constitución de la Ciudad de México, que dispone que toda persona tiene derecho acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación.
La comunidad mexicana en el extranjero tiene una larga tradición de lucha en favor del reconocimiento de sus derechos para ejercerlos plenamente en México. Desafortunadamente, al igual que otros sectores de la sociedad, se ha visto discriminada y excluida, con la consecuente limitación a recibir un trato en un plano de igualdad.
Por constituir aún un problema estructural, la desigualdad se traduce en obstáculo para el ejercicio pleno de derechos y libertades, como ocurre con los derechos político–electorales de la comunidad mexicana migrante.
No obstante que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce los derechos fundamentales de las poblaciones de atención prioritaria, como las mujeres, jóvenes, personas mayores, con discapacidad, la comunidad LGBTTTI, indígenas, afrodescendientes, entre otras, y también contempla mecanismos para que las autoridades asuman las medidas necesarias para velar por el cumplimiento y la observancia de los derechos humanos, se mantienen temas pendientes que superar a fin de lograr su inclusión progresiva.
Uno de ellos es el relativo a la exclusión de ciertas poblaciones en el ámbito político, cuando se les impide participar en la representación política con alguna candidatura a puestos de elección popular. Esto demanda que sigamos impulsando, junto con la sociedad civil, mecanismos de nivelación y acciones afirmativas que permitan que la comunidad mexicana migrante participe en los procesos electorales para incidir en la integración de los poderes públicos.
En particular, las acciones afirmativas consisten en un sistema de trato preferencial que busca revertir la desigualdad y discriminación, permitiendo garantizar el acceso y la permanencia de las poblaciones que han sufrido discriminación o han estado subrepresentadas en cargos de elección popular.
La implementación de acciones afirmativas es el resultado de un proceso orientado a establecer condiciones de igualdad para el ejercicio pleno de los derechos de sectores que tradicionalmente han sido excluidos.
En este sentido, para llegar a un sistema paritario que obligó a la integración de candidaturas con 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres en la postulación para diputados federales y locales, transitamos de la mera promoción de las mujeres en la vida política del país a la recomendación para incluir en los estatutos de los partidos políticos que las candidaturas a diputaciones y senadurías no excedieran de 70 por ciento para un mismo género y llegar a la obligación de que al menos el 40 por ciento de candidaturas propietarias fueran de un mismo género.
Ya en 2015, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los partidos políticos que postularan candidaturas no podrían destinar exclusivamente a un género aquellos distritos en los que tuvieran porcentajes de población más bajos.
En 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronunció respecto a la adopción de acciones afirmativas a favor de personas jóvenes y de pueblos y comunidades indígenas en la integración de las listas de candidaturas a diputaciones a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, incluyendo al menos una fórmula de candidaturas de jóvenes y una de indígenas.
Fue en 2021, cuando el INE estableció un conjunto de cuotas para garantizar que la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados tuviera al menos 30 personas indígenas, ocho personas con discapacidad, cuatro personas afromexicanas, tres personas de la diversidad sexual y cinco personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero por representación proporcional.
Esta determinación del INE permitió que de las 65 personas que ganaron elecciones por las acciones afirmativas, 36 fueran indígenas, ocho tuvieran alguna discapacidad, seis fueran de origen afromexicano, cuatro pertenecieran a la diversidad sexual y 11 fueran migrantes.
En otras palabras, el proceso del fortalecimiento de nuestra democracia para lograr que se abatan las exclusiones y las discriminaciones es resultado de la presión de movimientos sociales, de la adopción de medidas institucionales y de reformas al marco legal, como lo ha venido haciendo, por ejemplo, la comunidad mexicana migrante, cuyas luchas de décadas atrás han contribuido a que actualmente exista un proceso de credencialización para mexicanos en el exterior, la implementación del voto a distancia y la lucha permanente por tener voz en los espacios de decisión, con una real participación y la ampliación de su representación política.
Es en este marco que las acciones afirmativas han cumplido su propósito de corregir situaciones de discriminación y hacer efectivo el acceso a los mexicanos en el exterior a una igualdad real de oportunidades y a eliminar algunos obstáculos que limitan el ejercicio de sus derechos; sin embargo, al ser medidas especiales, específicas y de carácter temporal, ameritan su fortalecimiento.
Promoción permanente en favor de los derechos de los migrantes
Como presidenta de la Comisión del Mexicano Migrante de Movimiento Ciudadano, desde 2014 inicié un proceso de integración con la comunidad mexicana migrante, estableciendo una agenda de trabajo conjunta con organizaciones y líderes migrantes en favor de la promoción y defensa de sus derechos, con resultados importantes que permitieron que Movimiento Ciudadano fuera la organización política que postulara a liderazgos de la comunidad mexicana que vive en el exterior para ser candidatos a diputadas y diputados migrantes.
Con este propósito, la Comisión del Mexicano Migrante impulsa el reconocimiento del trabajo y la representación de la comunidad mexicana migrante en el exterior. Para ello hemos venido realizando giras de trabajo por varios Estados de la Unión Americana, con el fin de dar a conocer la agenda migrante de Movimiento Ciudadano, pero sobre todo para colaborar con la comunidad mexicana migrante en alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos.
A través de este esfuerzo compartido logramos que Movimiento Ciudadano, independientemente de la Acción Afirmativa impulsada por el INE, postulara y contara con diputados migrantes desde la LXIII y LXIV Legislaturas y en la actual LXV Legislatura de la Cámara de Diputados.
Estamos convencidos de que el gobierno de México no ha asumido una posición firme y clara sobre el tema migratorio frente a Estados Unidos, debido al número de connacionales que viven cruzando la frontera norte y al invaluable apoyo que brindan al sostenimiento de la economía mexicana con el envío de divisas.
Es innegable la enorme contribución que realizan a la riqueza de EE. UU. y al sostenimiento de la economía de México. En correspondencia, tenemos que hacer una firme defensa de la población migrante mexicana que se mantuvo activa a pesar de la pandemia en las actividades calificadas por el gobierno estadounidense como “críticas para la salud pública y para la seguridad económica y nacional”.
Por ello, en la Agenda Migrante se contempla también la atención de la problemática que surge en la frontera sur por la falta de una estrategia integral de atención a los flujos migratorios que vienen de los países de Centroamérica, que se evidencia con las miles de detenciones de personas migrantes, sin contar con un registro público y detallado que permita a sus familiares saber dónde están y cuál es su situación legal, así como velar por el respeto a sus derechos humanos y un trato digno por parte de las autoridades migratorias y la Guardia Nacional.
En Movimiento Ciudadano refrendamos el compromiso por trabajar hombro con hombro con las personas migrantes para lograr una migración ordenada y regular, en condiciones de seguridad y respeto a su dignidad. En este sentido, como diputada federal en la LXIV Legislatura presenté tres iniciativas en apoyo a la comunidad mexicana migrante:
- Iniciativa con la que se establece en la Constitución y en la Ley secundaria la figura de la Diputación Migrante como un mecanismo que otorgue representación política y voz en los espacios de decisión a los migrantes.
- Iniciativa con la que se establece dentro del Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE) la figura del Consejero Electoral Migrante.
- Iniciativa con la que se crea la Secretaría del Migrante a nivel federal para la atención del “otro México” que vive fuera de nuestras fronteras.
Queremos que su esfuerzo no sólo se valore por el número de remesas que envían al país. Queremos sean reconocidos por su valor probado, sus capacidades desarrolladas y sus resultados concretos que se traducen en casos de éxito, que permiten generar desarrollo y crecimiento en ambos lados de la frontera norte de nuestro país.
Desde la Comisión del Mexicano Migrante seguiremos trabajando para que en el país se creen disposiciones jurídicas y se implementen políticas públicas para reducir la desigualdad en el goce y ejercicio de los derechos político–electorales de las personas migrantes.