El gobierno del estado está trabajando en serio para poder facilitar una migración segura, ordenada, regular y responsable debido a políticas migratorias planificadas y bien gestionadas
El pasado 26 de junio del año en curso celebramos el conversatorio titulado “Políticas Públicas y Acciones de Gobierno en Materia de Migración en el Estado de Nuevo León”, como un ejercicio de análisis y discusión de los flujos migratorios desde una perspectiva internacional, nacional y local, y de las acciones de gobierno para atender las condiciones de las personas migrantes.
Ese espacio de reflexión permitió visibilizar las acciones de política pública que realiza el estado de Nuevo León y sus efectos en aquellos flujos migratorios, a fin de contar con los elementos necesarios para seguir construyendo una agenda vanguardista y multidisciplinaria que privilegie la movilidad humana como una realidad constante en el país.
Considerando la creciente movilidad humana de sur a norte, que viene de países de Centroamérica hacia los Estados Unidos, cruzando por territorio nacional con sus múltiples desafíos y problemáticas, vemos cómo varias entidades federativas han dejado de ser lugares de paso para ser opciones de destino para miles de personas migrantes.
En este escenario, entidades federativas como Nuevo León se han convertido en referentes en la atención a esa población migrante.
El conversatorio permitió realizar un amplio análisis de las políticas públicas y acciones de gobierno que en materia de migración se realizan a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, como en el caso de Nuevo León.
Para ello fue fundamental la participación de especialistas a nivel internacional y a nivel nacional, así como de funcionarios del gobierno de Nuevo León, con el propósito de conocer la situación actual de las personas migrantes en su tránsito por el país.
México se ha convertido, simultáneamente, en país de origen, de retorno, de tránsito y ahora, destino de migrantes, quienes en su mayoría provienen de países de Centroamérica.
Las personas migrantes en tránsito por México se encuentran en un estado de vulnerabilidad acrecentado por su movilidad, la inseguridad de las condiciones de viaje y la falta de redes de apoyo. Esta situación provoca que se enfrenten a riesgos como la marginalización social, una mayor exposición al crimen organizado, medios y rutas de transporte peligrosas, condiciones climáticas extremas y poca protección por parte del Estado mexicano; a pesar de las obligaciones marcadas en el derecho nacional e internacional.
Nuevo León, históricamente hablando, ha sido polo de atracción de población en el ámbito nacional entre quienes buscan una oportunidad laboral. El crecimiento poblacional registrado en nuestro estado durante los últimos 50 años es producto, en gran parte, de los procesos de inmigración, incentivados por el desarrollo económico de un creciente sector industrial que generó una demanda de mano de obra que, con la llegada de población de otras partes del país y también del extranjero, ha sido posible cubrir.
El gobierno del estado está trabajando en serio para poder facilitar una migración segura, ordenada, regular y responsable debido a políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, generando un balance de sus iniciativas migratorias existentes, fomentando el diálogo entre el gobierno nacional y las autoridades locales y planteando posibles soluciones a los desafíos que se enfrentan en este tema, en concordancia con el pacto mundial sobre migración y los objetivos del desarrollo sostenible (ODS).
Entre las buenas prácticas identificadas se encuentra la implementación de la política “Nueva ruta: incluir para ser iguales”, que contempla acciones en alimentación, vivienda, medios de vida, educación y salud que benefician a la población migrante; así como el espacio de igualdad e inclusión para personas migrantes, refugiadas, desplazadas y retornadas, donde se ofrece orientación sobre el acceso a derechos, trámites migratorios, asesoramiento legal y psicosocial, enlace con consulados, estudios socioeconómicos y vinculación con programas sociales.
Durante el conversatorio, la Dra. Gabriela Zamora, directora para la No Discriminación e Igualdad de la Subsecretaría de Diversidad e Inclusión Social, destacó que la Constitución de Nuevo León reconoce los derechos humanos de todas las personas sin importar su nacionalidad ni su condición social. De esta manera, se procuran salvaguardar derechos de los migrantes, como salud, educación, identidad, trabajo y vivienda.
El gobierno del estado tiene alianzas estratégicas con ACNUR, OIM y PNUD; con el INM, RENAPO; albergues y sociedades civiles locales e internacionales, igualmente ha firmado diversos instrumentos de colaboración con este tipo de actores.
Dado que el ACNUR abrió su oficina en Nuevo León, ahora nuestro estado es uno de los que reciben mayor número de solicitudes de refugio. En materia de educación, existe el Programa Binacional de Educación Migrante, con el cual todas las niñas y niños en albergues pueden acceder al sistema básico en 24 horas. Más de 250 niñas y niños fueron ya beneficiados con este programa. En materia de salud, todas las personas pueden acceder a ‘’Cuida tu salud’, programa que beneficia a aquella población que no tiene seguridad en esta materia, y existen módulos de vacunación y consultorios para atender a las personas migrantes también.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo de Nuevo León tiene un programa de inclusión laboral que está dirigido a los empleadores y a los buscadores de empleo, con interés para contratar a los migrantes.
En tanto, la Mtra. Ana Mercedes Sainz Valenzuela, Titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, mencionó cómo el trabajo de Nuevo León en favor de la población migrante ha sido importante. Relató que fue parte del jurado del “Concurso de Cuentos de Migrantes”, y en realidad no había cuentos, eran más bien crónicas de niños con historias aterradoras sobre lo que pasaban en México: secuestros, extorsiones, hambre, etcétera.
La Dra. Ana Eunice Rendón Cárdenas, académica e investigadora especialista en materia migratoria, señaló que, a nivel local, en las fronteras es donde hay una gran concentración de migrantes. Los municipios, la sociedad civil y grupos religiosos son los que han estado al pie del cañón de manera permanente.
Subrayó la necesidad de encontrar la manera de sensibilizar y responsabilizar a los gobiernos locales en materia migratoria. Citó el caso de la Ciudad de México, donde sólo hay tres personas que atienden un tema tan grande. Desde su perspectiva, los estados deberían dar, primeramente, en su estructura organizacional, la prioridad que merece este tema.
Aun cuando la mayoría de los migrantes no se quedarán permanentemente en México sino sólo unos meses, de cualquier manera tienen necesidades y se debe pensar qué hacer con estas personas durante el tiempo que permanecen en el país. Los campamentos de migrantes en la Ciudad de México son un gran ejemplo de políticas públicas nulas para atender este tema.
La Dra. Rendón propuso que Nuevo León desarrolle un proceso de transformación de las estaciones migratorias que inició hace siete meses. Esto implicaría un cambio de diseño estético, de seguridad, etc. Es decir, una transformación artística de las estaciones migratorias en todo el país para que dejen de parecer cárceles.
En el segundo bloque del conversatorio sobre políticas públicas desde una visión internacional, el Dr. Héctor Eduardo Bezares, especialista senior de Proyecto en Monitoreo y Evaluación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), expuso cómo hasta 2022 se hablaba de la existencia de un flujo migratorio de 281 millones de personas, con la problemática que representa, y en este contexto aclaró que es en los municipios donde se puede volver a dignificar a los migrantes. Debemos dejar de verlos como una amenaza, destacó.
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha participado en la construcción de un marco gobernanza migratoria que pueda atender a la migración. Hay una suboficina de la OIM en Monterrey que trabaja con la Secretaría de la Igualdad e Inclusión.
Puso como ejemplo la campaña ‘‘Hilos que unen’’, que busca generar un cambio en el comportamiento de la población, una reconversión, una forma en la que las personas migrantes están siendo pensadas, integradas a la mente colectiva de las comunidades locales.
En este contexto, las alianzas que ha hecho el gobierno de Nuevo León con otras entidades gubernamentales, sociedad civil, organismos internacionales han sido importantes. Dentro de las áreas de oportunidad propuso: un taller sobre estadística migratoria, la producción de datos a manera local, de las autoridades federales, pues el monitoreo de la demanda de mano de obra migrante no se tiene.
Finalmente, el Dr. Florian Hoepfner, de la Oficial Principal de Soluciones Duraderas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), compartió que la ACNUR y las autoridades gubernamentales han creado un modelo de integración para las personas refugiadas en México a través de un programa que inició en 2019, que se ha estado llevando a cabo de manera paulatina en Nuevo León.
Recientemente un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía mexicana identifica tres barreras estructurales para que la sociedad pueda aprovechar el nearshoring: uno de ellos es la mano de obra. El modelo que presenta la ACNUR es regular a la persona migrante y emplearla. Estimó que serían aproximadamente 210 millones de pesos lo que recaudaría la hacienda pública mexicana en caso de regularizar la situación migratoria de las personas que buscan trabajo. Se está avanzando en ese sentido, así como con la apertura de cuentas bancarias para que puedan recibir su sueldo y remesas.
El conversatorio fue un ejercicio muy productivo, pues sin duda las reflexiones realizadas servirán para fortalecer las políticas públicas locales en beneficio de una población migrante que se desplaza para vivir mejor.
Escuchamos la visión de tres expositores expertos en la problemática migratoria nacional y dos expositores en materia internacional, con las que podremos fortalecer las políticas públicas y las acciones de gobierno en Nuevo León.
El gobierno de Nuevo León continuará trabajando, como hasta ahora, para facilitar una migración segura, ordenada, regular y responsable, con orientación a políticas migratorias planificadas y gestionadas por nuestro estado.
Nuevo León continuará generando un balance de sus iniciativas migratorias existentes y fomentará el diálogo entre el gobierno nacional y las autoridades locales, además de plantear posibles soluciones a los desafíos que se enfrentan en materia migratoria.