MC presentó una solicitud ante la CIDH para activar mecanismos de protección para personas migrantes en Estados Unidos y México.
La Comisión del Mexicano Migrante trabaja para que los gobiernos de México y EE. UU. establezcan mecanismos de cooperación para atender a las personas deportadas.

Pila Lozano Mac Donald
Con la llegada de Donald Trump a su segundo período como presidente de los Estados Unidos, se pusieron en práctica, mediante la firma de órdenes ejecutivas, una serie de medidas en contra de las personas migrantes como parte de sus promesas de campaña, por ejemplo, el cierre de la frontera y la ejecución de “la mayor deportación” de migrantes.
¿De dónde partimos? En el exterior viven aproximadamente 38 millones de mexicanas y mexicanos, incluyendo a sus descendientes. Tan solo en Estados Unidos, se encuentran aproximadamente 11.6 millones de connacionales nacidos en México. En 2024, nuestras paisanas y paisanos enviaron a México 61 mil millones de dólares.
Sin duda, las políticas migratorias de Trump han sido una gran fuente de controversia y han generado desafíos tanto dentro de EE.UU. como a nivel internacional. La resistencia a estas políticas no sólo requiere acción legal y política, sino también la movilización social, la creación de conciencia pública y la solidaridad con las y los migrantes. La combinación de esfuerzos locales e internacionales puede contribuir significativamente a frenar medidas injustas y a avanzar hacia una política migratoria más humana y respetuosa con los derechos fundamentales.
Actualmente, el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos genera temor e incertidumbre entre la población migrante debido a su estatus legal en territorio estadounidense. Esta política ha derivado en una mayor persecución y criminalización de quienes, con su trabajo, contribuyen a la fortaleza de la economía y al desarrollo de ese país.
Las órdenes ejecutivas de Donald Trump están llevando a las autoridades migratorias a perseguir a las personas migrantes en los lugares donde hasta hace poco tiempo estaban protegidas, como iglesias, hospitales, albergues y escuelas. Dichas órdenes van acompañadas de acciones de gobierno contrarias a sus derechos humanos, como discriminación, explotación, marginación, criminalización, acoso y maltrato.
Por ello, resulta importante la determinación de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales de trabajar para velar por el respeto a los derechos humanos y garantizar la seguridad de las personas migrantes.
Acción en defensa de las personas migrantes
Movimiento Ciudadano presentó, a través de la senadora Amalia García, integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado; de la diputada Laura Ballesteros, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; de la diputada Irais Reyes y de Pilar Lozano Mac Donald, presidenta de la Comisión del Mexicano Migrante, una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se activen mecanismos de protección para personas migrantes en territorio de Estados Unidos y México, que ayuden a prevenir la crisis humanitaria en materia de derechos humanos que está en puerta por la deportación masiva que separará a familias enteras.
En este contexto, ¿qué podemos hacer? Desde nuestro punto de vista, tienen que ser varias las acciones a implementar:
Impulsar el apoyo político
Presión legislativa: exigir que el Congreso de EE.UU. actúe para proteger a las y los migrantes. Se pueden organizar campañas de carta y peticiones a representantes y senadores, instándolos a que rechacen las políticas migratorias de Trump, en particular las medidas de deportación rápida, la militarización de la frontera y la negación de asilo. Contactar a representantes y senadores para que impulsen reformas migratorias más inclusivas.
Apoyar leyes locales y estatales: impulsar normativas más flexibles a nivel estatal o municipal que contrarresten medidas federales restrictivas.
Defender los derechos humanos y la justicia social
Activismo y protesta: participar en manifestaciones y protestas pacíficas para mostrar oposición a políticas como la criminalización de las personas migrantes, las deportaciones masivas y la construcción de muros. Las organizaciones pro derechos humanos en EE.UU., como American Civil Liberties Union (ACLU) y Human Rights Watch, realizan campañas de sensibilización y movilización.
Trabajo con aliados: es fundamental formar coaliciones con otros grupos que defienden los derechos de las comunidades inmigrantes, incluyendo a organizaciones religiosas, laborales y de derechos civiles. Movimientos como Families Belong Together han trabajado para detener la separación de familias migrantes y presionar por la derogación de políticas antiinmigrantes.
Abogacía legal y acciones judiciales
Litigios y defensa legal: las batallas legales contra las políticas de Trump han sido una de las formas más efectivas de contrarrestar sus acciones migratorias. Grupos como el Centro de Derechos Constitucionales (CCR) e Immigrant Legal Resource Center (ILRC) han trabajado en la defensa legal de inmigrantes que enfrentan la deportación o la separación familiar.
Acción ante la Corte Suprema de EE.UU.: los abogados de inmigración y los defensores de los derechos humanos pueden impugnar en los tribunales las políticas que violan los derechos constitucionales y los tratados internacionales como el derecho al asilo.
Uso de la diplomacia internacional
Presión internacional: los gobiernos y las organizaciones internacionales pueden utilizar la diplomacia para presionar a EE.UU. a cambiar sus políticas migratorias. Las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), y Amnistía Internacional han denunciado las políticas de Trump que violan las leyes internacionales sobre derechos humanos, especialmente en lo que respecta al trato de los refugiados y solicitantes de asilo.
Crear conciencia pública y educar sobre migración
Campañas de sensibilización: es importante educar al público estadounidense sobre los beneficios de la migración para desmantelar los mitos y prejuicios que alimentan la retórica de Trump. Hay que promover el entendimiento de que los migrantes son parte integral de la economía, la cultura y el tejido social de EE.UU. Las campañas pueden incluir documentales, charlas abiertas y la publicación de artículos informativos.
Contribuciones históricas de los migrantes: mostrar historias de éxito de migrantes que han contribuido positivamente a la sociedad estadounidense, ya sea en la medicina, la tecnología, la cultura o el arte, para contrarrestar la narrativa de que los migrantes son una “carga” para el país.
Apoyo a los migrantes en nuestro país
Reinserción integral: exigir acciones concretas al gobierno mexicano para la reinserción de las y los migrantes deportados. Proponer la creación de una comisión interinstitucional que trabaje en un plan de reinserción integral. Presentar informes sobre la falta de reinserción ante la ONU, la OEA o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Promover campañas de concientización: utilizar redes sociales y medios para educar sobre el impacto de estas políticas, así como promover la defensa de los derechos de las y los mexicanos deportados.
Estas acciones pueden ser emprendidas por nuestros senadores, diputados locales y federales, enlaces de la Comisión del Méxicano Migrante y todo Movimiento Ciudadano.
La Comisión del Mexicano Migrante continuará pugnando para que el gobierno mexicano y el estadounidense establezcan mecanismos de cooperación que permitan la atención de las personas deportadas, que minimicen el impacto de las medidas negativas en las comunidades de migrantes y, fundamentalmente, que garanticen el respeto a los derechos humanos.
Las personas migrantes poseen derechos y libertades fundamentales que son universalmente reconocidos en instrumentos internacionales sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Esos derechos y libertades jamás se pierden por cruzar cualquier frontera.
Estamos en tiempos difíciles para la población migrante, momentos que exigen acciones inmediatas que permitan la gestión ordenada de la migración con un trato humano, la cooperación internacional para evitar una crisis humanitaria en la frontera y el establecimiento de mecanismos de asistencia humanitaria a migrantes deportados.