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Se considera que se requieren acciones, desde el ámbito de las políticas públicas, en las que se consideren las particularidades de los distintos segmentos que conforman la juventud mexicana
Una de las evidencias, más palpables, del rotundo fracaso del modelo de desarrollo impuesto en México en las tres últimas décadas, es la existencia cada vez más extendidas de los “Ninis” en nuestro país. Personas que están excluidas de las actividades económicas y de cualquier sistema educativo formal institucional. Sea esta de carácter público o privado. De acuerdo con datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) de los 20 millones de personas de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan más del 30%, esto es, 7 millones son mexicanos (La Jornada, 21 de enero de 2016) se encuentran en esta situación.
Generándose las condiciones para que el excesivo tiempo libre con el que cuentan lo orienten hacia actividades que indudablemente afectan el tejido social. 
Lo anterior debido a que existen segmentos de jóvenes, sobre todo de los estratos sociales con mayores niveles de carencia y precariedad, que no encuentran en las instituciones públicas y el ámbito empresarial una respuesta clara, precisa, consistente y de largo aliento para sus presentes y futuras necesidades. Cuya problemática se caracteriza por:
- El evidente desempleo de jóvenes profesionistas; su inserción en empleos de ínfima calidad o convertirse en parte de las “avanzadas” o “batucadas” utilizadas para las campañas de los principales partidos políticos (que integraron del Pacto por México) para al menos tener un ingreso temporal y la posibilidad de incrustarse en la administración pública. A cambio de la total docilidad, silencio o complicidad de las, no erradicadas, irregularidades del manejo del gasto público. Lo que genera la insatisfacción, la frustración, la incertidumbre y la negación de oportunidades que posibiliten la construcción plena de un proyecto de vida.
- La incapacidad y rezago de los sistemas educativos que lejos de comprender los factores socioeconómicos y socioculturales en el que se encuentran inmersos los y las jóvenes considerados como “conflictivos, conflictivas, problemáticos o problemáticas”. Optan por la irrestricta aplicación de los mecanismos de estigmatización y exclusión de la(s) institución(es) educativa(s).
- Desencanto y rechazo ante la predominancia de la impunidad de la que se regodean integrantes de la clase política de los distintos niveles de gobierno. Quienes con su actuar cotidiano demuestran que lo correcto no es lo que se reivindica y alienta tanto en hogares como en las instituciones de educación de carácter tanto formal como no formal. En el sentido de que la honestidad, la sinceridad, la responsabilidad, la solidaridad, y la justicia son los valores que hay que interiorizar y convertir en las pautas de comportamiento tanto individual como colectiva. Si no que actúan en sentido totalmente inverso, al amparo de la impunidad y de la inexistencia de la más mínima posibilidad de ser sancionados o sancionadas.
- La existencia formal de instituciones gubernamentales encargadas de atender las distintas problemáticas de la juventud mexicana. Pero que en lo real se han convertido en premio de consolación o trampolín político para quienes están cerca o son parte de las cúpulas partidistas o políticas del país.
Se considera que se requieren acciones, desde el ámbito de las políticas públicas, en las que se consideren las particularidades de los distintos segmentos que conforman la juventud mexicana. Ya que no toda la juventud tiene los mismos orígenes de clase o antecedentes familiares; los mismos gustos y las mismas capacidades de consumo; los mismos orígenes étnicos y las mismas creencias religiosas; las mismas tanto experiencias como expectativas y las mismas cosmovisiones de la realidad. Por lo que pretender uniformar y estandarizar a la juventud mexicana, implica ignorar la cada vez más extendida desigualdad existente en nuestro país.