El surgimiento de los llamados grupos de autodefensa en estados como Michoacán y Guerrero no es fortuito. Tampoco forma parte de una política de Estado que obligue al gobierno a cumplir eficientemente el mandato constitucional de garantizar seguridad al pueblo.
Se trata de una emergencia. De un levantamiento mezcla de indignación y desesperanza, de pueblos enteros abandonados a su suerte durante años, que ante la desprotección fueron convirtiéndose en rehenes de bandas criminales.
Los secuestros, las extorsiones, el pago de cuotas a cambio de “seguridad”, las bribonadas telefónicas, los
atracos de uniformados, fueron convirtiéndose en parte de la normalidad. En muchas regiones de México, miles de empresarios están siendo obligados a pagar “derecho de piso” a delincuentes, a excepción (¡oh paradoja!) de aquellos que pueden pagar guardaespaldas, esto es, quienes tienen sus propios grupos de autodefensa, sus guaruras (y viéndolo bien, ello incluye a los guardaespaldas de los funcionarios públicos, que ni así pueden sentirse seguros, excepción hecha del Estado Mayor Presidencial, encargado de la custodia del presidente de la República).
Pero nadie lo sabía. Nadie lo sabe aún a ciencia cierta. Ninguna autoridad actuó a tiempo. La partidocracia siguió disputándose el poder, desde las cumbres palaciegas hasta la llanura municipal, y se olvidó del ciudadano. Llevó al poder a funcionarios ineptos, cuando no a cómplices de la delincuencia.
Con prisa, bajo presión, entre discursos y declaraciones, el gobierno se apresta a darle un marco de legalidad a los, hoy por hoy, necesarios defensores de los pueblos. Medida que, ante la ineptitud y la ineficiencia propias, debió realizar hace tiempo.
¿Qué sigue? ¿Cuánto tiempo durará la emergencia? ¿Cuál será la normatividad que rija en este preocupante episodio de la vida nacional? Ojalá la ineficiencia no nos acerque a la máxima atribuida a José Stalin: “Un hombre muerto es una tragedia; un millón, una estadística”.
