En su reciente “Informe-país sobre la calidad de la ciudadanía en México”, elaborado por el Instituto Federal con la colaboración de El Colegio de México y dado a conocer por el ahora Instituto Nacional Electoral, el diagnóstico (producto de alrededor de 10 mil encuestas) es demoledor: prevalecen en nuestro país condiciones que impiden la consolidación de una vida plenamente democrática y el ejercicio cabal de los derechos ciudadanos.
Sin dejar de reconocer los avances logrados en la construcción de nuestra democracia mediante “una ampliación efectiva de los derechos políticos de las y los mexicanos sin precedentes en nuestra historia”, de los datos duros obtenidos por el INE y El Colegio de México, “factores como la pobreza y la desigualdad; la persistencia de prácticas autoritarias y clientelares; la desconfianza en las instituciones, así como las amenazas a la seguridad pública, vulneran la condición ciudadana de los mexicanos e impiden el afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa”.
Es claro que detrás de este deprimente escenario se esconde una mala calidad educativa, formadora de ciudadanos que votan por obligación cívica y no para ejercer un derecho político constitucional. También están torpemente soterrados en esta realidad la perversión del sistema político, ineficiencia, ineptitud, corrupción e impunidad inmensas.
No puede ser sino perverso un sistema político que niega oportunidades de educación de calidad a todos los mexicanos; que impide deliberadamente el acceso de los ciudadanos a las candidaturas independientes; que burla la voluntad popular con desvergonzadas violaciones a la Constitución y sigue privilegiando (peligrosamente) sus alianzas cómplices con los poderes fácticos, para que la ciudadanía, excluida de las decisiones, siga siendo tan sólo comparsa política de intereses partidocráticos.
La lucha para que el ciudadano recupere su legítimo poder continúa, no ha terminado.
