Aprincipios de 2014, el entonces Instituto Federal Electoral y El Colegio de México, elaboraron mediante encuestas un valioso documento denominado Informe país sobre la calidad de la Ciudadanía en México.
Después de reconocer logros en el proceso de democratización del país, ambas instituciones advirtieron entonces: “… es evidente que prevalecen condiciones que impiden la consolidación de una vida plenamente democrática y el ejercicio cabal de los derechos ciudadanos. Factores como la pobreza y la desigualdad; la persistencia de prácticas autoritarias y clientelares; la desconfianza en las instituciones; así como las amenazas a la seguridad pública, vulneran la condición ciudadana de los mexicanos e impiden el afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa”.
Desde entonces, el IFE advirtió la necesidad de promover un diálogo a nivel nacional entre los distintos actores del país, sobre los factores que inciden en los procesos de construcción de ciudadanía. Procesos que necesariamente deben vincularse con avances tangibles en el difícil y aun escabroso proceso de democratización del país.
Ese diálogo no se ha dado. México sigue en manos de una oligarquía autoritaria, el sistema de partidos y las sucesivas elecciones en más de ocho décadas no han conducido a una auténtica transición democrática, ni siquiera en los comicios presidenciales de los años 2000 y 2006. Por el contrario, sigue intacto el sistema político que engendró corrupción, caciquismo, trapacería electoral, afianzamiento de una élite en el poder y desplazamiento de la sociedad en la toma de las decisiones que le incumben.
Así agredida, la ciudadanía empieza a despertar y a reconquistar espacios, sea con candidatos ciudadanos, sea con candidatos independientes, en abierto desafío a las fuerzas que se le oponen. La oligarquía será derrotada y la democracia recuperará la esencia que le ha sido arrebatada.
La transición democrática está por venir.
