El tema de seguridad en Michoacán y en el resto del país está lejos de resolverse. Hace unos días FrontLine reveló que del 2007 al 2014 en México fueron asesinadas más personas que en Irak y Afganistán juntos, con una dramática cifra de 164 mil 345 muertes en nuestro país.
Ante esta realidad y la quiebra de los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, la discusión en el tema de seguridad en Michoacán ha rebasado las posturas públicas de las autoridades e instituciones políticas tradicionales.
En un contexto donde las instituciones se han manchado por la corrupción, e involucrado con el crimen organizado, donde además la justicia se aplica de manera selectiva y en base a cálculos políticos, José Manuel Mireles Valverde, el médico convertido en autodefensa, no deja de tener relevancia y representa la esperanza de una sociedad entera, porque deja en evidencia la incapacidad de las autoridades en brindar los derechos más elementales de las personas como son: la vida, la seguridad y el patrimonio.
A más de dos años del surgimiento de las autodefensas en Michoacán, y a más de un año del encarcelamiento de José Manuel Mireles Valverde, las causas por las cuales se levantaron en armas los pobladores de los municipios asolados por el crimen organizado, y que fueron denunciadas desde el principio, siguen sin resolverse de fondo, o cuando menos no han dado los resultados esperados: la colusión de diversas autoridades con la delincuencia no ha sido aclarada, ni tampoco se les han fincado responsabilidades.
Si bien se ha capturado a diversos líderes criminales, la situación que vive Michoacán actualmente dista de ser la de un clima de seguridad, paz y justicia. Cuando menos es lo que siguen denunciando algunos grupos ligados a las autodefensas y que persisten en algunas zonas del estado como en la Costa Michoacana, cerca de donde Mireles Valverde fue aprehendido por las fuerzas federales, acusado de diversos delitos.
La incómoda y legítima exigencia Desde el surgimiento de las autodefensas, José Manuel Mireles, cofundador de este movimiento en Michoacán, junto con Hipólito Mora Chávez, se puso sobre la mesa una discusión que no se había tomado por el temor de las represalias; sin embargo, es clara la legitimidad de sus exigencias, a partir de la insostenible situación de seguridad propia y de sus familias, como de miles en Michoacán a causa del crimen organizado.
La creciente exigencia de justicia por los miles de muertos y desaparecidos, la extorsión constante y el secuestro, evidenció la colaboración de múltiples autoridades con la delincuencia y esto incomodó a muchos, como lo señaló en diversas ocasiones el propio Mireles Valverde, así como Hipólito Mora.
La intervención del gobierno federal, por medio de una Comisión Especial que encabezó el allegado al jefe del ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, el polémico Alfredo Castillo Cervantes, lejos de obtener resultados que atendieran las demandas de las autodefensas, se convirtió en una persecución hacia los líderes. Especialmente contra Mireles Valverde e Hipólito Mora.
El doctor Mireles, como se le conoce al cofundador de las autodefensas michoacanas por su profesión de médico, fue de los que más disintieron de la estrategia planteada por el comisionado Castillo. Las diferencias fueron porque Mireles Valverde exigía que primero se cumplieran una serie de compromisos antes de que se diera un desarme de los civiles que se habían levantado contra el crimen organizado. Mientras que el enviado federal exigía el desarme para continuar con el proceso de “pacificación” en el estado.
El argumento de Mireles Valverde para mantenerse en su postura fue que no era posible el desarme, mientras no se detuvieran a los líderes criminales y se limpiaran las instituciones públicas de sus colaboradores infiltrados, dado que de otra manera los riesgos contra la integridad de los autodefensas y sus familias seguiría latente.
José Manuel Mireles fue detenido el 27 de junio del 2014 en la tenencia de La Mira, en el municipio costero de Lázaro Cárdenas, en medio de múltiples irregularidades que fueron denunciadas posteriormente durante el proceso al cual fue sometido.
En mayo de este año, cuando se le iba a dar un amparo para que pudiera librar su proceso en libertad, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso de revisión, con lo que se aplazó su proceso de liberación. Fue hasta el 4 de julio cuando se desistió de dicho recurso, dejando en manos de un tribunal la resolución de si continuaría o no preso el co-fundador de las autodefensas.
El 21 de julio un tribunal federal ratificó el auto de formal prisión en contra del médico, por delitos por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y la portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. El deterioro físico Desde que está preso, en un penal federal de Sonora, la salud del doctor José Manuel Mireles, se ha venido deteriorando de forma paulatina y constante. Padece diabetes y no ha sido tratado adecuadamente.
De acuerdo con la última información, confinado y sin recibir la atención médica que requiere, se encuentra en silla de ruedas. Las visitas que se le pueden hacer, y sólo sus familiares, son posibles cada dos meses. La situación en que se encuentra y las irregularidades e inconsistencias en el proceso judicial, ha llevado a que tanto familiares, organizaciones civiles e instituciones políticas como Movimiento Ciudadano a que reclamen constantemente su liberación.
Sin aparente mejora Los delitos que fueron denunciados y encarados por las autodefensas que encabezó el doctor Mireles Valverde, como los asesinatos, la extorsión y el secuestro no se han erradicado de Michoacán. Incluso el robo y el asalto se han incrementado, de acuerdo con las mismas autoridades locales. En lo que va del 2015 en Michoacán se han registrado más de mil 114 homicidios, de los cuales 423 fueron dolosos y 691 culposos, lo que dejó a esta entidad en cuarto lugar en lo que se refiere al delito de homicidio.
Organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), han denunciado que tampoco ha disminuido la extorsión.
Por otro lado, tanto el Grupo de Coordinación Michoacán, que relevó en materia de seguridad a la Comisión que llegó a encabezar Alfredo Castillo antes de que fuera destituido del cargo, como el gobernador electo que entrará en funciones el próximo 1 de octubre, han reiterado que no se permitirán civiles armados en la entidad, ante la insistencia de algunos grupos autodenominados autodefensas de permanecer armados en sus regiones por las amenazas a la seguridad de los habitantes en sus municipios, como es el caso de Aquila.
