MARTÍNEZ
Una democracia participativa posee mecanismos para que la sociedad decida qué leyes regulan una sana convivencia social, cómo destinar los recursos públicos en beneficio de la comunidad o si quiere que permanezca un gobernante. Todo ello es un Estado de Derecho, que podrían defender los ciudadanos.
Sin embargo, el miedo persiste como un mecanismo tenue de control social, casi imperceptible, que se vive desde el interior del hogar; en consecuencia, quedan en manos de terceros y las decisiones que nos corresponde tomar, las toman pocos.
En palabras más sencillas, en México perdemos nuestros derechos ciudadanos con la autocensura, al abordar temas de supuesta irresponsabilidad. Recientemente circuló en Twitter un par de fotografías que llevan a esta reflexión. En la primera, se observa a ocho agentes de la Policía Federal, que reprimen a un grupo de manifestantes del 1 de diciembre de 2014, entre ellos un hombre tratando de huir de los golpes, con su hijo en brazos.
En la parte posterior, se observa la foto que les tomaron al inicio de la marcha, donde el señor carga al infante, y tiene un cartel en la mano, con la leyenda: “Somos aves que no se asustan, de animal, ni policía… #SomosFamilia”. La imagen fue viral, en menos de dos horas tenía 401 retweets y 121 etiquetas de favorita. Sin embargo, las críticas fueron de lo más variado, hubo quien reprobó la acción policiaca hasta quienes condenaron la actitud “irresponsable” de quien llevó al infante a una manifestación social, donde tiende a ser “normal” la violencia, según un usuario.
Desde mi punto de vista, la fotografía evidencia que, muy probablemente, las corporaciones policiacas no respetarán los derechos humanos de quienes se manifiesten en las calles y critiquen a lo que consideran incorrecto, pese a que el discurso oficial del gobierno federal diga lo contrario.
En México, el primer referente del miedo a la participación social es la violencia física que pueden ejercer las corporaciones policiacas contra las personas, independientemente de su edad.
En México, el primer referente del miedo a la participación social es la violencia física que pueden ejercer las corporaciones policiacas contra las personas, independientemente de su edad.
Como el caso del niño fallecido en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, el pasado 23 de julio de 2014, quien recibió un disparo de bala de goma que salió disparada del lado de los granaderos. Es natural que algunas personas critiquen el hecho de llevar a un niño a las protestas sociales;
pero las precauciones no deberían fortalecer el miedo al Estado Mexicano, que tiene la obligación absoluta de respetar los derechos humanos. Sin embargo, ello no se debe confundir con las posibles violaciones en las que pueda incurrir el gobierno a través de las corporaciones policiacas. Bien valdría la pena conocer el historial de quien aparece en las fotografías.
Uno de los comentarios que tenía la imagen era: “Eso es lo que buscan, que uno tenga miedo y que ponga de pretextos el que uno tiene hijos para no ir a apoyar”.
Esta foto quizá pueda ser un elemento para analizar qué tan buena fue la decisión de regular la movilidad universal -si es que los diputados que aprobaron las reformas constitucionales entienden el concepto- así como justificar actos de represión contra quienes estén en desacuerdo con algunas medidas y pretendan externarlo a través de una manifestación pacífica, que por cierto, sólo tiene eco si sale a las calles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido medidas que justifican el uso de la fuerza pública, cuando se afecta el bien común; pero, ¿es justificable la represión cuando no existen motivos?
¿Que viola en mayor medida el bien común, una manifestación de personas que hace más lento el tráfico por unas horas o la falta de un salario mínimo que permita vivir dignamente? Es una cuestión que debe contemplarse cuando se habla de responsabilidad o irresponsabilidad social. Insistiré en que si respetamos el artículo 1 de la Constitución, es probable que se acaten los demás, el cual debió ser el primer compromiso del gobierno mexicano al presentar las medidas para garantizar el Estado de Derecho.
