Lázaro Cárdenas del Río no sólo es uno de nuestros máximos héroes patrios, es también el mejor estadista y presidente del Siglo XX, porque supo entender como nadie que por encima de intereses particulares, debe estar siempre el interés común de la nación y la tutela de sus bienes.
La expropiación petrolera devolvió al pueblo de México esta riqueza natural y abrió el horizonte a la economía del país, con un crecimiento sostenido del 6% durante casi tres décadas.
Esto se tradujo en escuelas, hospitales, infraestructura carretera y de servicios. Las huellas del petróleo están grabadas con tinta indeleble en cada momento trascendental de nuestra historia contemporánea.
Actualmente, un tercio de las finanzas públicas del país provienen del petróleo. Por eso, en Movimiento Ciudadano fuimos muy claros cuando se discutieron las reformas constitucionales y las leyes secundarias en materia energética, de que la Nación debe seguir ejerciendo el dominio directo y pleno sobre los hidrocarburos, porque es un recurso natural estratégico y de ello depende el desarrollo económico, la generación de empleos y el bienestar de las familias mexicanas.
Refrendamos hoy esa idea, porque la solidez de las grandes economías nacionales no se construye con declaraciones y campañas mediáticas sino con visión de futuro y viendo siempre por el interés supremo de la Unión.
Desde 2013 la tendencia internacional apuntaba hacia un continuo desplome de los precios del petróleo debido a la acumulación de inventarios, es decir, el crecimiento de la oferta de crudo en reservas.
Es momento de repensar estratégicamente el futuro del sector energético y el papel que habrá de jugar nuestro país en un contexto adverso por esta volatilidad.
Los mexicanos exigimos respuestas por la incertidumbre de un esquema legal que señala que el petróleo seguirá siendo nuestro siempre y cuando se encuentre en el subsuelo y no sea aprovechado, pero que al momento de ser extraído, cuando representa un claro beneficio, el dominio y las ganancias serán de interés particular.
Se necesitan acciones inmediatas ante el desmantelamiento de PEMEX en sus funciones operativas, la carencia de infraestructura, la falta de integración al conjunto del sector energético y por la enorme corrupción y deuda que, al cierre del 2014, se ubicó en un billón 143 mil millones de pesos; producto de los oscuros esquemas de deuda encubierta llamados PIDIREGAS y por fideicomisos de los que poco se sabe y cuya transparencia y rendición de cuentas es urgente.
No podemos permitir que se afecten los derechos laborales de los trabajadores de la industria petrolera, a quienes hoy ronda la sombra de despidos masivos por el nuevo esquema de operaciones de PEMEX.
Urge rescatar del abandono al Instituto Mexicano del Petróleo, que fue una institución fundamental para la capacitación de los técnicos del país y cuyo prestigio le valió el reconocimiento en otras latitudes, como Brasil, cuyos técnicos de Petrobras vinieron a adquirir experiencia aquí, y hoy han hecho de esa empresa una de las más rentables del mundo.
Rememorar la expropiación petrolera es apelar a la conciencia nacional y a la memoria histórica. Es mirar al pasado para transformar el presente y exigir políticas energéticas que se traduzcan en eficiencia del sector.
No olvidemos que fue el pueblo de México quien sacrificó parte de su patrimonio en 1938, de manera solidaria, para pagar los costos de la expropiación.
Ya es tiempo de que el Estado sepa estar a la altura de ese compromiso y honrarlo con beneficios para todos los mexicanos.