La clase política mexicana necesita hacer un profundo ejercicio de reflexión frente a dos fenómenos que se han evidenciado en los últimos meses. Por una parte, transitamos por una crisis de derechos humanos, que aunque muchos han querido ocultar durante años, no ha dejado de generar víctimas; y por otra, el sistema político se ve reflejado cada vez con más nitidez en una grave descomposición de su clase política.
Es evidente que los derechos humanos aún no son una prioridad en la agenda de gobierno de nuestro país. No sólo atestiguamos inaceptables índices de inseguridad y violencia, sino una escalada de desapariciones forzadas, casos de tortura y crímenes donde el mismo Estado es el victimario o el cómplice, como lo evidenció el caso de Ayotzinapa. A esto se suma el insuficiente trabajo para combatir la discriminación y la violencia social, que muestran más claramente la incapacidad e indiferencia de los gobiernos para proteger la dignidad, la integridad y la vida de las personas.
En medio de esta crisis, se nos presenta una descomposición de la clase política, ante la que el gobierno se ha mostrado incapaz de responder a las exigencias ciudadanas, y donde no hay voluntad de escuchar y aprender de la diferencia. Existe soberbia y falta de autocrítica y, peor aún, el gobierno no explica ni argumenta sus decisiones y omisiones.
La gran prueba es la Casa Blanca de la esposa del presidente, donde se denunciaron redes de complicidad, intercambio de favores e irregularidades varias, pero no ha existido una respuesta a la altura de la inteligencia de los mexicanos. Este caso es simple y llanamente corrupción, y en cualquier otro país democrático donde imperara la ley, habría llevado cuando menos a la dimisión del presidente; pero nuestra clase política está sumergida en un correlato de impunidad y complicidad, donde no hay voluntad para tomar decisiones y cambiar las cosas. Sin embargo, los mexicanos no están dispuestos a cohabitar con un Estado que les da la espalda, que no les responde y que no renuncia a la tentación autoritaria.
Ante ello, la serie de manifestaciones en diversos puntos de la República, no sólo han sido legítimas, sino justificables, porque hoy más que nunca tenemos que reivindicar el derecho a la movilización social pacífica. No obstante, la reacción del gobierno mexicano, ante las demostraciones de descontento de los ciudadanos, ejemplifica la profunda descomposición de la clase política. Por una parte, revivieron una reforma legislativa para criminalizar la protesta; por otra, escuchamos al jefe de la oficina de la presidencia decir a un medio de comunicación internacional que “No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo, ni a saciar el gusto de los articulistas.” (El País, 7/XII/14)
El gobierno mexicano le está diciendo a sus ciudadanos que no tiene la voluntad, ni la disposición, ni el interés de escuchar sus demandas, de recoger su voz y de hacer un ejercicio elemental de autocrítica; para el gobierno no hay una crisis de derechos humanos, ni siquiera un problema que atender, sino simplemente una coyuntura política que se resolverá ignorándola.
México hoy no sólo es víctima de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de inseguridad y violencia del crimen organizado y del crimen de Estado, sino de la impunidad de su clase política, de su falta de autocrítica y argumentos. Esta frivolidad e indiferencia demuestra que el PRI no aprendió nada de su derrota electoral en el año 2000, ni de sus 12 años como oposición, porque regresaron al poder sin darse cuenta que la sociedad mexicana había madurado, crecido y aprendido.
Reconstruir el camino de la transición democrática, reconciliar la relación entre la sociedad y el poder público, para construir lazos de confianza, será un camino largo y complicado. Sin embargo, será el único camino que podremos seguir para tener un Estado a la altura de las expectativas de los mexicanos.