@Nelly_VargasGrupo parlamentario de Movimiento Ciudadano
Históricamente, México ha ocupado un papel estratégico en el tema migratorio: sus características geográficas lo convierten en un país de origen, tránsito, destino y retorno de un creciente flujo de migrantes.
Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), en las últimas dos décadas, México ha sido el territorio de paso más importante para cientos de migrantes que buscan entrar de manera irregular a Estados Unidos, estimando que en promedio, 401 mil personas cruzan por tierras mexicanas cada año. Tan solo de enero a octubre de 2012, se registraron 78 mil 739 extranjeros alojados en las estaciones migratorias del país; entre 92 y 95 por ciento de ellos eran nacionales colombianos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses.
Debido a su condición de indocumentadas, las personas que viajan a través del territorio nacional son víctimas de abusos tanto de parte de grupos criminales, como de las autoridades mexicanas. Las violaciones a sus derechos humanos han ido en aumento, tanto, que organizaciones como Amnistía Internacional (AI) lo han calificado como una crisis humanitaria.
Los números no mienten:
Se estima que al año son secuestrados 20 mil migrantes; la CNDH documentó que 67.4 por ciento de los ilícitos sucedieron en el sureste del país; 29.2 en el norte y 2.2 en el centro. Este delito reporta ganancias de entre 20 y 60 millones de dólares anuales, es decir, más de 768 millones de pesos mexicanos.
Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en México existen 3.6 millones de personas obligadas a trabajos forzados en condiciones de trata, de las cuales un 30 por ciento son menores de entre 5 y 17 años, y un 70 por ciento son personas indígenas y migrantes.
De acuerdo con un estudio de AI, 6 de cada 10 mujeres migrantes de Centroamérica que atraviesan la frontera sur de México sufren violación sexual y, aunque el registro es casi nulo, el hallazgo de cadáveres incompletos, sobre todo en las rutas de mayor movilidad, indica un aumento en los casos de tráfico de personas con fines de extracción de órganos.
Otro de los temas de extrema preocupación por el alto índice de marginación y los malos tratos que sufren los migrantes durante su estancia, son las estaciones migratorias o lugares habilitados como tales.
Según un informe del INM sobre el tema, solo 24 por ciento de las estaciones funciona de manera óptima, tomando en cuenta su infraestructura, condiciones sanitarias, representación legal y personal calificado.
A pesar del crudo panorama, y de que México se ha obligado internacionalmente a través de la ratificación de diversos instrumentos en materia de derechos humanos, el gobierno no ha actuado oportunamente para proteger a esta población vulnerable e investigar a los responsables de estos abusos, incluyendo a sus propios agentes migratorios y policiacos.
El número de casos en que elementos de seguridad se ven involucrados con la delincuencia en hechos violatorios a los derechos humanos va en aumento, así como la actuación de jueces corruptos que han dejado en libertad a delincuentes, políticos y gobernadores ambiciosos e impunes que a cambio de importantes sumas de dinero se vuelven fieles servidores del crimen organizado.
Cada año, cerca de 140 mil hombres, mujeres y niños, principalmente centroamericanos, ingresan clandestinamente a México, donde a bordo del tren de carga conocido como “La Bestia”, buscan llegar a Estados Unidos para probar mejor suerte, exponiéndose a un sinnúmero de peligros: bandas de maleantes que acechan el tren, especialmente de noche, para robarles el dinero que llevan para subsistir y pagarles a los coyotes en la frontera del norte.
La indiferencia del gobierno mexicano para atender los múltiples abusos que sufren los migrantes que transitan por México resulta en un doble discurso, pues con todo ímpetu condena las violaciones a los derechos humanos de los miles de connacionales que día con día buscan llegar al país vecino del norte en busca de una “mejor vida”, pero se muestra insensible ante los abusos que las personas de distinta nacionalidad sufren en nuestro territorio.