Tania Rosas
Fue el viernes 19 de diciembre de 2014; me hallaba en la reunión de fin de año con mis compañeros de trabajo. Alrededor de las 20:45 horas recibo una llamada a mi celular: “Hola soy Brenda”-, asustada, preocupada, me pregunta: “¿Has visto hoy el noticiero de Televisa?” Le respondo: “No, ¿por qué? No me asustes, ¿ocurre algo?” “Papá salió hoy en el noticiero, por un fraude en una financiera, pero me preocupé porque en una protesta de los defraudados los granaderos estaban ahí, hubo gente golpeada; ya hablé con él, lo entrevistaron pero no estuvo en la trifulca”, me dijo Brenda.
Fue así como la familia de Cuauhtémoc Galaz, padre de siete, se enteró de que había sido víctima de uno de los grandes fraudes del 2014, por parte de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), conocida como Ficrea. Así empezó un largo proceso
judicial (y emocional) en el que el señor Galaz vio esfumarse los ahorros de toda su vida y, con ello, las expectativas de una vida mejor para él y los suyos.
Todo ello se dio en el contexto del anuncio que ese mismo día, a las 9 de la mañana, hizo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). A saber: que Ficrea sería liquidada y que los ahorradores sólo recuperarían una parte de su dinero. No especificó el porcentaje de esa recuperación.
Quien ingresa en el portal web de Ficrea se enfrenta a un apartado inicial en el que describe sus valores de operación: honestidad, compromiso, atención, servicio y confianza. Ni uno sólo de esta sarta de valores se cumplió en los hechos.
Pingüe y hasta ahora impune negociazo. La Sociedad Financiera Popular (Ficrea), defraudó a seis mil ahorradores que le depositaron dinero y confianza; la mayoría personas de la tercera edad, que les confiaron desde 100 mil hasta diez millones de pesos de sus ahorros.
Una vez más, en el país del “todo va bien” los delincuentes de cuello blanco hacen impunemente de las suyas contra la ciudadanía, para la cual, lamentablemente, no hay instancias serias, comprometidas y honestas a las que acercarse para pedir apoyo. Ni la Condusef, ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, ni el Gobierno Federal; ni los responsables de estas dependencias: Mario Di Constanzo Armenta, Jaime González Aguadé, Luis Videgaray Caso, Alberto Bazbaz Sacal y Enrique Peña Nieto, han sido capaces de dar la cara a los defraudados o de intentar siquiera la búsqueda de una resolución satisfactoria y contundente en beneficio de las víctimas de tan descomunal fraude.
Como siempre, al igual que en otros temas, le apuestan al olvido de la gente. Aguantan los embates mediáticos coyunturales, a sabiendas de que todo se olvidará al paso de los días. Cuauhtémoc Galaz y los otros cinco mil 999 ahorradores no olvidarán jamás que fue Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, y las omisas y cómplices, CNBV, Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la SHCP, Condusef y el Gobierno Federal, quienes les robaron; porque de eso se trató, sin paliativos: del robo de ahorros que significaron muchos años de trabajo.
La desesperación y el coraje de las víctimas son reales. Primero, contra un defraudador prófugo, presuntamente avisado por empleados del Gobierno Federal de que había una investigación en su contra ; y segundo, contra el grupúsculo de poderosos involucrados, a quienes su brutal incompetencia les impidió alertar a tiempo a los ahorradores del robo que se fraguaba. ¿Por qué? ¿Para qué están al frente de esas instituciones personas que, cuando les llega la hora de actuar y de servir, resultan perfectamente inútiles? …y escandalosamente caros.