Luis Gutiérrez Rodríguez
Derivada de la encuesta que el diario Reforma realizó el 4 de agosto último, la noticia se convirtió en lugar común para la opinión pública: aún no llega a la mitad de su periodo el gabinete federal que inició funciones en 2012, y ya el 72% de los ciudadanos consultados afirma que tiene poca o ninguna confianza en el gobierno.
En buena medida, esta desconfianza proviene del discurso pletórico de promesas (y las expectativas creadas) durante la campaña por la Presidencia de la República para el periodo 2012-2018, reiteradas el 1 de diciembre de 2012, cuando el nuevo gobierno asumió responsabilidades.
Se dijo entonces que el objetivo principal para el nuevo gobierno, sería lograr que los derechos que la Constitución reconoce a los mexicanos pasaran del papel a la práctica. Se lograría “un México de paz”, a partir de cinco ejes fundamentales:
1.- Reducir la violencia, combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia y la paz; recobrar la tranquilidad en ciudades, pueblos y carreteras del país, transitar con seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida, a manos del crimen.
2.- Lograr un México incluyente. Combatir la pobreza y cerrar la brecha de la desigualdad, que aún divide a los mexicanos.
3.- Educación de calidad para todos. Enfrentar los rezagos educativos, para estar al nivel de las naciones desarrolladas. Lograr que los jóvenes mexicanos desarrollen aptitudes, conocimientos y capacidad para competir con éxito en el mundo moderno.
4.- Crecimiento económico sólido y sostenido, que se refleje en toda la geografía nacional para lograr un México próspero. Lograr una mayor participación en el mercado global. Impulsar, sin ataduras ni temores, todos los motores del crecimiento.
5.- Actuar con responsabilidad global. Ser un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora. Que México sea un factor de estabilidad en un mundo convulso.
La implementación de reformas estructurales, se dijo poco después, llevaría el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a más del 5%. Eso ocurrió en 2012, pero el hecho es que el crecimiento en el trienio 2013-2015 será apenas de 2%.
El problema real es que el escenario nacional tiene componentes que van a la alza: inseguridad, corrupción, impunidad, violación de derechos humanos, un sistema de justicia sentado en el banquillo de los acusados, pobreza, desigualdad social, desconfianza, descrédito público, ineficacia gubernamental… Y un gobierno que sigue aferrado, “sin ataduras ni temores”, a un modelo neoliberal de desarrollo que en todo el mundo ha mostrado su fracaso.
Violencia e inseguridad
No disminuye la violencia. El 28 de julio último, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), presentó un estudio según el cual en 11 estados los homicidios dolosos e imprudenciales se incrementaron de 2012 a 2015.
Según el ONC, el aumento de homicidios en esas entidades se reflejó en el análisis realizado para el periodo 1997-2014, con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En materia de secuestros el estudio refiere que en el periodo 2012-2015 fueron registrados 320 casos que terminaron en el homicidio de la víctima. Del total, 250 eran hombres y 70 mujeres. Oaxaca, el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Chiapas, Guanajuato y Guerrero concentran el 81.6% de feminicidios reconocidos oficialmente en 2014.
El hallazgo de fosas clandestinas es otro rubro siniestro del clima de violencia e inseguridad en el país. Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014 la Policía Federal localizó 113 fosas clandestinas con 721 osamentas. La Marina reportó que del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2014 ubicó 81 enterramientos con 128 cuerpos. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que del 4 de marzo de 2011 al 17 de febrero de 2014 localizó 246 fosas con 534 cadáveres.
Hoy se habla de 200 mil víctimas por la guerra contra el crimen organizado, cálculo siniestro en lo que hay de todo: militares, policías, civiles, defensores de derechos humanos. La tasa de homicidios en 2014 fue dos veces superior a la de 2007 y ocho veces mayor que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a 34 países.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio último hubo mil 532 víctimas de homicidio doloso, lo que significó un aumento de 8% respecto del mismo mes de 2014. Y de acuerdo con el Índice Delictivo elaborado en 2013 por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), 16 de las 32 entidades federativas del país están siendo afectadas por el crimen organizado, en niveles que van de “severo” a “grave”.
Sigue en el discurso el compromiso de crear políticas públicas contra las adicciones. Incrementar las oportunidades de educación y cultura. Generación auténtica de empleos, sin cifras acrobáticas, para un país que necesita más de un millón de plazas laborales cada año.
Mención especial merecen los asesinatos de comunicadores. De acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras, “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas; las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado –incluso de autoridades corruptas– son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de información”.
En la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido. En la percepción ciudadana, detrás de estos asesinatos hay de todo: crimen organizado, corrupción política y funcionarios corruptos. Matan periodistas para silenciar.
Tan sólo en el estado de Veracruz, entidad señalada como “de alto riesgo” para ejercer el periodismo, entre 2011 y 2015 han sido asesinados 15 periodistas.
Corrupción e impunidad
El Barómetro Internacional de la Corrupción que año tras año publica Transparencia Internacional, señala que México no avanza en esa materia: en América Latina es el segundo país en el que las autoridades reciben más sobornos, solamente precedido por Bolivia. Las autoridades más impactadas por el soborno son precisamente las encargadas de aplicar la ley: el poder judicial y la policía. En el listado de 107 países que ofrece Transparencia Internacional, México ha retrocedido 31 lugares de 2008 a 2014.
El Fondo Monetario Internacional ha manifestado que la corrupción puede llegar a suponer una disminución de 5% de las inversiones en México. El costo de esta lacra es altísimo para las empresas: el 44% de ellas reporta haber pagado sobornos, según datos ofrecidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). La plaga se extiende por todos los niveles de gobierno: una tercera parte de los “pagos extraoficiales” hechos por empresas mexicanas fue a funcionarios municipales.
Una Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el INEGI, reveló que la impunidad en México ha llegado al 99.6%: es decir, a sólo cuatro décimas de la impunidad total. Apenas el 1.5% de las denuncias llegan a ser consignadas ante un juez.
A su vez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que la opacidad y la ambigüedad para regular el uso de recursos públicos, se repiten en los tres Poderes de la Unión y en los poderes ejecutivo, estatales y municipales. Causas principales: gestiones irregulares, niveles excesivos de discrecionalidad, “zonas grises” en la normativa aplicable; problemas recurrentes en la eficacia, eficiencia y economía de la acción gubernamental, o ausencia de elementos suficientes y efectivos de supervisión y control.
Empresarios mexicanos llevaron al Foro Económico Mundial (FEM) en Davós, Suiza, el dato de que el costo de la corrupción en México equivale a 9% del PIB; las empresas dedican hasta 10% de sus ingresos a sobornar. Más de 12 mil directivos empresariales encuestados por FEM revelaron que “la corrupción es el segundo factor más problemático para hacer negocios en México”.
Pobreza
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, entre 2012 y 2014 la población en pobreza subió de 45.5 a 46.2%; es decir, pasó de 53.3 a 55.3 millones de mexicanos, dos millones más en sólo tres años.
La consecuencia es una vergonzosa desigualdad social: menos del 1% de la población acapara cerca del 43% de la riqueza total; en ese 1% hay 16 familias poseedoras de una riqueza calculada en 142 mil 900 millones de dólares, que además, en términos de ingreso, reciben el 21% de todo el ingreso nacional, señala Gerardo Esquivel, economista investigador de El Colegio de México y la UNAM, en su estudio “Desigualdad extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político”.
Enrique Provencio, economista e investigador universitario, afirma que la información de Coneval, no deja lugar a dudas: México está en medio de otra década de pérdidas o estancamiento, lo cual cuestiona no sólo la dirección o el sentido, sino también la pertinencia de la estrategia contra la pobreza.
Añade el investigador: “El gran problema es que los que gobiernan no son capaces de darle un giro sustantivo a la estrategia para crecer. Se admite la urgencia de eliminar la pobreza extrema pero al mismo tiempo se alardea del avance inexorable de la clase media, identificada de modo burdo como lo que no está en los extremos, confiando en que las reformas estructurales hagan el milagro de convertir a los pobres de hoy en los consumidores del ilusorio mañana al que aspira el individualismo neoliberal…” Ni el fantasma de la violencia social ni la muy real presencia de un ejército de jóvenes al servicio de la delincuencia organizada, han servido para que el Estado revise su papel en la recomposición de la política para el crecimiento como una tarea central e ineludible.
La paradoja es que México está situado en el sitio número 14 entre las mayores economías del mundo.
Rezago educativo
En el año en curso, nueve de cada diez aspirantes a licenciatura fueron rechazados por tres de los más importantes planteles de estudios superiores: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana.
Solamente en el caso de la UNAM, de 128 mil 519 aspirantes que presentaron este año examen de ingreso a licenciatura, fueron aceptados 11 mil 490; quedaron fuera 117 mil 29.
En una nota informativa del diario La Jornada (marzo 31 de 2015), especialistas como Humberto Muñoz García, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la máxima casa de estudios, y Manuel Gil Antón, académico de El Colegio de México, señalaron que la culpa no es de las instituciones educativas, que cada año hacen esfuerzos por abrir espacios a más estudiantes, sino de la indolencia del gobierno federal.
El Estado ha transferido su responsabilidad de brindar educación. En las páginas de El Ciudadano se ha consignado que desde hace más de 40 años ninguna administración federal ha creado una nueva universidad de calidad en el área metropolitana de la Ciudad de México. Por lo contrario, se ha favorecido la aparición de instituciones privadas presuntamente baratas, pero de muy mala calidad.
Además, sólo 10% de las 152 mil 469 escuelas de educación básica cuentan con certificado de calidad de infraestructura educativa, a fin de garantizar su seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.
A esto se suma que 20% de los planteles carecen de agua potable, cerca de cuatro mil no cuentan con energía eléctrica, y de los 40 mil bebederos programados como meta para este sexenio sólo se han instalado dos mil 675, en datos del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).
Derechos humanos
El respeto a los derechos humanos de todas las personas, está reconocido en el artículo primero de la Constitución General de la República y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. En este contexto, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establece la ley, ordena la Constitución.
Ello no obstante, desapariciones forzadas, tortura, represión policial y paramilitar, feminicidios, asesinatos de reporteros y abusos de militares conforman un delicado expediente de violaciones a derechos humanos en México.
Apenas en mayo último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó recibo de 500 denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en nuestro país durante 2014, el mayor número registrado entre los países del continente americano, según el informe anual de ese organismo internacional.
De las 93 medidas cautelares solicitadas para México (mecanismos de protección para evitar daños irreparables a las personas que denuncian), la CIDH concedió seis, entre las que se incluye a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en donde fueron secuestrados 43 alumnos, y la testigo de la presunta ejecución de civiles en Tlatlaya, Estado de México.
En las violaciones de derechos humanos está involucrado el sistema de justicia mexicano: reclusiones de años y meses, sin proceso ni sentencia, a inocentes que finalmente recuperan su libertad; indagatorias deficientes, con indebidas filtraciones de expedientes y presunciones de culpabilidad sin sustento; insólitas liberaciones de presuntos delincuentes (algunos de alto nivel) a cargo de jueces venales; irresponsable actitud ante las denuncias ciudadanas… y muchas deficiencias más que hoy tienen a la justicia mexicana sentada en el banquillo de los acusados.
Cambios en el gabinete
Este es el escenario a la mitad del camino que empezó a recorrer el gobierno federal el primero de diciembre de 2012; escenario plagado de dificultades y adversidad para millones de mexicanos debido al desempeño irresponsable y deficiente en muchos casos, de gobernadores, alcaldes e integrantes de los Poderes Judicial y Legislativo.
Escenario en el que, a la mitad del camino sexenal, sobreviene la remuda del gabinete con tintes sucesorios más que de renovación. Porque la ruta seguirá siendo la misma. Porque la autoevaluación se impone sobre la percepción ciudadana. Unos intercambian posiciones, otros se quedan y otros se van. Cambios cosméticos. El modelo permanece.
La quiebra no es sólo de confianza y credibilidad, sino también de valores éticos y morales. Y todavía faltan tres años.