En el proceso electoral que culminó el domingo 7 del mes en curso, se manifestó con claridad el empeño ciudadano en avanzar para lograr libertad y seguridad en el ejercicio de su derecho a decidir con libertad. Los resultados, en números preliminares, apuntan a que el abstencionismo sigue siendo una constante: casi la mitad de los ciudadanos en edad de votar no lo hizo. Los sufragios de la otra mitad se dispersaron entre las diez organizaciones políticas participantes y las candidaturas independientes. Así, ninguno de los actores puede asumir que tiene la representación de la mayoría ciudadana.
Es indudable que se lograron progresos. Pero toda democracia debe ser evaluada cuantitativa y cualitativamente. De ahí que sea insoslayable encausar lo ocurrido en estas elecciones intermedias. Sus numerosos componentes de violencia contaminaron, y en algunos casos frustraron, el objetivo de avanzar en la urgente y necesaria restauración de nuestra dañada democracia. En algunas regiones del país la ciudadanía se hizo de valor para superar el miedo, al tiempo que la destrucción de casillas y papelería electoral originó que se cancelara la votación.
Las instituciones del Estado responsables de garantizar seguridad y confianza a la ciudadanía, particularmente el gobierno federal, estuvieron por debajo de sus obligaciones para cumplir con un claro mandato constitucional: garantizar seguridad.
El sufragio universal y la competencia libre y equitativa, dos condiciones mínimas para asumir que México es un Estado democrático, fueron vulneradas por un escenario de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, manipulación mediática, inseguridad, amenazas, espionaje telefónico e inequidad, todo ello contaminado por tres males arraigados en las instituciones encargadas de impartir justicia: corrupción, complicidad e impunidad.
La salida de la periodista Carmen Aristegui de MVS Radio, forma parte de este ambiente enrarecido, particularmente en nuestro país, en donde es difícil encontrar el equilibrio que significa un periodismo crítico y responsable del ejercicio del poder.
Uno de los muchos hechos repudiables, que mancharon el proceso, fue la filtración de calculados descubrimientos de corruptelas, sobornos, extorsiones y hasta desavenencias conyugales, que ocuparon horarios estelares en los medios de comunicación. Al parecer, de lo que se trató fue de desvirtuar todo avance democrático. Con ese material, conductores de noticieros se convirtieron en inductores electorales, embozados detrás de la libertad de expresión. Después de años escondidos en el siniestro baúl de los secretos, los escándalos brotaron con disparos de precisión: candidatas y candidatos punteros, gobernadores y ex gobernadores, coordinadores de campaña; incluso el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) fue víctima de esta labor de zapa.
Pareció como si una mano poderosa y siniestra intentara desacreditarlo todo. Incluso los partidos dominantes, varios de cuyos candidatos fueron asesinados, se enfrascaron en una lucha sucia, de descalificaciones de baja estofa y desdeñaron las propuestas y exigencias ciudadanas. Fue esa la lamentable aportación de la partidocracia al lodazal en que se convirtieron algunas campañas.
Quedó en evidencia, además, el oneroso costo de nuestro empeño democrático: 18 mil 572 millones de pesos asignados al INE, de los cuales 5 mil 355 millones fueron entregados a los partidos. Total desmesura para una ciudadanía agraviada por las circunstancias descritas y un dispendio ofensivo para 52 millones de mexicanos agobiados por la pobreza.
Por eso Movimiento Ciudadano ha insistido en que se cancele el financiamiento público a los partidos políticos y que el dinero ahorrado se destine a gasto social y proyectos creadores de empleo.
Pero este asedio a la democracia no se dio solamente en la disputa electoral por más de 2 mil cargos de elección. También fueron adversarios (y siguen siéndolo) una situación económica sombría, las matanzas derivadas de la lucha contra bandas criminales, la violación de derechos humanos, el desempleo, la impune falta de transparencia en el uso de recursos públicos, los conflictos de interés, la ya prolongada espera de tiempos mejores para México. Esa es hoy la responsabilidad, el compromiso político y social de los nueve gobernadores, 903 alcaldes, 639 legisladores estatales y 300 diputados federales electos, así como de los 200 diputados que tendrán acceso al Congreso federal por la vía plurinominal.
Es necesario apuntar un factor económico relevante que sin duda influyó en las elecciones: el mito de la autonomía financiera de la Federación, esto es, de los estados. Dependen del gobierno federal, que tiene facultades de supervisión y aval de los gobiernos estatales para que logren calificación crediticia triple A, e inclusive para aprobar que puedan contratar más deuda. ¿Qué gobernador le cerraría las puertas al dinero federal? La subordinación es más que explicable.
Un reciente estudio de Forbes con datos de 2014, señala desequilibrios financieros en los nueve estados que este año eligieron gobernador, debido que es casi nula la proporción de ingresos propios en comparación con las participaciones federales. Ejemplos: Baja California Sur genera sólo 6.2% de sus ingresos propios; Campeche, 10.6%; Colima, 6.5%; Guerrero, 4.0%; Michoacán, 11.8%; Nuevo León, 14.9%; Querétaro, 12.5%; San Luis Potosí, 5.5%, y Sonora, sólo 7.7%. Como única excepción está el Distrito Federal, que genera 40.6% de ingresos propios.
Miedo y malestar
Al igual que otros países de América Latina, es innegable (excepto para la élite gobernante), que México enfrenta una severa crisis de seguridad pública, expresada en incrementos sustanciales de inseguridad, violencia, delitos y ejecuciones, así como por la proliferación de bandas criminales cuya actuación ya es transnacional.
Las operaciones de estos grupos incluyen tráfico de armas, lavado de dinero, secuestros, extorsión y comercio ilegal de drogas; estos procedimientos generan a su vez más ilegalidad, corrupción e impunidad, entre otros ilícitos.
Según la Organización de las Naciones Unidas, México ocupa el quinto lugar mundial en delincuencia y el treceavo lugar en delitos del fuero común. Las causas: pobreza y marginación que sufren más de 50 millones de mexicanos, desintegración familiar, falta de oportunidades de estudio y trabajo para 7 millones de jóvenes, impunidad, corrupción de los cuerpos policiacos y falta de estrategias exitosas en materia de seguridad pública, sin descontar los ingresos de las bandas criminales en nuestro país, cuyos resultados pueden tasarse en sangre, muerte y dinero.
En sangre y muerte (reportó hace tiempo en la revista Proceso el periodista José Gil Olmos), porque se calcula que en México mueren todos los días más de 30 personas a causa de la violencia y porque la narcoviolencia provocó la muerte de unas 60 mil personas durante el gobierno de Felipe Calderón.
Porque entre 2006 y marzo de 2015, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, enlistó oficialmente 25 mil 821 personas “no localizadas”. De éstas, 10 mil 836 desaparecieron en lo que va del actual gobierno (2012-2015). El resto proviene del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Según Santiago Corcuera, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, esta realidad constituye “una tragedia nacional”.
Porque, además, las ganancias del crimen organizado se calculan en 40 mil millones de pesos. Este es el motivo por el cual las bandas criminales son como la hidra legendaria de Lerna, que tenía el poder de regenerar dos cabezas por cada una que le fuera cortada.
Ello no obstante, el gobierno mexicano se aferra a una numeralia inútil: presume la captura de tal o cual capo “de importancia”, mientras nuevas cabezas le salen a la hidra y reemplazan a las cercenadas; tal ocurre con el cártel Jalisco Nueva Generación, que siembra muerte en amplias regiones del territorio nacional. Y peor que eso: asume que tiene la fuerza suficiente para desafiar a un Estado que percibe débil.
Lo ocurrido antes, durante y después del proceso electoral de este año, ha puesto en entredicho la obligación constitucional del Estado de otorgar seguridad pública a sus habitantes, al tiempo que la violencia, la inseguridad y el crimen han enturbiado la legitimidad de los gobernantes en turno.
La percepción generalizada de la sociedad mexicana es que los esfuerzos por erradicar la actividad criminal y disminuir los efectos de la lucha contra el narcotráfico, van a fracasar por la falta de capacitación de los cuerpos policiacos, la corrupción, la sospecha de que la esfera política está contaminada y por la gran penetración que el crimen organizado ha logrado en más del 70 por ciento de los municipios de México, en datos del experto investigador y académico, Dr. Edgardo Buscaglia.
Corrupción, violencia e inseguridad pública han incidido en materia electoral y generado niveles de malestar e incertidumbre que, a su vez, se reflejan en la intención de hacer efectivo o no el derecho a votar.
Estos tres elementos, con todos los agregados descritos líneas atrás (asesinatos, secuestros, amenazas, extorsiones, emboscadas), suelen desembocar en lo que, históricamente, ha marcado el destino de sociedades enteras…y de gobiernos autoritarios, proclives a la dictadura y a la violación de derechos humanos: el escenario del miedo.
El ciudadano elector es un ser humano cuyo comportamiento suele ser inducido por factores racionales y emocionales. La violencia puede convertirse en un agente persuasivo del comportamiento electoral, inclusive la propia violencia política es de suyo un fenómeno social persuasivo. Ello sin considerar la creciente importancia e influencia de los medios de comunicación, particularmente de la televisión, en la conducta del elector en un contexto caracterizado por la agudización de la crisis de credibilidad en la política y en el agotamiento de ideologías.
Numerosos estudios coinciden en concluir que la inseguridad pública genera dos emociones básicas en el ser humano: miedo y malestar. Miedo a convertirse en víctima y malestar social porque es responsabilidad del Estado proporcionar seguridad a sus habitantes.
Estas dos emociones, miedo y malestar, se han usado como instrumentos de control, dominación, persuasión y movilización política por parte de élites y grupos gobernantes desde hace siglos. En los tiempos modernos, regímenes autoritarios y totalitarios han alentado el miedo al comunismo, al militarismo, a gobernantes tiranos que se legitiman por el uso de la fuerza y la instauración de una política del terror hacia sus opositores.
En la actualidad, incluso en presuntos regímenes democráticos, tienen gran peso social y político el miedo a la criminalidad, a la violencia, a la crisis económica, a la pobreza, a los radicalismos sembradores de odio y al terrorismo.
En este contexto, el miedo se ha convertido en algunos países en política de Estado e instrumento de control y dominación, porque deja manos libres al autoritarismo para gobernar pueblos atemorizados, indignados y fastidiados.
Así se erigen regímenes cuyo poder político se sustenta, en buena medida, en la manipulación de las emociones y sentimientos del ser humano. Se hacen a un lado la transparencia y la rendición de cuentas. La razón y la responsabilidad no cuentan. El gobernante busca escudo en el sentimiento y la emoción de la gente. Con esta estrategia convierten el miedo en tenaza de la libertad social. Lo siembran e instituyen como herramienta innoble de la política, hasta convertirlo en instrumento de represión y control individual o colectivo.
En el siglo XVI Maquiavelo afirmaba que el miedo determina sustancialmente el comportamiento humano. Es más importante, aconsejaba, ser temido que ser amado.
A su vez, Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolfo Hitler, sintetizaba la práctica del soborno y del terror como eficaz fórmula política de persuasión, con una frase: “Muchos tienen un precio y los otros miedo”.
En México avanza el miedo: miedo a perder la vida en hechos de violencia, miedo a perder la tranquilidad, miedo a perder el patrimonio familiar, miedo a perder el empleo, miedo a perder la paz, y miedo a perder la estabilidad social y a perder el futuro.
La estrategia electoral desde el poder (y sus aliados: los poderes fácticos y la partidocracia), se concentra en culpar a los opositores, a los “enemigos del proyecto”, a los que se niegan a aplaudir… De ahí que sustenten su retórica en que constituyen la mejor opción para resolver inseguridad, desempleo y violencia.
“Partidos minoritarios”, llaman los voceros del poder a millones de mexicanos que en realidad son mayorías excluidas. Los porcentajes de la votación vertida en las elecciones presidenciales de 2012 no dejan lugar a dudas del lugar en que se encuentran quienes gobiernan a nuestro país.
El miedo, el rencor y el hartazgo ciudadano propiciaron una enorme expectativa de cambio el 2 de julio del año 2000. Tan grande como la frustración que generó después de 12 años que solo dejaron como herencia más pobreza, más violencia…y más miedo. Miedo que se manifestó en las urnas el 1° de julio de 2012.
El llamado Pacto por México fue firmado el 2 de diciembre de 2012, apenas 24 horas después del retorno de un partido que 12 años antes fue expulsado de Los Pinos. Con ese acuerdo el gobierno y sus aliados pretendieron tender una cortina de humo sobre la realidad en torno a “mayorías y minorías”.
En el cotejo electoral de este 7 de junio de 2015, la partidocracia firmante de aquel pacto volvió a exhibir sus ambiciones de poder: se enfrascaron en acusaciones mutuas, algunas de la peor calaña, para refrendar en los hechos que solamente quieren continuismo autoritario. El lodazal de la disputa entre esas fuerzas dominantes (y sus satélites), fue atestiguado por una ciudadanía atónita, cuyas demandas y propuestas brillaron por su ausencia, salvo en organizaciones como Movimiento Ciudadano.
Y más allá de la disputa electoral de este año, imborrables en la memoria, están las ejecuciones en Tlatlaya, las masacres en Apatzingan y Tanhuato, y las desapariciones forzadas en Ayotzinapa, Cocula y Chilapa; en general, los homicidios de candidatos, los atentados, el espionaje, las emboscadas, los delitos impunes y la incapacidad manifiesta de un Estado abusivo, que ha convertido el ejercicio del poder, su poder, en un asedio a la democracia.
La respuesta a este peligroso desafío está en perseverar. En no claudicar. En no bajar la guardia. En combatir la exclusión. En esforzarnos por alcanzar un futuro de bienestar. En participar y reconquistar. En impedir el retorno a los relevos violentos.
