La injusta detención del Dr. José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas de Michoacán, es un caso emblemático del autoritarismo y el abuso del poder público que hay en México.
No es el único. Indígenas monolingües de ambos sexos han sido detenidos y sometidos a juicios sumarios, encarcelados, finalmente declarados inocentes y puestos en libertad. Tal fue la amarga experiencia de las indígenas otomíes Alberta Alcántara, Teresa González y Jacinta Francisco Marcial, recluidas injustamente durante más de tres años.
Abundan los casos documentados de luchadores sociales, defensores de derechos humanos y aun disidentes políticos, que han sido perseguidos, privados de la libertad u orillados al exilio.
En el caso particular de José Manuel Mireles, el detonante parece haber sido la entrevista que le hizo la periodista Sabina Berman, transmitida por TV Azteca, a principios de junio del año en curso, en la que puso en entredicho la eficacia de la lucha contra el crimen desplegada por el jefe del Ejecutivo Federal y por Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.
A los pocos días de la entrevista con Berman, el 27 de junio último, el Dr. Mireles, fue detenido en una comunidad cercana a Lázaro Cárdenas, Michoacán, acusado de “posesión de armas y droga”.
Talía Vázquez, abogada defensora del Dr. Mireles, ha hecho una denuncia puntual de las graves irregularidades cometidas en la aprehensión de su defendido:
- Fue detenido sin que mediara orden de aprehensión, acto permisible cuando hay flagrancia delictiva.
El parte policiaco correspondiente fue firmado por policías estatales y ministeriales, cuando la detención fue realizada por militares. Además, el parte señala que fue detenido en Tacámbaro, que está a cuatro horas de Lázaro Cárdenas. - No se preservó la escena del crimen. Los policías firmantes del parte y que no estuvieron en el lugar de los hechos, hicieron una falsa cadena de custodia; las armas que dicen le quitaron a Mireles y a sus acompañantes, no son las mismas que llegaron a Morelia porque no coinciden las matrículas ni el número de armas.
- El detenido debió ser puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público Federal en Lázaro Cárdenas, donde se le aprehendió; en cambio, fue llevado a Morelia.
- Los presuntos exámenes de integridad física que le hicieron al Dr. Mireles se registraron entre las 19.20 y las 20.00 horas, cuando el detenido todavía no se encontraba en
- El doctor Mireles no tuvo un defensor de oficio en el momento de su detención. No le leyeron sus derechos y estuvo sin abogados durante 27 horas, durante las cuales se llevaron a cabo todas las diligencias y peritajes.
- Los peritajes no están firmados por el perito que supuestamente los hizo.
a) La perito afirma que se trata de cocaína y mariguana, pero no precisa cómo y de quién recibió esa droga.
b) La supuesta droga la recibe la perito a las 15.45 horas del 28 de junio, pero el peritaje lo realiza a las 14.30. Es decir, 75 minutos antes.
El procedimiento de consignación se debe hacer en 48 horas; de no ser así se debe dejar en libertad al detenido. En el caso Dr. Mireles, transcurrieron esas 48 horas sin que se le pusiera a disposición del Ministerio Público o de un juez, por lo tanto, debió ser liberado.
Los abusos del poder público en México han sido un mal que corroe las raíces del sistema de justicia. Funcionarios del más alto nivel, mandos policiacos, jueces venales, políticos deshonestos, líderes corruptos y empresarios cómplices, contribuyen a la expansión de un paraíso de impunidad que ofende a la sociedad.