Entrevista con el consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez
El IFE era un modelo vigente que podía continuar organizando las elecciones
Andrés Treviño
¿Qué es el INE y qué lo hace diferente del IFE?
El Instituto Nacional Electoral (INE) es el resultado del proceso de negociación que han tenido las fracciones parlamentarias de los partidos en el Congreso de la Unión y en el Constituyente Permanente. Es una institución que tiene atribuciones de carácter nacional para la organización de las elecciones federales para presidente de la república, senadores y diputados federales, pero que al mismo tiempo puede tener, a diferencia de lo que era el Instituto Federal Electoral (IFE), posibilidad de organizar elecciones de carácter local. Para ello tiene la facultad, actualizándose algunos supuestos y una decisión mayoritaria de al menos ocho votos en el seno del consejo general, de asumir la organización plena de una elección local. También se podría ejercer una facultad de atracción para realizar una parte del proceso electoral de carácter local.
Se diferencia del anterior instituto, asimismo, en que tendrá la responsabilidad de crear un servicio nacional de carácter profesional en todo el país. Esto significa que todos los funcionarios que realicen alguna función permanente o que se vinculen con la organización de las elecciones locales, estarán organizados en un sistema de servicio civil de carrera a nivel nacional.
Esta institución también podrá normar la manera en que se hará la supervisión de los gastos de campaña de todas elecciones, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas.
Así que, como podemos ver, es una institución novedosa que, a diferencia del IFE, retoma muchos elementos fundamentales. Hay uno que de manera particular lo distingue frente al IFE, que tiene que ver con la capacidad legal que tiene el INE para designar a los consejeros electorales de los organismos de carácter local.
Esta atribución estaba conferida a los congresos locales, pero ahora será la autoridad administrativa electoral a nivel nacional la que se encargue de este procedimiento.
La ley ha establecido un ámbito de competencias que le corresponden al INE y otro que define de qué son responsables los organismos electorales locales. El artículo 116 constitucional mantiene la autonomía para el buen funcionamiento de los organismos electorales locales, qué hace uno y qué el otro.
Yo diría que el INE sigue siendo responsable de la organización de las elecciones de presidente de la república, diputados federales y senadores; y los organismos locales harán la elección de gobernador, ayuntamientos y del congreso local; salvo que se incurra en alguno de los supuestos de la ley, en cuyo caso el INE asumiría de manera plena la organización de una elección local, o bien atraería una parte de la organización de esa elección. Hay un procedimiento establecido para ello.
Cuando haya elecciones concurrentes, es decir, que la jornada electoral de las entidades federativas coincida con la jornada electoral de la elección federal, se instalará una mesa de casilla única. En ese sentido, el proceso de integración de la mesa directiva de casilla corresponderá al INE.
dientes convenios de apoyo y colaboración, para delimitar con claridad cuáles son, por ejemplo, las actividades que en el proceso de integración de mesas directivas de casilla le tocan al INE y cuáles son las actividades que le corresponden al organismo electoral local, así como la distribución de los costos respectivos.
Ese tipo de situaciones están delimitadas en la legislación y se precisarán en los correspondientes convenios de apoyo y colaboración entre ambas instituciones.
Estamos justamente en esa lógica. Pero también quisiera ser claro con lo que la ley determinó. La ley creó, por ejemplo, unidades nuevas en el INE cuyo impacto tendrá que verse en términos presupuestales. Está la nueva Unidad de lo Contencioso Electoral, que ahora tendrá funciones diferentes respecto del desahogo de los procedimientos especiales sancionadores; y hay una unidad nueva que se denomina de Vinculación con los Organismos Electorales Locales.
Pero sí hay procedimientos que podrán tener disminuciones de costos. Planteo concretamente el relativo a la integración de mesas directivas de casilla, que requiere de muchos recursos. Simplemente para una elección de carácter federal estamos contratando, por un periodo de seis a siete meses, un universo aproximado de 35 mil personas eventuales. Si tomamos en cuenta los salarios que perciben estas personas y todo el proceso de capacitación al que son sometidas podemos advertir que los costos son elevados.
Ese tipo de gastos que se realizan para la elección federal podrán también servir ahora para la local, porque la mesa directiva será única. Esas cuestiones conllevan disminuciones de costos. Sin embargo, habrá que hacer un cálculo exacto en materia de financiamiento de los partidos políticos, bajo las nuevas reglas aprobadas.
Creo que el INE tiene que entrar a una revisión minuciosa de este apartado e informar con precisión a la sociedad mexicana cuál es su perspectiva respecto a la disminución o incremento de costos, en su caso.
Me parece que es uno de los elementos más importantes que contiene la legislación electoral mexicana actual, porque después de la elección del 2006 la idea era disminuir la influencia del dinero en la política.
Ahora, con la prohibición que tienen los partidos para contratar directa o indirectamente tiempos en la radio y la televisión, tienen que sujetarse sólo a los tiempos oficiales del Estado.
Hay un modelo de uso equitativo de esos recursos; no es un modelo igualitario pero sí equitativo, que le permite a los partidos tener spots al aire con mensajes de candidatos y de los propios partidos de manera genérica. Me parece que es una de las innovaciones más relevantes que se tienen en el sistema electoral mexicano.
El primer punto es que se logró regular de manera definitiva en la Constitución y en la legislación secundaria la participación de los candidatos independientes en las contiendas, lo que abre una franja de participación importante para los ciudadanos que no están convencidos de alguna de las opciones partidarias que tienen registro político a nivel nacional.
Creo que la modalidad de las candidaturas independientes potencializa los derechos políticos de los ciudadanos; pero ciertamente los requisitos son muy exigentes, sobre todo si tomamos en cuenta que podría haber candidatos a la presidencia de la república. El legislador consideró necesario colocar requisitos altos, habrá que ver cuál es el efecto concreto en las elecciones federales y en las locales, para saber si ha encarecido demasiado la participación de los ciudadanos, o bien, si es viable participar de esa manera.
Me parece que el proceso electoral de 2015 en el ámbito federal y local nos dará un parámetro exacto de si los requisitos fueron adecuados o no.
No, no hay ninguna prohibición al respecto. Lo que creo es que se debe cumplir con una metodología que permita que haya transparencia respecto a cómo se realizan las encuestas, cuál es la base científica sobre la que se levantan y cuáles son los resultados concretos.
Hemos tenido ya diversas expresiones en las elecciones federales y locales que señalan que las encuestas no están siendo precisas en las predicciones de los resultados electorales. Entonces, lo que se pretende es darle una cierta homogeneidad a la forma en que se realizan y, sobre todo, garantizar que la información será lo más transparente posible para los ciudadanos.
Ese es un tema muy importante que está asociado a la nueva facultad que tiene el INE para credencializar fuera del país. Habrá que definir un conjunto de criterios. Ahora sólo hay normas de carácter general, pero son temas que tendrá que discutir el consejo general para hacer posible el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero.
Creo que se abrió de manera conveniente esa ventana para que una mayor cantidad de mexicanos ejerza su derecho de voto. Hemos visto ya en dos procesos anteriores, 2006 y 2012, cómo el universo de participación es muy bajo; también tendremos que fijar con claridad los criterios que permitirán que los partidos políticos y los candidatos difundan sus plataformas y sus propuestas de gobierno.
on temas que están enunciados en la legislación pero que aún requieren de una determinación de criterios más específica por parte del INE.
En lo personal creo, por mi experiencia en el IFE, que era un modelo vigente que podía continuar organizando las elecciones, reforzando temas de transparencia, de rendición de cuentas y de una estrategia orientada a la recuperación de confianza de los ciudadanos. Aunque, debo decir que la confianza siempre es un tema que arroja resultados según el momento en el cual se cuestione sobre la credibilidad de la institución. Si se cuestiona en una encuesta en un momento en que la institución ha resuelto casos que son sensibles para la sociedad mexicana ‒pienso en el caso Monex, o en la resolución sobre los topes de gastos de campaña‒, es posible que los resultados en materia de confianza sean menores. Entre el momento de la conclusión del proceso 2009 y el caso Monex el nivel de confianza fue diferente en unos 22 o 23 puntos. En aquella ocasión logramos hasta 74 por ciento, y en el proceso electoral del 2012, después del caso Monex y los topes de campaña, andábamos abajo del 50 por ciento.
Sí, sin duda. El INE tiene que actuar con una enorme transparencia, con una rendición de cuentas precisa a los ciudadanos, y tiene que trabajar de manera intensa con los medios de comunicación para ofrecer información exacta respecto a cuáles son sus atribuciones y cómo va tomando las decisiones y obteniendo los resultados correspondientes.
Si la institución actúa con un criterio de máxima publicidad, como está mandatado en la Constitución ahora, y logra informar con detalle de sus actividades, creo que lograremos un proceso de recuperación importante de la confianza.