La década de los años 60 en México fue premonitoria: después de la represión contra trabajadores ferrocarrileros (1957 y 1958), sobrevino en 1960 la ocupación militar de la Escuela Nacional de Maestros; el asesinato de campesinos y estudiantes en Guerrero; el asesinato en 1962 del líder campesino Rubén Jaramillo, su esposa y sus tres hijos; la solución militar al movimiento de médicos residentes del ISSSTE en 1965; la muerte de un grupo de guerrilleros en el audaz asalto al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965; el derrocamiento del rector de la UNAM, Dr. Ignacio Chávez, en abril de 1966; el encarcelamiento del dirigente magisterial guerrerense Genaro Vázquez Rojas, en noviembre de 1966, aunque sería liberado por un comando armado en abril de 1968, en Iguala; la represión al movimiento estudiantil en la Universidad Nicolaíta de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, el 2 de octubre de 1966; la solución militar en 1967 a una huelga estudiantil en la Universidad de Sonora; la represión al movimiento estudiantil en Tlatelolco, DF, el 2 de octubre de 1968…
Fue al final de esa década cuando Gustavo Díaz Ordaz en Los Pinos y Luis Echeverría Álvarez en la Secretaría de Gobernación, fraguaron la Operación Cóndor. Presumiblemente, el gobierno de México lo hizo con los auspicios de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), que con el mismo nombre había coadyuvado a montar y asesorar operativos estratégicos militares en varios países sudamericanos, para sostener a gobiernos dictatoriales afines a la Casa Blanca.
La Operación Cóndor de México, cuyas acciones se prolongaron hasta bien entrada la década de los 80, levantó su cuartel general en lo que fue la sede de la Novena Zona Militar: un pueblo llamado Pericos, en el entronque de la carretera Culiacán-Los Mochis con una carretera secundaria que comunica con Badiraguato, Sinaloa. Luis Echeverría autorizó que uno de los comandantes de la Operación Cóndor fuera el general José Hernández Toledo, ejecutor militar de triste recuerdo, partícipe en las represiones estudiantiles en Morelia, Hermosillo y Tlatelolco.
Dirigido contra traficantes de mariguana y amapola que dominaban plantaciones en una superficie de casi 70 mil kilómetros cuadrados en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, el operativo militar pretendía acabar con la producción del 70% de las drogas que se originaban en el país.
Los 25 kilómetros de la carretera entre Pericos y Badiraguato fueron convertidos en un largo cementerio. Las cruces flanqueaban el camino hasta Badiraguato. Cayeron muertos centenares de campesinos y traficantes menores, pero lograron escapar los capos mayores: Ernesto Fonseca Carrillo, Joaquín Guzmán Loera (El Chapo), Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Héctor “El Güero Palma”, Ismael Mario Zambada García (El Mayo) y los hermanos Arellano Félix, entre otros; todos ellos operaban en Sinaloa y el efecto cucaracha provocado por la Operación Cóndor los hizo emigrar a Sonora, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Baja California, donde fundaron los cárteles de la droga que hoy día se disputan al país.
Aunque también sinaloense (de Guamuchilito, pueblo cercano a Culiacán), Amado Carrillo Fuentes (llamado “El Señor de los Cielos”, por su flotilla de aviones), era sobrino del capo Ernesto Fonseca y mucho más joven que sus otros paisanos sicarios. Con el tiempo fundó su propio cártel, el de Ciudad Juárez, donde estableció finalmente su residencia.
La cocaína importada de Sudamérica rebasó el mercado de la mariguana y la amapola. El embate militar de la Operación Cóndor convirtió lo que eran minúsculas bandas de delincuentes en grupos poderosos, amos y señores del crimen en México (y muchas partes del mundo). Los combates en las serranías fueron llevados a las calles de varias ciudades importantes del noroeste.
Reseñan los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional que la vigencia efectiva de la Operación Cóndor duró poco más de diez años: de enero de 1977 a enero de 1987. Más de 20 mil militares participaron en sus operativos; se destruyeron más de 224 mil plantíos; murieron 27 civiles y 19 soldados.
Se detuvo a 2 mil 19 narcos. Uno de ellos, que conoció días de poder y gloria, Rafael Caro Quintero, fue detenido en Costa Rica en abril de 1985, pero un juez penal ordenó su libertad en agosto de 2013.