Martha Tagle
Senadora Ciudadana
Poner un alto a la corrupción se ha vuelto un tema fundamental para la ciudadanía que ve constantemente mermada su calidad de vida, que el gasto no le alcanza, que debe conservar su empleo a pesar de ser precario, o que incluso lleva meses tratando de conseguir uno para llevar el sustento a sus familias; que difícilmente podrá enviar a sus hijos a la educación pública de nivel superior, pues los espacios son muy limitados, que la calidad de la educación básica ha disminuido y los salones de clase no cuentan con lo básico y hay que dar cuotas para compensarlo. Por otro lado, ve que la clase política gobernante aumenta sus fortunas, vive entre lujos y se da el gusto de despilfarrar los recursos públicos que, por cierto, nunca alcanzan para atender las necesidades básicas de la población, y además ve que el presupuesto lo usan para hacer ricos a sus amigos, a quienes les adjudican contratos millonarios.
No hay problema grande o pequeño, desde los desaparecidos en Ayotzinapa hasta la falta de lo indispensable en los salones de clases, que no tenga que ver con la corrupción y su prima hermana, la impunidad. Por eso es que la ciudadanía y sectores importantes de la academia y el empresariado han centrado su atención en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que estableció la base constitucional, y se dio el plazo de un año para aprobar las leyes que integrarían el Sistema Nacional Anticorrupción. Es de todos sabido que ese plazo no se cumplió, y que fue la presión ciudadana la que mantuvo en el centro de la discusión la necesidad de aprobar dicho Sistema. Ahora, finalmente se aprobaron las siete principales leyes que componen el Sistema Nacional Anticorrupción en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Este paquete de leyes incluye la que diseña y configura el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que la ciudadanía tendrá un papel central al presidir el comité coordinador y tener la facultad de acceder en todo momento, vía el comité ciudadano, a la información tanto de los ingresos y patrimonio de los funcionarios, como de los contratos, programas y recursos ejercidos. La ley del Sistema contempla una plataforma digital de información compuesta a su vez por diferentes sistemas, incluida la información sobre compras gubernamentales, evolución del patrimonio de funcionarios, y sobre los contratos y obras con recursos públicos. En este caso, el Sistema Nacional de Fiscalización tendrá una presidencia dual entre la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
El paquete incluye también un Tribunal de Justicia Administrativa que estará organizado en salas regionales y una sala superior, dividida en tres secciones, siendo la tercera sección la encargada de conocer las denuncias por faltas graves de corrupción que podrán derivar en sanciones administrativas y también penales, para lo que se modificó el Código Penal Federal, a fin de incluir los tipos penales que la iniciativa ciudadana contenía, como son el cohecho, soborno, tráfico de influencias, entre otros. A la Auditoria Superior de la Federación se le reformó para darle los dientes de los que había carecido para proceder, además de que sus auditorías no sólo serán sobre la gestión de los recursos, sino también sobre el desempeño de los mismos. Corto quedó el Fiscal Anticorrupción.
Finalmente está la Ley 3 de 3 o Ley General de Responsabilidades Administrativas, que si bien tuvo como base la iniciativa ciudadana avalada por miles de firmas, en el camino de las negociaciones los partidos de siempre decidieron, por acción u omisión, darle la vuelta a la publicidad de las tres declaraciones de los funcionarios a fin de que los formatos se limiten a tener datos generales, sin adentrarse en el patrimonio, ni en el origen y evolución de éste, con el pretexto de no vulnerar la “vida privada” de muchos de quienes se han enriquecido en su paso por la función pública.
La viabilidad del Sistema depende de la gran movilización ciudadana que se ha dado en torno a él no desista, por el contrario, el combate a la corrupción debe mantenerse en el centro de las prioridades. Sólo la ciudadanía organizada podrá seguir moviendo de su estado de confort a la clase política mexicana.