Dr. Armando López Campa
Coordinador del Grupo Parlamentario en la Asamblea Legislativa
No cabe la menor duda de que para salvaguardar sus intereses, los partidos políticos tradicionales son capaces de torcer los procesos electorales al punto del ridículo y la ilegalidad, y burlarse así de la ciudadanía y los procesos democráticos.
Las elecciones para conformar la Asamblea Constituyente resultaron un insulto a la inteligencia.
Al finalizar la captura de las actas distritales, el Instituto Nacional Electoral anunció los resultados definitivos de la elección a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México: la votación total emitida fue de dos millones 145 mil 655 sufragios; de ella, los votos válidos fueron un millón 972 mil 834, de los que 176 mil 918 se distribuyeron entre los 21 candidatos independientes, y un millón 795 mil 916 entre los nueve partidos políticos con registro; el resto, 172 mil, correspondió a los votos nulos.
Construir una Constitución para la Ciudad de México es un ejercicio que implica un compromiso más allá de la redacción de leyes y preceptos para una entidad federativa. No se cuenta con mucho tiempo, dado que debe estar aprobada el 5 de febrero de 2017, cuando se cumpla el primer centenario de la Constitución General de la República. Sin embargo, es una oportunidad única para poner al día ese espíritu ciudadano que ha fructificado en momentos históricos significativos, que capturan la esencia democrática y que se plasman en basamentos como las Leyes de Reforma o la Constitución de 1917.
Aunque es un anhelo de muchos y desde hace tiempo, la verdad es que bien a bien la ciudadanía no sabe para qué es ni para qué quiere una Constitución. Ello obedece a la falta de información y a lo enredado del proceso, que se caracterizó, una vez más, por obedecer a un reparto de cuotas partidistas. Sin embargo, amén de los constituyentes elegidos el 5 de junio, desde ya existen voces autorizadas e ineludibles como la de Porfirio Muñoz Ledo, cuya participación es un aval a los trabajos.
La Ciudad de México no sólo está obligada a tener instituciones sólidas y de vanguardia, también tiene, frente al resto del país, el compromiso de abrir brecha en temas espinosos cuya consideración se dificulta en algunos estados. Es contradictorio, pero no imposible, que un constituyente emanado de cuotas partidistas pueda engendrar un decálogo para la ciudad que esté a la altura de la ciudadanía y que recoja las demandas más sentidas de la sociedad.
No sólo debe equipararse a las constituciones de las 31 entidades federativas restantes: por su carácter de capitalidad de la República, la Ciudad de México es crisol en el que se debaten y se dilucidan temas de resonancia nacional, situaciones que históricamente la hacen una ciudad de vanguardia.
Su tamaño, geografía, densidad poblacional y la falta de planeación y de recursos, generan un entorno en el que permanentemente vivimos en la saturación y al borde del caos. Ello hace que debamos repensar la ciudad y dotarla de un andamiaje legal ad-hoc con sus requerimientos, que sea incluyente, que permita la participación de sus habitantes en las decisiones.
Si queremos una mayor conciencia sobre los problemas y las dificultades, se debe involucrar a la población en las decisiones, además de proveerla de recursos suficientes para hacer frente a sus retos, necesidades y darle viabilidad. El punto de inflexión podría ser solamente la planeación cabal y democrática; ello hará que la Ciudad de México subsane sus rezagos y se comience con un constituyente plural, incluyente, paritario y abierto a la ciudadanía.