Luis Gutiérrez
@lugrodLuis
Cuando la corrupción se propaga la sociedad se debilita.
El sistema judicial mexicano se halla ante una nueva figura jurídica para lograr (al fin, dice vox populi), justicia expedita y plena para los ciudadanos: los juicios orales. Pero el dilema-problema que enfrenta el nuevo escenario (en práctica ya en varios lugares de la República), es que se modificaron las formas pero no los recursos humanos: son los mismos jueces y las mismas autoridades judiciales las responsables de procurar, administrar conflictos y dictar sentencias absolutorias o condenatorias.
Con un elemento adicional que, en los hechos, constituye la otra endeble, altamente peligrosa y nociva columna en que descansa el sistema nacional de impartición de justicia: las corporaciones policiacas que actúan en el país.
Es de reconocer que hay honrosas excepciones, tanto en la judicatura como en las corporaciones policiacas. Pero esas particularidades confirman que hay deficiencias que impiden alcanzar los niveles de seguridad y de justicia que demanda la sociedad.
LOS JUECES
Para atender los delitos federales (narcotráfico, secuestro, lavado de dinero crimen organizado, etcétera), hay cerca de 400 jueces y unos 650 magistrados de tribunales colegiados. Y según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay poco más de cuatro mil jueces y magistrados del fuero común en las diferentes ramas: penal, civil, familiar y mercantil. Aproximadamente seis de cada diez jueces son hombres y el 5% tiene menos de 35 años de edad.
A propósito de lo anterior, alrededor del 46% de las personas en prisión (mujeres y varones) no han recibido sentencia, según el Índice Global de Impunidad 2015, derivado de un estudio reciente de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
En pocas palabras, no se sabe si esos presos son culpables o inocentes. Y en el peor (y peligrosamente común) de los casos, abundan ejemplos de quienes han tenido que pasar un año o más en la cárcel para que finalmente sean declarados inocentes y puestos en libertad por falta de pruebas. Es decir, se trata de un perverso e impune “usted dispense” de la justicia mexicana.
Ciertamente, faltan más jueces en México, pero que estén debidamente capacitados, que sean confiables, honrados, profesionalmente pulcros e insobornables. Que apliquen la ley, pero sin dejar de impartir justicia, que es su cometido principal ante la ciudadanía.
En la misma investigación de la UDLAP, realizada en coordinación con otras organizaciones, se señala que en México solamente hay cuatro jueces por cada 100 mil habitantes. Cada uno de estos jueces recibe anualmente cerca de 500 nuevos casos o expedientes para su estudio y sentencia, en tanto que el promedio mundial es de 17 jueces por cada 100 mil habitantes.
Tan sólo en 2013 se abrieron en México poco más de dos millones 43 mil juicios, lo que arrojó una proporción de 490 nuevos casos por cada juez en un año, aparte de los pendientes o que estaban en curso. Es clara la deficiencia estructural.
Señala el mismo estudio que entre las 59 naciones que fueron medidas y comparadas, nuestro país cuenta con datos de calidad y actualizados que permiten comparar su nivel de impartición de justicia, a diferencia de otras 134 naciones, como Brasil y Sudáfrica, en las que no hay información suficiente disponible. Pero…
En contrapartida, entre esos mismos 59 países, México ocupa el segundo lugar (solamente abajo de Filipinas y por encima de Colombia) con el mayor índice de impunidad. La causa principal, dice el estudio, es que tiene policías de sobra (como se verá más adelante) para detener presuntos delincuentes, y faltan jueces que se encarguen de llevar los procesos.
Pero también cuentan otros factores: el alto poder corruptor de la delincuencia organizada y la carencia de valores éticos y principios morales en la formación de jueces inescrupulosos, así como la persistencia de consignas desde el poder público para retorcer la ley, conductas que configuran abusos sin fin.
Otro dato significativo: el Índice Global de Impunidad 2015 evidencia que 14 de los 15 países con los mayores índices de impunidad están en América y Asia. “Ni Estados Unidos se salva, pues tiene un índice de 56.4, lo que lo ubica por encima de países como Ucrania, Mongolia o Bosnia”, señala.
Lo que demuestra, según el estudio, que la riqueza de los países y sus altas capacidades económicas de producción no necesariamente son un factor determinante para que haya más o menos impunidad.
En cambio, un bajo índice de desarrollo humano, combinado con desigualdad y corrupción, sí son factores comunes en los países con los mayores grados de impunidad como lo son Filipinas, México, Colombia y Turquía.
Los jueces de consigna constituyen otro factor que envilece el sistema judicial mexicano. Son una realidad, no obstante los relativamente altos ingresos que reciben por su desempeño (sin incluir los salarios de los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, o de los magistrados y presidentes de tribunales).
Debe señalarse, además, que las injusticias por consigna han contaminado prácticamente todas las áreas de la judicatura: civil, penal, familiar y mercantil, y amenazan con penetrar más aún en otras de relativamente nuevo cuño.
Los jueces de toda índole suelen recibir elevadas remuneraciones o sueldos establecidos por la ley. Tan sólo a manera de ejemplo, según información obtenida por la Redacción de Red Política, al 30 de noviembre de 2015 el presidente de la SCJN tenía una remuneración anual, incluidas prestaciones, de seis millones 700 mil pesos, en tanto que los diez ministros adscritos a la primera y segunda sala de la Suprema Corte ganaban 520 mil 011 pesos al mes.
Se explicarían estas sumas si se considera que las nóminas del crimen organizado suelen tener ofertas tentadoras muy superiores a los ingresos devengados por los impartidores de justicia. Tentaciones que suelen ser en cascada. Sólo a manera de ejemplo: los ingresos mensuales (no el salario) de un modesto celador en cualquiera de los reclusorios de nuestro sistema penitenciario, no resistiría el filtro de la #Ley3de3. Datos confiables apuntan a entradas que van de dos mil a tres mil pesos diarios… descontada la necesaria derrama para asegurar complicidades.
LA POLICÍA
En todo el país hay alrededor de 368 mil policías estatales y municipales, según datos de Fabiola Martínez publicados en el diario La Jornada (20 de marzo de 2015), que cita estadísticas de la Secretaría de Gobernación.
Otros datos apuntan a que México tiene un promedio de 355 policías por cada 100 mil habitantes, cantidad que está por encima del promedio internacional, que es de 332 elementos de seguridad.
A esa fecha, las entidades federativas con más elementos eran la capital del país, con 84 mil 111, y el Estado de México, con 73 mil 361.
Lo grave es que ambas corporaciones policiacas, sobre todo las policías municipales, han registrado altos índices de corrupción y penetración del crimen organizado, fenómenos que son relevantes en los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México.
En estas entidades y otras más, las bandas criminales han llegado a tener en sus nóminas a delegados, comandantes y elementos rasos. Y la corrupción apunta, más arriba, hacia las Secretarías de Seguridad Pública estatales, y en sentido horizontal, a algunos alcaldes y jefes de policías municipales.
Un escandaloso caso quedó expuesto el pasado 11 de enero en la cabecera municipal de Tierra Blanca, Veracruz, cuando cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente, en el mismo estado, fueron secuestrados por policías estatales (cuyas camionetas fueron fotografiadas y filmadas), quienes a su vez los entregaron a un grupo de delincuentes.
En los pueblos azotados y controlados impunemente por el crimen, por policías y jefes corruptos aliados a la delincuencia, protegidos además (por ignorancia o intencionalmente) por altos funcionarios de los gobiernos de los estados, abruman los hechos: asesinatos de civiles y periodistas, miles de desaparecidos, cientos de fosas clandestinas, centenares de secuestros, extorsiones al por mayor…
Los medios, la Auditoría Superior de la Federación, organizaciones civiles, pero sobre todo los pueblos lastimados en donde todos conocen a todos, han aportado pruebas, evidencias, señalado a los culpables… y la situación empeora o por lo menos sigue igual.
De un total de 334 mil 459 elementos de seguridad pública sometidos a evaluación en 2014, no aprobaron 38 mil 698, casi 10%. En Veracruz se registró el mayor número de reprobados, no obstante que se incrementó su nómina policial.
De 12 mil 583 evaluados fueron depurados cinco mil 818.
Y a pesar de que se incrementaron policías en la Ciudad de México (de 47 mil 734 a 84 mil 111), Guerrero (de nueve mil 699 a 12 mil 596) y el Estado de México (de 48 mil 203 a 73 mil 361), Oaxaca (siete mil 889 a 9 mil 722), Puebla (diez mil 247 a 11 mil 333) y Veracruz (de 12 mil 595 a 16 mil 534), los resultados han sido pobres: el hampa y la inseguridad continúan y crecen, merced a evaluaciones deficientes y a filtros ineficaces.
Por otra parte, las corporaciones policiacas han sido reforzadas con patrullas: hay seis mil 436 unidades en todo el país; sobresale el Estado de México, notable receptor de apoyos federales de diversa índole: a la fecha de obtenida esta información, tenía mil 90, en tanto que la Ciudad de México (todavía Distrito Federal) poseía 410, Morelos 77 y Tlaxcala 56.
CORRUPCIÓN, MAL DE MALES
En la base de esta pirámide utópica e idealmente justiciera de jueces y policías, se mece gelatinosa, cual arena movediza que se traga todo, ese mal de males que se llama corrupción.
Es el enemigo a vencer, y la mejor herramienta es la educación, los principios y los valores éticos.
Dice el maestro e investigador universitario Edmundo González Llaca que si se permite que impere la corrupción, se permite también que existan incertidumbre y duda, espacio en el que la extorsión, el soborno o la influencia hacen que las leyes queden sin validez o se apliquen a paso de tortuga.
Cuando la corrupción se propaga la sociedad se debilita. No es la ley del revólver la que se impone, sino la ley de quien conoce mejor las cloacas de la administración. Así, el conocimiento no se mide por especialidades, sino por la habilidad de hacer componendas.
Un hecho es indubitable: un Estado ineficaz, un sistema político perverso y corrupto, un gobierno ocupado en los índices de crecimiento (de la riqueza de unos cuantos), que se ha deslindado de responsabilidades tan importantes como la educación de calidad y con oportunidades para todos los mexicanos, han creado, propiciado y fomentado la corrupción.
Con el pretexto de mantener la paz social y la gobernabilidad, el sistema político mexicano y su gobierno han acudido al recurso pragmático de la cooptación, el clientelismo y la complicidad. Tanto se ha generalizado que este hábito hizo de la deshonestidad la conducta normal y esperada en un funcionario público.
Hay que combatir la corrupción prohijada por el sistema en todos sus aspectos y en todas sus variantes, contra viento y marea. Las mejores armas son la educación y la capacitación en los valores de la legalidad y la ética.
Ello, sin olvidar que la corrupción se apoya en dos factores: el corruptor y el corrupto. Una de sus herramientas es el dinero que usan para quebrar la igualdad de todo ciudadano ante la ley. Otra, la calidad de educación que el Estado le ha brindado a ese ciudadano.
Valga la perogrullada: los buenos gobernantes gobiernan con el ejemplo.