“Los resultados del 2 de octubre reflejaron claramente la polarización de la sociedad colombiana frente al conflicto y confirmaron que el proceso de reconciliación y paz será largo y difícil”
Guillermo Rocha Lira @MemoRochaL
El 26 de septiembre último se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y el grupo armado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este acuerdo es un hecho histórico para la sociedad colombiana porque la guerra intestina dejó millones de agraviados y desplazados, y fue un conflicto con repercusiones a nivel regional y global. Su análisis resulta obligado en el escenario actual de las relaciones internacionales.
Desde la década de los sesenta, Colombia experimentó una guerra de baja intensidad con la participación de diversos actores: grupos paramilitares y guerrilleros, así como los provenientes de la delincuencia organizada y el narcotráfico. La diferencia entre las partes en conflicto podía consistir en su orientación ideológica, objetivos y métodos. Desde los que tenían una orientación marxista-leninista como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento 19 de abril, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Movimiento Armado Quintín Lame, así como aquellos cuerpos paramilitares de extrema derecha como las Autodefensas Unidas en Colombia y grupos de autodefensas campesinas regionales. Esta diversidad de grupos paramilitares, insurgentes, guerrilleros y cárteles quedó bien descrita por Gabriel García Márquez en su libro Noticia de un secuestro que muestra una sociedad colombiana dominada por el miedo, la desconfianza y el conflicto, en la que el origen de la violencia es difuso e incierto.
Las FARC nacieron como un grupo guerrillero de extrema izquierda, y así fue considerado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés). En los últimos años experimentó una transformación provocada por la contraofensiva de distintos gobiernos colombianos apoyados por Estados Unidos, así como la reducción de su capacidad de acción debido a un menor apoyo social y financiamiento limitado. Aunque en la última década acusaron un marcado debilitamiento, siguieron y siguen siendo una prioridad en la estrategia de seguridad nacional de los gobiernos colombianos.
Desde que comenzó su mandato (2010), el presidente Juan Manuel Santos dedicó especial atención a lograr un acercamiento con las FARC. Lo consiguió en septiembre de 2015, cuando él y el líder de las FARC se estrecharon la mano por primera vez, preludio importante para que en junio de 2016 acordaran un cese al fuego. Dos meses después, el pasado 26 de agosto, se anunció que los representantes del gobierno y el grupo armado alcanzarían un acuerdo final y definitivo después de medio siglo de conflicto.
El jueves 18 de septiembre fue un día definitivo para el proceso de paz. Se llevó a cabo una reunión bilateral en La Habana para ultimar los detalles del futuro acuerdo. Cuatro años de intensas negociaciones confluyeron en la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena de Indias el 26 de septiembre. El presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Timoshenko (Rodrigo Londoño Echeverri, también conocido como Timoleón Jiménez), firmaron el histórico pacto ante dos mil 500 asistentes, entre representantes diplomáticos y mandatarios de otros países. Los gobiernos de Noruega y Cuba fueron garantes del acuerdo.
Este suceso histórico tuvo momentos muy emotivos, desde la firma del documento con un sencillo balígrafo hasta el apretón de manos entre ambos líderes signatarios. El discurso del presidente Santos se basó en una reconciliación que llena de esperanza a Colombia, a Latinoamérica y al mundo entero. “El acuerdo que hoy firmamos va más allá del silenciamiento de los fusiles y tiene la finalidad de llevar más desarrollo y más bienestar a los colombianos”, fueron las palabras del jefe de Estado colombiano.
El de Timoshenko estuvo a la altura del histórico suceso. “Ofrezco simplemente perdón a todas las víctimas del conflicto, por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra”, fueron las palabras emotivas del líder de las FARC. El camino para una paz efectiva y duradera se basa en el perdón y la reconciliación de ambas partes. El discurso del máximo líder guerrillero realmente alienta la esperanza de que sea posible superar el conflicto.
El 2 de octubre el presidente Santos convocó a un plebiscito para que los colombianos avalaran el pacto final con las FARC. Este mecanismo de participación fue discutido por ambas partes desde el proceso de negociación en La Habana. El mandatario colombiano insistió que no habría acuerdo final si no se consultaba primero a la sociedad.
Según el artículo 7 de la ley 134 de la Constitución de Colombia, el plebiscito es un mecanismo constitucional con el que los ciudadanos avalan o no una determinada decisión tomada por el ejecutivo, mientras que el refrendo es un mecanismo de consulta popular que sirve para que la ciudadanía apruebe una determinada ley o artículo. En la historia de Colombia sólo se registró la realización de un plebiscito en 1957, que buscaba incorporar acuerdos políticos entre las fuerzas políticas liberales y conservadoras. La Corte Constitucional de Colombia avaló que el plebiscito sólo tendría poder de decisión siempre y cuando superara el 13% de la votación efectiva.
Aunque las encuestas nacionales e internacionales adelantaban una cómoda ventaja a la aprobación de acuerdo de paz, los resultados del plebiscito no favorecieron al presidente Santos. Al parecer, el proceso de paz tuvo mayor apoyo internacional que el respaldo de los colombianos. El 50.21% de los electores votaron por el “no”, mientras que 48.78% dijeron “sí” al acuerdo.
Los resultados del 2 de octubre reflejaron claramente la polarización de la sociedad colombiana frente al conflicto y confirmaron que el proceso de reconciliación y paz será largo y difícil. Además, el plebiscito contó con una participación de sólo el 37% de la población por lo que tendrá un carácter vinculante para el presidente Santos.
Resulta preocupante que un tema de relevancia nacional haya tenido una pobre participación ciudadana en las urnas. En el caso colombiano significó un 63% de abstencionismo, la tasa más alta en décadas. En comparación con el Brexit, el plebiscito también confirmó el desinterés de los jóvenes por los asuntos políticos. De forma similar el Brexit se decidió por una mínima diferencia de un 52% del electorado que votó a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
La discusión sobre el proceso de paz en Colombia se politizó. Fuerza política, partidos políticos y medios de comunicación mantuvieron un constante debate en torno a la viabilidad del plebiscito. La sorpresiva victoria del “no” fue aprovechada por la oposición al gobierno actual. El ex presidente Álvaro Uribe, dirigente del derechista Centro Democrático, ha sido uno de los mayores críticos a la firma del acuerdo con la guerrilla y el proceso de negociación de Santos. Su postura y la de otros grupos sociales conservadores exacerbaron la polarización social.
Los resultados del plebiscito requieren un análisis profundo. Aproximadamente seis millones y medio de colombianos rechazaron una oportunidad histórica. En las urnas se impuso el miedo y el recuerdo de millones de familias colombianas agraviadas. Para académicas como la profesora Ana Cristina Restrepo, los resultados electorales representan una etapa regresiva que coloca a Colombia en el mismo punto político que en 1982, cuando se buscó negociar con las FARC. Es claro que la violencia que dominó Colombia durante décadas provocó que la mayoría de los colombianos se aferraran al pasado y no decidieran dar el salto hacia adelante.
La negativa al acuerdo del presidente Santos no significa, empero, que la población quiera que la guerra continúe. Una parte de la sociedad no apoya el acuerdo porque considera que garantiza a las FARC un espacio político que no merecen. Otro sector de la población es pesimista y supone que es un pacto débil que no asegura la paz y la estabilidad de Colombia. Otros grupos sociales radicales, consideran que el gobierno no debió firmar un acuerdo de paz sin justicia.
Para un amplio sector de la sociedad el “perdón de la guerrilla y las buenas intenciones del gobierno” no son suficientes y es necesario establecer un proceso judicial contra aquellos que incitaron la violencia. Salta a la vista el nivel de polarización de la sociedad colombiana, que se reflejó en las urnas. Menos de 60 mil votos marcaron la diferencia entre el “sí” y el “no” apenas mayoritario.
Las zonas urbanas y la élite agraria impulsaron el triunfo del “no”. Diversos medios nacionales e internacionales afirmaron que el acuerdo fue apoyado positivamente en las zonas rurales, mientras que en las ciudades dominó una inclinación negativa. Paradójicamente las regiones más golpeadas por el conflicto apoyaron el “sí”, los departamentos con mayor número de víctimas como Cauca, Putamayo, Nariño, Chocó, Guaviare, Vaupés, Cauca y Córdoba se expresaron mayoritariamente a favor del acuerdo. Según el Registro Único de Víctimas, en todos los departamentos en los que ganó el “sí” se contabilizan cuatro millones137 mil 661 víctimas del total de siete millones 900 mil 112 personas que han muerto en Colombia debido a la guerra civil.
De acuerdo a las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia, el “sí” ganó en el 86% de los municipios más pobres del país, así como en 67% de los municipios donde se registraron acciones violentas atribuidas a la guerrilla. En las zonas metropolitanas y municipios urbanos el “no” se impuso claramente. Diversos analistas consideran que en los centros urbanos los ciudadanos se mantuvieron escépticos porque la mayoría considera que las acciones realizadas por las FARC son crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La violación a los derechos humanos, la incorporación de menores de edad a los grupos guerrilleros y las ganancias y el financiamiento obtenido por su vínculo con el narcotráfico, fueron otros factores. Para otros analistas la posible recesión económica y la campaña negra de lo que llaman el “castrachavismo venezolano” fue determinante para que las ciudades se pronunciaran negativamente. Según Alejandra Barros, directora de la Misión de Observación Electoral de Colombia, las zonas rurales sólo representaron un 30% de la votación, mientras que las ciudades concentraron la mayoría del electorado. “Lo urbano, que no vive la guerra, decidió sobre lo rural”, afirmó Alejandra para entrevista en CNN. El contexto socioeconómico y la desigualdad fueron factores determinantes para el plebiscito.
Los resultados podrían ser interpretados como una derrota política para el gobierno del presidente Santos, sin embargo, es necesario reconocer su capacidad política y liderazgo para establecer negociaciones que motivaron un acuerdo de paz histórico, que deja atrás historias de confrontación y conflicto y abre la puerta a una reconciliación social gradual y progresiva.
La comunidad internacional reconoció el esfuerzo de Juan Manuel Santos en el proceso de paz en Colombia. El presidente fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2016. El comité organizador destacó el esfuerzo decidido del mandatario colombiano para terminar con 50 años de guerra civil. Este importante reconocimiento le da la oportunidad a Santos de mantener vivo el proceso de paz y las negociaciones con el grupo armado.
Lo cierto es que el proceso de reconciliación que requiere Colombia va más allá del Acuerdo de Paz y el desmantelamiento y debilitamiento progresivo de las FARC. No sólo depende de las acciones gubernamentales. Es necesario entender que la reconstrucción del tejido social y la reconciliación será un proceso a largo plazo, que requiere de la participación de amplios sectores de la sociedad colombiana.
El camino hacia la reconciliación colombiana es parecido al de Sudáfrica en los años posteriores al Apartheid. La paz no es algo que surja de forma espontánea por mandato o por acuerdo de fuerzas políticas, requiere de diálogo progresivo y permanente, que se origine desde la misma sociedad en colaboración con el gobierno. El arzobispo sudafricano Desmond Tutu, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1984 y director de la Comisión para la Verdad y Reconciliación sudafricana afirmó: “sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”. El organismo oficial que presidía, buscaba alcanzar una justicia restauradora en un país agobiado por la violencia ocasionada por las luchas raciales, la desigualdad económica y la xenofobia.
La Comisión para la Verdad fue duramente cuestionada porque se consideró entonces que dejó en la impunidad muchos crímenes confesos, aunque propició un acercamiento entre víctimas y agresores en audiencias públicas que no equivalían a un proceso judicial. Un proceso diferente, dirigido a juzgar los delitos cometidos en el pasado, hubiera desgastado al país en una batalla judicial interminable más cercana a un revanchismo social. Las sociedades que han sido afectadas por la violencia durante décadas no pueden ni deben envolverse en un ciclo de acusaciones, descalificaciones y búsqueda de responsables, actos que sólo dividen y no construyen.
En el caso colombiano, la guerrilla y el narcotráfico han polarizado a la sociedad. Al igual que en el caso sudafricano, el futuro de Colombia no se basa en el olvido y la impunidad, sino en el perdón y la justicia. Sólo así es posible avanzar hacia una auténtica reconciliación nacional que permita a los colombianos dejar el miedo y la desconfianza y facilite construir las bases de un futuro de esperanza, justicia y armonía social.
El proceso que impulsó el presidente Santos y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC son los primeros pasos hacia la auténtica reconciliación que necesita Colombia. La solución a un problema tan complejo no puede recaer sólo en acciones gubernamentales, ahora le toca a la sociedad colombiana enfrentar su pasado y afrontar con valentía el camino del perdón y la reconciliación.
El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA por sus siglas en inglés), elaboró el Manual de Reconciliación luego de Conflictos Violentos. El documento afirma que una democracia eficaz post-conflicto se construye sobre una base dual: un conjunto de estructuras y procedimientos que permitan concertar los temas que dividen a la sociedad, así como un conjunto de relaciones fundamentales entre los grupos involucrados. Dichas estructuras no podrán funcionar adecuadamente si no existe un “mínimo” de cooperación en las interrelaciones de sus ciudadanos.
El documento hace hincapié en que mientras el compromiso democrático genera soluciones relativas a temas en conflicto, la “reconciliación” aborda las relaciones entre aquellos que tendrán que llevarlas a cabo. Esto no se aplica solamente a la clase política y a los involucrados en el conflicto ya que este compromiso debe aplicarse a toda la población. La reconciliación es un proceso global, profundo, amplio y a largo plazo que comprende instrumentos clave como la justicia, la verdad, la cicatrización y la reparación que permitan trascender de un pasado en conflicto a un futuro compartido.
México también tiene mucho que aprender del caso colombiano; las acciones gubernamentales parecen incapaces de dar respuesta frente a la violencia generada por el crimen organizado y el narcotráfico. Serán indispensables mucho valor, capacidad de diálogo, justicia y cooperación para encontrar nuestro propio camino hacia la reconciliación.
