Sin cortapisas, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, puso en la mesa de debate una significativa demanda de las Fuerzas Armadas: un marco legal para combatir al crimen organizado.
Esta petición, presentada el sábado 10 de diciembre de 2016 durante la inauguración de la engomadora de la Fábrica de Vestuario y Equipo del Ejército, puso en claroscuro la vulnerable situación en que desde hace décadas se ha puesto a las Fuerzas Armadas desde la Presidencia de la República, cuyo titular en turno es, por mandato constitucional, el comandante supremo del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
Lo anterior, porque han sido involucradas en tareas de seguridad pública desatendidas (por decir lo menos), en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. A esta nociva deficiencia de los servidores públicos, deben agregarse la corrupción, la ineficiencia y la complicidad prevalecientes en las distintas corporaciones policiacas, y la creciente e impune actividad de las bandas criminales que agobian a los mexicanos.
El punto central del mensaje del General Secretario es quizá la demanda más importante de las Fuerzas Armadas desde que fueron convocadas para combatir al crimen organizado: un marco legal.
Actualmente hay más de 200 mil elementos de las tres fuerzas mencionadas desplegados en todo el territorio nacional, para paliar el fracaso de las corporaciones policiacas en la lucha contra bandas criminales y sus delitos.
Es complejo el tejido policiaco. Los diferentes policías (todos armados) suelen recibir órdenes de los gobernadores y los procuradores estatales, de los presidentes municipales, del director de la Policía Federal de Caminos, del Procurador General de la República. Hasta el “personal adscrito al Servicio de Administración Tributaria (SAT)” fue autorizado a portar armas de fuego para tareas de investigación o arrestos. En los primeros días de enero fueron enviados a Veracruz, a contener al vandalismo saqueador, elementos de la Gendarmería Nacional (cuerpo en formación, supuestamente de élite), que dé presunta capacitación militar, ya fue puesto en manos de la PGR.
Con excepciones que deben ser reconocidas, la percepción generalizada es que entre muchos policías de esas corporaciones y sus jefes se han tejido urdimbres de corrupción e impunidad con las bandas del crimen organizado. No son pocos los trabajos de investigación que han revelado las cuantiosas nóminas que paga el crimen organizado a estos malos “guardianes”.
Las Fuerzas Armadas, cuya actuación presumiblemente se apoya en los valores de “lealtad, honor, sacrificio, espíritu de cuerpo y patriotismo”, no pueden, no deben, desempeñarse como policías. Amargas y sangrientas experiencias así lo aconsejan. Aparte de que por su preparación castrense tienen acreditada “alta letalidad” en sus tareas, otra es su misión constitucional.
Parece imposible, por ahora, hacer que retornen repentinamente a los cuarteles, a sus actividades de labor social, al auxilio a la población civil en casos de desastre. Podrán hacerlo, y es deseable que ello ocurra a la brevedad, cuando la sociedad mexicana tenga una policía digna, capacitada, bien pagada, que le garantice seguridad y tranquilidad.
Y esa es una obligación expresa que mandata la Constitución General de la República: garantizar seguridad a los mexicanos, pero no por el camino fácil de arropar las deficiencias con las fuerzas armadas. De otra manera, la represión social, legalizada, está a la vuelta de la esquina.
Hay síntomas inquietantes de que la vida institucional está agrietada. Ante la regresión histórica que amenaza a la sociedad, valga recordar unas líneas de Octavio Paz:
Recién adoptada la Constitución de 1917, la lucha entre las facciones nunca fue democrática: no era el número de votos sino el de soldados y fusiles lo que daba la supremacía política.