Armando Lopéz Campa
Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa
@ArmandoLCampa
Debido al descontento que se acusa desde hace tiempo, la percepción de la ciudadanía sobre sus gobernantes y políticos, incluyendo a los partidos, sigue en picada. Los sondeos revelan niveles más bajos de aceptación y una intolerancia mayúscula hacia los poderes públicos de nuestro país. Ello no es gratuito: el engaño y la mentira que acompañan al derroche de recursos, la ineficiencia, la improvisación, la corrupción y, sobre todo, la impunidad, han acabado con todo rastro de credibilidad, lo que se traduce en gobiernos carentes de fuerza y legitimidad, incapaces de impulsar proyectos transformadores de esta realidad.
El tránsito del Distrito Federal a ser Ciudad de México es una coyuntura que nos permite redefinir las condiciones para impulsar la gobernanza de la ciudad. La encrucijada que significa una nueva Constitución para la CDMX brinda la oportunidad de redefinir el rumbo y crear un paradigma con nuevas formas de gobierno transparentes y democráticas en favor de la ciudadanía.
De acuerdo con el doctor Ángel Iglesias de la Universidad Rey Juan Carlos de España, “la legitimidad no se consigue sólo con eficacia y eficiencia, sino que es también fundamental el elemento democrático en el que se subsumen la transparencia, la rendición de cuentas o la participación” . Por ello, la nueva Carta Magna debe engarzar el ejercicio del poder con la rendición de cuentas y la transparencia, a través de mecanismosverdaderamente democráticos y autónomos.
Si bien el proyecto constitucional reconoce la falta de planeación y el desorden en el que se ha desenvuelto la ciudad, subraya “que la función pública debe regirse por el ejercicio ético, racional y bajo estricto control administrativo de los recursos y con participación ciudadana”, el andamiaje institucional necesario debe ser lo suficientemente sólido y permear todas las instancias de poder en la capital con organismos de evaluación y supervisión dotados de plena autonomía jurisdiccional, administrativa, presupuestaria. Esto sólo será posible si se deslindan de toda cuota partidista y verdaderamente se designan a sus titulares e integrantes mediante la creación de consejos ciudadanos honoríficos especializados, como lo propone el texto.
Eso marcaría el principio que dé pie a la construcción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas, con un código de ética de alcance general. Paralelamente, tenemos que dar paso a lo que se denomina la “Buena Administración Pública”, que garantice el debido proceso administrativo, que hoy se reconoce como un derecho ciudadano, a través de la profesionalización del servicio público con cuadros de probada honestidad, experiencia, capacidad y formación, que además estén sujetos a una permanente evaluación.
Sólo así podremos vislumbrar un horizonte lejano de la deshonestidad, la simulación y la impunidad con la que lamentablemente se conducen muchos servidores públicos en nuestro país.